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“Las prestaciones de dependencia se han incorporado la nueva Ley de Servicios Sociales, configurándose un sistema único integrado de protección social”




“Las prestaciones de dependencia se han incorporado la nueva Ley de Servicios Sociales, configurándose un sistema único integrado de protección social”

Juan Vicente Herrera es licenciado en Derecho y ejerció la abogacía hasta que, en 1992, ocupó su primer cargo público como secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. Además, entre otros puestos de responsabilidad, fue portavoz del Grupo Parlamentario Popular desde julio de 1995 hasta marzo de 2001, fecha en la que tomó posesión como Presidente de la Junta de Castilla y León, cargo que ha revalidado en las elecciones autonómicas de las dos últimas legislaturas por mayoría absoluta. En esta entrevista, Herrera analiza la nueva Ley de Servicios Sociales y sus beneficios para los ciudadanos, a los "que podremos ofrecer mejoras en la cantidad y calidad de las prestaciones, así como mayor facilidad de acceso al sistema y atención personalizada e individualizada". Además, los poderes públicos asumen la responsabilidad de liderar, desarrollar y sostener el sistema, "pero incorporando en su seno la participación de los servicios sociales de titularidad privada", asegura el presidente de la Junta de Castilla y León.

“Las prestaciones de dependencia se han incorporado la nueva Ley de Servicios Sociales, configurándose un sistema único integrado de protección social”
¿Qué ha motivado la creación de la nueva la Ley de Servicios Sociales? ¿Cuáles son sus objetivos?
No podríamos hablar de un único motivo. Nuestra sociedad ha cambiado y nuestra Comunidad ha crecido. La inmigración, el incremento de la esperanza de vida de nuestra población, la implantación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, las nuevas formas de exclusión social o los nuevos retos derivados de la igualdad de oportunidades son fenómenos que nos estaban demandando una red social más eficiente y polivalente. Los nuevos ámbitos competenciales en materia de empleo, vivienda, educación y salud exigían igualmente una nueva organización de los servicios sociales más integrada y orientada esencialmente hacia el ciudadano.

Al mismo tiempo, creíamos que había llegado el momento de transformar el incremento continuado y cuantitativo del antiguo Sistema de Acción Social en un salto cualitativo hacia un nuevo Sistema de Servicios Sociales y de reemplazar el modelo existente, en correspondencia con la modificación producida en nuestro Estatuto de Autonomía, que abandonó la óptica exclusiva de la "asistencia" social para orientarse hacia una nueva visión de los "servicios" sociales como derechos sociales de los ciudadanos de Castilla y León. Así, gracias a la nueva ley, los servicios sociales de nuestra Comunidad van a verse equiparados a otros sistemas de protección social –como el sanitario o el educativo– en pie de igualdad, para integrar conjuntamente con ellos el corpus de nuestros derechos sociales fundamentales y el centro de nuestra política social.

En la propia exposición de motivos de la ley, se plantea que "los servicios sociales esenciales se configuran como auténticos derechos subjetivos de todos los ciudadanos". Afirmar que un derecho es subjetivo es como reconocer su efectiva exigibilidad ante las administraciones públicas o, en sede judicial, ante quienes actúan como últimos garantes de su reconocimiento, respeto y protección: los órganos jurisdiccionales. El objeto de la nueva norma no es otro que el de garantizar a todos los castellanos y leoneses el derecho de acceder, en condiciones de igualdad, a un sistema de servicios sociales de carácter universal.

¿Cuáles son las principales características y novedades que introduce con respecto a la anterior normativa?
Si repasáramos su articulado nos podríamos encontrar una amplia nómina de novedosas herramientas y dispositivos: el acceso unificado al sistema, el sistema único de información, la homogeneización y simplificación de los procedimientos e instrumentos a emplear, el estudio global e integral de las necesidades individuales por un grupo multidisciplinar de profesionales, la planificación de la intervención adaptada a cada caso, la existencia, si es precisa, de un profesional de referencia, el acceso a unas prestaciones de contenido unificado mediante listas únicas para cada prestación o la creación de un registro único de usuarios y una historia social única. Y eso sin mencionar la nueva estructura territorial y funcional del sistema. No obstante, quisiera destacar algunas que inciden especialmente en la transformación del modelo de nuestros servicios sociales.
En el antiguo Sistema de Acción Social de Castilla y León las esferas de lo público y de lo privado no conformaban realmente un sistema unitario.

