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Las patronales presentarán una plataforma conjunta para negociar el VIII Convenio colectivo de atención a la dependencia




CCOO, Aeste, Fed y Lares firmaron el VII Convenio colectivo el pasado mes de julio
CCOO, Aeste, Fed y Lares firmaron el VII Convenio colectivo el pasado mes de julio
Las patronales Aeste, Asade, Ceaps, Fed y Lares y los sindicatos CCOO y UGT celebraron, el pasado lunes 29 de octubre, la primera reunión de la mesa negociadora del VIII Convenio colectivo estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal.
 
El actual reparto de puestos es el siguiente: Ceaps 5, Lares 2 y de forma mancomunada Aeste, Asade y Fed con 8 puestos. Mientras, en el banco sindical el reparto es de 7 puestos para CCOO, 7 para UGT y 1 para Ciga con un porcentaje de representatividad del 0,9 %. BALANCE Sociosanitario ha recogido las opiniones de los principales actores en la negociación.
 
La reunión, tal y como explicó el secretario general de la FED, Alberto Echevarría, fue una primera toma de contacto, donde los únicos acuerdos que se adoptaron fueron nombrar la presidencia de la mesa negociadora, que recayó en la FED, y la secretaría de la misma, que fue para UGT.
 
También se fijó un calendario de reuniones, que empezarán en enero (los días 10 y 31) y continuarán en febrero (los días 14 y 28), con el fin de dotar de tiempo a las partes a  elaborar sus respectivas plataformas. “En este sentido, desde el banco patronal se pretende presentar una plataforma conjunta, suscrita por todas las organizaciones. Por tanto, necesitamos ese tiempo para poder elaborarla en profundidad. Por la parte sindical, UGT presentará una plataforma y CCOO manifestó que irían haciendo sus observaciones a los diferentes artículos presentados. La CIGA, como estaba previsto, no compareció”, explica Echevarría.
 
Hasta el presente convenio, señala el secretario general de Aeste, Jesús Cubero, los sindicatos siempre habían presentado una plataforma de negociación “y la patronal habíamos ido a remolque de sus reivindicaciones. En esta ocasión, las cinco patronales vamos a presentar una plataforma conjunta que modernice el sector y que mejore las condiciones laborales de los empleados, así como otros aspectos del convenio. Para constituir una plataforma conjunta, hemos marcado una agenda de trabajo entre las patronales y el 10 de enero la presentaremos. UGT también constituirá la suya y CCOO nos remite a los 10 puntos relativos a sus aspiraciones negociadoras”.
 
Respecto a su sentir sobre la negociación del VIII Convenio colectivo, Cubero se muestra optimista: “Nuestra obligación es salvar todos los obstáculos que puedan aparecer, tanto por relaciones personales como en la redacción de artículos, y hacer un ejercicio de madurez que nos permita disponer de un convenio moderno, atractivo y viable para trabajadores y empresas del sector. Sólo con este enfoque conseguiremos ofrecer la atención de calidad que los mayores necesitan”. En nombre de Aeste, Cubero concluye que “iniciamos este proceso con realismo, pero con ilusión; con ganas de convertir la atención a la dependencia en un sector atractivo para el personal y que a las empresas nos permita retener los excelentes empleados de que disponemos. Nuestro verdadero reto está en hacer que este nuevo Convenio sea viable y sostenible económicamente, hablando para las empresas que representamos”.
 
Ceaps acudió a la reunión con la intención de trabajar en dos líneas claras con las que pretende lograr un acuerdo estable, “que ofrezca seguridad tanto a los trabajadores como a los empresarios, que asegure la calidad en el servicio y lo muestre como es, atractivo, para que los profesionales encuentren en él un lugar en el que trabajar”.
 
En primer lugar, Ceaps pide que se encuentren fórmulas más actuales de actualización salarial que superen conceptos tradicionales y que se acuerden fórmulas adaptadas a la realidad y a la evaluación del sector teniendo en cuenta factores de crecimiento, productividad, evolución del empleo y absentismo laboral, entre otros aspectos. También demanda flexibilización para lograr más competitividad y lograr una mejor adaptación al cambio.
 
En segundo lugar, Ceaps solicita que se tenga en cuenta la adaptación de los sistemas de organización y gestión que ya están implantados en muchos centros, como el de Atención Centrada en la Persona, a través de la creación de unidades de convivencia y la introducción tecnologías y la amplia gama de servicios sociales a la carta que, actualmente, se ofrecen con los nuevos modelos de atención.
 
Respecto a la financiación, Ceaps considera que para lograr la creación de empleo de calidad y estable, “debe lograrse una financiación real, justa y suficiente que garantice la sostenibilidad del Sistema. Algo que no existe en la actualidad tal y cómo se demuestra en las listas de espera para la obtención de los servicios con el grado de dependencia ya reconocido, con el limbo, y con el número de prestaciones económicas no vinculadas que se están ofreciendo sin servicios reconocidos, así como el número de ayudas a los cuidadores no profesionales. Una medida que la propia Ley considera ‘excepcional’ y que es la que se aplica mayoritariamente en algunas comunidades. El principal problema que existe en este momento es el desequilibrio entre las autonomías, y la diversidad de modelos. Mientras unas comunidades apuestan por los cuidados profesionales, otras optan por la cuantía económica sin asegurar que la persona dependiente reciba algún tipo de atención”. Por otro lado, Ceaps reclama una revisión de los precios públicos, ya que en algunas regiones llevan más de diez años sin actualizarse.
 
Finalmente, Ceaps destaca que la intención de todas las patronales de encontrar una postura común que llevar ante la mesa para la negociación, “importante para llegar a acuerdos entre todos los miembros que representan al mundo empresarial en las negociaciones”.
 