En la nueva Ley de Servicios Sociales hemos pasado a integrar en un único sistema todos los recursos, programas, actividades, prestaciones y equipamientos en materia de servicios sociales, ya sean de titularidad pública o privada. Así podremos aprovechar toda la fuerza y la potencialidad de un sistema que integra en nuestra Comunidad a más de 3.200 agentes de intervención, con todos sus recursos y actuaciones, y podremos ofrecer a nuestros ciudadanos no sólo mejoras en la cantidad o la calidad de las prestaciones aportadas, sino también en la facilidad de acceso al sistema, en la atención personalizada e individualizada a los usuarios o en la respuesta integral a sus necesidades personales, familiares y sociales.

Además, crea un nuevo sistema que integra lo público y lo privado, y la nueva ley asigna a los poderes públicos el papel de garantes de su existencia y continuidad. Los poderes públicos asumen la responsabilidad de liderar, desarrollar y sostener el sistema de servicios sociales, incorporando en su seno, claro está, la participación de los servicios sociales de titularidad privada.

“Las prestaciones de dependencia se han incorporado la nueva Ley de Servicios Sociales, configurándose un sistema único integrado de protección social”

¿Podría desglosar el catálogo de servicios y prestaciones dirigido a las personas mayores?
La consideración de la individualidad de la persona es el centro de la nueva Ley de Servicios Sociales. De ahí que ésta no se refiera, como la antigua, a los sectores, ni fragmente su atención y planificación en una heterogénea diversidad de colectivos. No son los derechos de la infancia, de los mayores, de las personas con discapacidad o de los dependientes, por ejemplo, sino que son los derechos de todas las personas sin excepción. Cada persona es un ser real y concreto en el que pueden confluir una o muchas necesidades, que puede participar en uno o en varios colectivos y que requiere, por tanto, una atención personalizada y la aplicación de aquellas medidas, ayudas y medios de atención que su singularidad requiera a lo largo de su ciclo vital.

Hecha esta salvedad, indicaré que el artículo 19 de la ley incluye, con el carácter de esencial, el que posiblemente sea uno de los listados más amplio, concreto y detallado de prestaciones sociales del ordenamiento jurídico español: la renta garantizada de ciudadanía, las ayudas destinadas a la atención de necesidades básicas de subsistencia, las medidas específicas para la protección de menores de edad en situación de riesgo o desamparo, la atención temprana, la teleasistencia, la ayuda a domicilio, la atención en centro de día y de noche, la atención residencial, etc. Muchas inciden directamente en nuestras personas mayores. A este censo, se han incorporado todas las prestaciones del Sistema de Dependencia, tanto las que se venían prestando con anterioridad como las que se añadieron con la ley del año 2006, como la prestación económica de asistencia personal o la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.
Ahora bien, el futuro Catálogo de Servicios Sociales –una más de las novedades de la ley– incorporará no solo las prestaciones esenciales sino todas las que integran el nuevo sistema, entre las que hay muchas que directamente benefician a nuestros mayores, como son todas las relativas al envejecimiento activo, destinadas a desarrollar las actividades relacionadas con el ocio, la cultura, los hábitos saludables y la participación y el mantenimiento de habilidades en las personas dependientes y predependientes.

¿Cómo aborda esta ley la coordinación sociosanitaria?
La nueva ley dedica un título completo a la coordinación y cooperación administrativa, concretamente el séptimo. Las administraciones públicas de Castilla y León debemos aprovechar, en beneficio de nuestros ciudadanos, todas las ventajas y potencialidades de un sistema complejo de distribución de competencias integrado por 25 agentes públicos que actúan de un modo concurrente.
Cuando convertimos a las personas en el centro y eje de nuestra actuación, evaluamos sus necesidades individuales y pretendemos alcanzar una atención integral, la necesaria coordinación interadministrativa, imprescindible para garantizar la correcta articulación, la coherencia, la complementariedad y la continuidad de las actuaciones de los agentes públicos, que debe complementarse, para extenderse a lo funcional, con una coordinación interna o interdepartamental, con el fin de buscar la coordinación con los demás sistemas y servicios de bienestar social, especialmente con los de educación, empleo, vivienda, justicia y, de modo particular, con el sanitario, configurando con éste un ámbito de atención integrada de carácter social y sanitario. En nuestra Comunidad, partimos de una larga y fuerte tradición en la coordinación sociosanitaria, con planes de actuación conjuntos y con diversa normativa, lo que nos ha permitido avanzar mucho en los últimos años, especialmente en materia de atención a la dependencia, en atención temprana y en atención a las personas con discapacidad y enfermedad mental.

Para avanzar en esta dirección, nuestra ley dedica a la atención integrada de carácter social y sanitario un capítulo completo. Se llevará a cabo mediante protocolos de valoración y diagnóstico conjuntos y comunes, procedimientos de derivación entre ambos sistemas, modelos integrados de prestación de servicios y estructuras de coordinación sociosanitaria, así como mediante el diseño y adecuación de los sistemas de información, la actuación conjunta y coordinada de las actuaciones de inspección y el desarrollo de acciones formativas de carácter conjunto para los profesionales.

Uno de los mayores progresos en la concepción del nuevo Sistema de Servicios Sociales reside en el hecho de que la ley ordena a las Administraciones públicas que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema, a través de una financiación suficiente que asegure su estabilidad y su continuidad en el tiempo. Concebir los servicios sociales esenciales como derechos subjetivos compromete su financiación. No son los recursos económicos los que determinan qué servicios pueden o no prestarse –así como su nivel de prestación–, sino que son las necesidades de las personas las que determinan el nivel de asignación de los recursos económicos que se precisan para su atención.
Al censo de las prestaciones esenciales se han incorporado todas las prestaciones del sistema de la dependencia, de tal modo que se configura un sistema único e integrado de protección social. La sostenibilidad del Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León integra, por consiguiente, la sostenibilidad financiera del sistema de la dependencia, aunque en la práctica esta sostenibilidad financiera del sistema de la dependencia ya estaba siendo garantizada por la Administración regional con un esfuerzo económico suplementario, puesto que los compromisos de la Administración del Estado de financiar el 50% de su coste están todavía lejos de cumplirse. Precisamente, esta falta de financiación por parte de la Administración General del Estado (AGE) es lo que puede poner en duda la sostenibilidad del sistema.

Nos estamos exigiendo, como poderes públicos, un notable esfuerzo financiero. No obstante, creo que deberíamos dejar de contemplar la política social como una política exclusivamente de gasto para considerar los servicios sociales como elemento significativo del sistema productivo, por su capacidad generadora de riqueza y empleo y por su enorme potencial de arraigo de población en muchos de nuestros pueblos, en los que están destinados a representar la mayor fuente de actividad económica y empleo.

“Las prestaciones de dependencia se han incorporado la nueva Ley de Servicios Sociales, configurándose un sistema único integrado de protección social”
 
¿Qué opina de la sostenibilidad financiera del sistema de atención a la dependencia?
Uno de los mayores progresos en la concepción del nuevo Sistema de Servicios Sociales reside en el hecho de que la ley ordena a las Administraciones públicas que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema, a través de una financiación suficiente que asegure su estabilidad y su continuidad en el tiempo. Concebir los servicios sociales esenciales como derechos subjetivos compromete su financiación. No son los recursos económicos los que determinan qué servicios pueden o no prestarse –así como su nivel de prestación–, sino que son las necesidades de las personas las que determinan el nivel de asignación de los recursos económicos que se precisan para su atención.
Al censo de las prestaciones esenciales se han incorporado todas las prestaciones del sistema de la dependencia, de tal modo que se configura un sistema único e integrado de protección social. La sostenibilidad del Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León integra, por consiguiente, la sostenibilidad financiera del sistema de la dependencia, aunque en la práctica esta sostenibilidad financiera del sistema de la dependencia ya estaba siendo garantizada por la Administración regional con un esfuerzo económico suplementario, puesto que los compromisos de la Administración del Estado de financiar el 50% de su coste están todavía lejos de cumplirse. Precisamente, esta falta de financiación por parte de la Administración General del Estado (AGE) es lo que puede poner en duda la sostenibilidad del sistema.

Nos estamos exigiendo, como poderes públicos, un notable esfuerzo financiero. No obstante, creo que deberíamos dejar de contemplar la política social como una política exclusivamente de gasto para considerar los servicios sociales como elemento significativo del sistema productivo, por su capacidad generadora de riqueza y empleo y por su enorme potencial de arraigo de población en muchos de nuestros pueblos, en los que están destinados a representar la mayor fuente de actividad económica y empleo.

¿En qué medida va a beneficiar esta ley a los mayores dependientes y a sus familias?
La nueva ley va a beneficiar a todos los ciudadanos de Castilla y León, a todas las personas en función de sus necesidades concretas. Ahora bien, sí me gustaría destacar algunos aspectos esenciales que afectan singularmente a nuestros mayores.

Dejando al margen que el futuro Catálogo de Servicios Sociales previsto en la ley mejorará probablemente más aún algunas de las previsiones estatales referidas a los mayores dependientes y sus familias, la misma ley, pese al carácter de generalidad de este tipo de normas, alcanza un elevado grado de concreción y compromiso. En primer término, consolida todo aquello que venimos haciendo ya, por ejemplo, en atención residencial, centros de día, teleasistencia o ayuda a domicilio, lo que nos ha permitido, por cierto, alcanzar un grado de cobertura y un nivel de intensidad en la atención prestada que nos sitúa en los primeros lugares de España. En segundo lugar, presenta importantes avances sobre lo establecido a nivel estatal. No me refiero sólo a la especial incidencia que en la atención a la dependencia tiene alguno de los aspectos ya comentados, como el de la coordinación sociosanitaria, sino sobre todo al apoyo a los cuidadores no profesionales de las personas dependientes.