Por su parte, el secretario general de Lares, Juanjo García Ferrer, subraya que el nuevo Convenio traerá estabilidad y seguridad jurídica y debería conllevar un mejor clima en los centros de trabajo. “En la nueva etapa seguimos apostando por mediar. Esta es siempre una tarea difícil y pedimos perdón a quienes se puedan sentir molestos en el pasado, el presente o en el futuro por el ejercicio de esta función de mediación que tratamos de desarrollar”, apunta García Ferrer.
 
En este sentido, solicita a todos “unidad para poder hacer llegar una voz sólida a las Administraciones. El sector está lastrado por la financiación pública”. Si el Sistema de Dependencia es un servicio público universal, como es la sanidad, el secretario general de Lares no entiende que “esté representado por un 50 % de plazas públicas. Aún así, podemos hablar de un sector intervenido por la Administración de facto”.
 
Por otra parte, Lares coincide con CCOO en que el futuro del próximo Convenio pasa, en gran medida, por el trabajo del Observatorio de Dependencia “y por ser capaces de hacer llegar a la Administración los problemas que tenemos. Nuestro sector no es atractivo en términos laborales. Debemos reflexionar sobre la necesidad de tener un Convenio de referencia. Cada vez se perciben más distancias entre la atención y financiación en discapacidad y mayores. Las Administraciones no pueden articular una discriminación en base al número de usuarios atendidos”.
 
A este respecto, García Ferrer mostró su preocupación porque los crecimientos presupuestarios en dependencia sean escasos “y solo dirigidos a atender nuevos usuarios. Se requieren más de 3.000 millones de euros para atender a las cerca de 400.000 personas dependientes que esperan una prestación o servicio, atender la recuperación de la cotización a la Seguridad Social, al menos, de los grupos de especial interés y financiar adecuadamente los servicios profesionales de atención residencial y domiciliaria que actualmente se prestan”.
 
En cuanto a la calidad de la atención, el secretario general de Lares indica que “no podemos pensar que el sector está profesionalizado por tener certificados de profesionalidad. Es imprescindible trabajar competencias profesionales asociadas al cuidado.  No parece lógico mantener certificados profesionales diferentes para atender en residencias y en domicilio; habría que avanzar hacia uno único y especialidades que no impidieran el acceso laboral a ambos. De lo contrario, no vemos qué sentido tiene mantener en el mismo convenio colectivo que el resto de los servicios la ayuda a domicilio. Apostamos por diferenciarlo en la negociación”.
 
10 propuestas básicas de CCOO
El responsable del Área de Negociación Colectiva de CCOO, Luis Álvarez, presenta a  BALANCE Sociosanitario los 10 criterios que planteará en la negociación del VIII Convenio de la Dependencia:
  1. Vigencia del VIII Convenio Colectivo de 2 años: 2019-2020, con el fin de hacerlo coincidir en el tiempo con la vigencia del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
  2. Determinar un incremento salarial para 2019 del 2 % fijo más 1 % variable que sirva para acercar a las categorías con menor retribución fija al objetivo del IV AENC de que el salario fijo mínimo de convenio se sitúe en los 14.000 euros.
  3. El incremento salarial para 2020 se ajustará a que la categoría con menor retribución fija sea de 14.000 euros. En correspondencia con ello las categorías inmediatamente superiores deberán tener un incremento en el mismo sentido al fin de que no se produzca un solapamiento de retribuciones en personas de grupos profesionales diferentes.
  4. En el ámbito de las tablas salariales debe producirse una homogeneización de las tres que tenemos en la actualidad. No se puede seguir manteniendo que categorías profesionales iguales perciban diferentes salarios en función del subsector en el que trabajen.
  5. Perfeccionamiento de las cláusulas de adscripción y subrogación.
  6. Homogenización de la jornada laboral del Convenio colectivo.
  7. Incrementar los días de libre disposición y determinarlos en cómputo anual.
  8. Incrementar las competencias del Comité de Seguridad y Salud Laboral para abordar con plenas competencias la prevención en cuanto a las lesiones músculo esqueléticas, los riesgos biológicos y los riesgos psicosociales.
  9. Regular en Convenio las dispensas sindicales y la acumulación por grupos de empresa.
  10. Vincular incrementos salariales en función de incrementos en el precio de las plazas concertadas.
 
UGT impugna el VII Convenio colectivo
UGT ha impugnado el VII Convenio Colectivo, concretamente el artículo 17, que aborda las funciones de las gerocultoras. “Estamos muy tranquilos, porque no hay ninguna irregularidad”, aseguró el responsable del Área de Negociación Colectiva de CCOO, Luis Álvarez.
 
La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT ha remitido una carta al Defensor del Pueblo  donde expresa su preocupación “por la precariedad laboral y situación de vulnerabilidad que viven las gerocultoras tras la entrada en vigor del VII Convenio de la Dependencia”. El sindicato ha denunciado que, a pesar de ser imprescindible una cualificación acreditada, “el último convenio convierte a la figura de la gerocultora en una especie de chica para todo que debe compatibilizar las tareas del cuidado al dependiente con las de limpieza. Esto hace que se pervierta el sistema de ratios que fija la Ley exclusivamente entre gerocultoras y dependientes en las residencias de mayores y donde, además, se exigía una titulación específica. La figura de la gerocultura, tras la firma del VII Convenio, queda desprotegida y en situación de indefensión frente a las empresas, que pueden cambiar parte de sus funciones y no les reconocen, de facto, las cualificaciones que les exigen para desempeñar su trabajo”.


Miércoles, 31 de Octubre 2018

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