Por otra parte, una de las prioridades de los equipos multidisciplinares específicos, que constituyen el segundo nivel de la organización funcional del nuevo Sistema, es la atención a personas en situación de dependencia. Adelantaré que, con vistas a la aplicación de la ley, y en colaboración con las corporaciones locales, se pondrán en marcha los equipos de atención a la dependencia, en los que trabajarán 80 profesionales –distribuidos por el territorio– para acceder a todos los rincones de nuestra región y poder así llegar a todas las personas dependientes y a sus familias.
 

¿Y a los profesionales del sector?
No se puede hablar hoy de servicios sociales sin hablar de calidad y no podemos hablar de la calidad sin referirnos a los profesionales de los servicios sociales. Sobre la calidad, la ley hace especial hincapié en los criterios para su evaluación, en su medición y en los profesionales del sector, porque son los profesionales los que hacen realmente que los servicios se presten con calidad.
Sin el concurso de los profesionales que trabajan en este sector en Castilla y León al servicio de todos los agentes del sistema, sin su esfuerzo, profesionalidad, afán de superación, dedicación e ilusión, gran parte de la ley de servicios sociales acabaría por convertirse en papel mojado. Debemos, si se me permite la expresión, "mimar" a nuestros profesionales, porque es de justicia reconocer las especiales dificultades del trabajo en los servicios sociales, donde tienen que enfrentarse a situaciones emocionalmente muy complejas; con el sufrimiento humano, en definitiva. Debemos crear las condiciones de apoyo necesarias para que se encuentren a gusto, porque en su día a día el componente vocacional desempeña un alto papel.

El potencial humano es el mayor de nuestros activos y la inversión en formación, entendida también la formación como un derecho, lo valoriza. La cualificación de los profesionales de los servicios sociales aumenta exponencialmente la eficacia y la calidad del sistema, porque los servicios sociales son, al fin y al cabo, personas trabajando para personas y personas trabajando por las personas. Por eso, a los profesionales en la nueva ley se les reconoce, entre otros, el derecho y el deber a una formación continua y adecuada, el derecho y el deber de formar parte de los órganos de participación y a intervenir en los procesos de evaluación de los servicios y el derecho a contar con los medios y apoyos necesarios para desarrollar su actividad con calidad, eficiencia y eficacia.

¿Cuál es el próximo reto de la Junta en materia de atención a las personas mayores y/o en situación de dependencia?
El primero de nuestros retos es desarrollar la ley, que requiere –y sólo por citar las previsiones más vinculadas a la atención a la dependencia– que en la próxima legislatura aprobemos el catálogo y el mapa de los servicios sociales de Castilla y León, que creemos el Observatorio Autonómico de Servicios Sociales o que regulemos reglamentariamente los órganos de coordinación y participación del sistema, entre los que podemos destacar el Comité Consultivo de Atención a la Dependencia.
También sigue siendo nuestro reto el de mantener la gestión ordinaria de las prestaciones de dependencia a las más de 55.000 personas que actualmente la tienen reconocida en nuestra Comunidad por encontrarse en situación de gran dependencia y dependencia severa. Sobre todo, si añadimos que nuestra intención es la de incorporar a cerca de 16.000 personas más al sistema, en situación de dependencia moderada, que es la estimación cuantitativa del número de personas a las que se les podría reconocer el Grado I, Nivel II, del Sistema de Dependencia. Para todo ello, el presupuesto destinado este año a los servicios sociales de Castilla y León, en un contexto tan difícil y restrictivo como el presente, ha crecido cerca de un 7%, y eso a pesar de que, lamentablemente, los presupuestos de la Administración del Estado para la dependencia hayan disminuido.

La ley, no obstante, no es el punto de llegada sino el de partida. Nos toca ahora, entre todos, ir construyendo juntos el nuevo Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León. Ese es nuestro mayor reto. Debemos desarrollar y concretar los servicios sociales de todos los castellanos y leoneses, no los servicios sociales de hoy, sino los del mañana. Creo que es una empresa apasionante. Y si grande es la labor no es menor nuestra voluntad de acometerla y nuestro compromiso para alcanzarla. Los castellanos y leoneses no se merecen menos.


Lunes, 11 de Abril 2011

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