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Ley de Dependencia, ¿viable y sostenible en el tiempo?




Ley de Dependencia, ¿viable y sostenible en el tiempo?
Retraso en los pagos por parte de la Administración, congelación (en el mejor de los casos) de los precios de los servicios concertados, abuso de la prestación económica al cuidador informal, aplazamiento de la incorporación al Sistema de los dependientes moderados, eliminación de la partida destinada al nivel acordado... definen un panorama poco alentador. Y todo ello enmarcado en una crisis económica, que parece no querer pasar página. Mientras, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad subraya que el presupuesto asignado a dependencia supone el 61% del total, es decir, 1.407 millones de euros; el sector privado de atención a la dependencia denuncia que los recortes ponen en peligro la supervivencia de numerosas empresas y, como consecuencia, de miles de puestos de trabajo. En este reportaje, intentaremos dilucidar la situación actual de la Ley de Dependencia, teniendo en cuenta los presupuestos avanzados por el Ministerio y las medidas anunciadas en el último Consejo Territorial, así como las reacciones de comunidades autónomas. Asimismo, patronales y sindicatos se han unido para exigir al Gobierno que el Sistema de Dependencia quede fuera de los recortes y reivindicar su correcta aplicación. Es el momento de aunar esfuerzos para lograr que la Ley sea viable y sostenible en el tiempo. 

Ley de Dependencia, ¿viable y sostenible en el tiempo?
El Consejo de Ministros aprobó el 30 de marzo el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, que suponen un ajuste de 27.300 millones de euros entre el control de gastos y el aumento de ingresos. El objetivo principal, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es reducir el déficit público y alcanzar la estabilidad presupuestaria.
Entre las medidas de ajuste anunciadas, la vicepresidenta indicó que se va a rebajar un 16,9% la partida de gasto de los ministerios, cuyo presupuesto queda en 65.803 millones de euros (frente a los 79.209 millones de euros de 2011). Concretamente, el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad ha visto mermada su asignación en un 13,7%, pasando de 2.674 millones de euros a 2.309 millones de euros en 2012.  
Esta reducción presupuestaria ha supuesto un recorte de 283 millones de euros en la partida dirigida a la Ley de Dependencia, ya que el Ministerio ha suprimido el nivel acordado. Por consiguiente, se anulan los convenios suscritos en materia de dependencia con las comunidades autónomas y que, según el artículo 32.3 de la Ley, establecen “criterios de reparto teniendo en cuenta la población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad, emigrantes retornados y otros factores”. 
 
En este sentido, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, destacó el esfuerzo del Gobierno por proteger el bienestar de los ciudadanos y precisó que el Ministerio de Sanidad experimentó uno de los menores ajustes del Gobierno (un 13% sobre el total de 27.300 millones de euros), “y sólo un 1% afecta a los servicios sociales y a igualdad”. Además, afirmó que la Ley de Dependencia se convierte en la partida más importante del Ministerio, a la que se dedicarán 1.407 millones de euros, lo que supone el 60,9% del total; es decir, seis de cada diez euros. 
La voluntad de Gobierno, explicó Moreno, consiste en desarrollar al máximo las políticas sociales a pesar de encontrarnos en un contexto de “grave crisis económica”, lo que ha obligado al Ministerio “a controlar los gastos y supervisar el recorrido de cada euro. El resultado han sido unos presupuestos escrupulosos e impecables, que mantienen las prioridades sociales”. 
 
Por su parte, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, subrayó que si bien se ha eliminado el nivel acordado, lo que supone un recorte de 283 millones de euros, “el presupuesto asignado a la financiación del nivel mínimo ha aumentado un 18,7%, dotándolo con 203 millones de euros más”. Se trata de la partida que el Ministerio destina a las comunidades autónomas por cada persona dependiente que atiende.
 
Mato también recordó que el aplazamiento de la incorporación de los dependientes moderados, “garantizará la sostenibilidad de los servicios y prestaciones y contribuirá a mantener el nivel de calidad en la atención a la dependencia”. De esta manera, en 2012 se mantendrán las prestaciones destinadas a la protección en materia de dependencia de quienes ya tienen reconocida algunas de las prestaciones del Sistema, pero se aplaza hasta el 1 de enero de 2013 la aplicación de la Ley de Dependencia para las personas que sean valoradas en el Grado I de dependencia moderada, nivel 2, y hasta el 1 de enero de 2014 a quienes sean valoradas en el Grado I de dependencia moderada, nivel 1. Para que las personas dependientes sigan recibiendo los servicios y prestaciones, Mato propuso a las comunidades “que prioricen, hagan un esfuerzo y ahorren en otros gastos” que no tengan que ver con la dependencia.
 


La viabilidad económica del Sistema y su financiación es una de las cuestiones que más continúa preocupando a las comunidades autónomas. 
La consejera de Familia y Servicios Sociales de Castilla y León, Milagros Marcos, asegura “que en 2011 ya se recortaron 80 millones de euros y, aún así, tuvimos que dar servicio a 14.000 personas dependientes más. En esta ocasión, se han recortado también 80 millones de euros, porque el Ministerio ha eliminado 283 millones del nivel acordado, pero ha incrementado el nivel mínimo en 203 millones; por lo tanto, la diferencia entre los presupuestos iniciales del Estado de 2011 y los de 2012 es también de 80 millones de euros”.  
 
De esta manera, Marcos considera que se parte “de la misma base presupuestaria. La diferencia es que en 2011 entró en vigor un nuevo grado y nivel, que las comunidades autónomas tuvimos que atender con 80 millones de euros menos y, en esta ocasión, no tendremos que dar altas a nuevos dependientes. Estoy segura de que al Estado le hubiera gustado mantener el nivel mínimo y el acordado, pero la situación económica no lo ha permitido”. 
 
Para lograr que la Ley sea sostenible, la consejera de Castilla y León apuesta por la responsabilidad y el trabajo de todas las comunidades autónomas: “Debemos garantizar los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia. El modelo actual de financiación no es estable, porque está basado en los avatares presupuestarios y las comunidades autónomas soportamos el mayor peso. Debemos trabajar para intentar cambiarlo”.
 
Por su parte, el consejero de Justicia y Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Jorge Cabré, manifesta que, desde hace ya tiempo, “venimos mostrando nuestro desacuerdo con los términos del convenio que contempla el nivel acordado, ya que nos parecían lesivos para los intereses de nuestra región, por injustos y poco equitativos. Además, la supresión del nivel acordado se va a ver compensada por el incremento del nivel mínimo y, por lo tanto, en términos presupuestarios el impacto de su eliminación es muy pequeño”. No obstante, Cabré considera imprescindible que se realicen “reformas para que la Ley de Dependencia sea sostenible”.
 
De la misma opinión es la consejera de Trabajo y Bienestar de Galicia, Beatriz Mato, que valora muy positivamente la revisión del sistema de financiación de la Ley de Dependencia. En este sentido, insiste en la importancia de que la financiación se realice por servicio y no por grado de dependencia. Asimismo, Mato reclama que se tengan en cuenta factores como la dispersión poblacional, “ya que en Galicia exige una mayor inversión por parte de las Administraciones a la hora de proporcionar los distintos recursos y, por lo tanto, debe tener una ponderación superior a la hora de valorar la financiación a través del nivel mínimo”.
Sin embargo, comunidades como Andalucía o Cataluña reclaman medidas urgentes para compensar lo que consideran una merma presupuestaria.
“Andalucía dejará de percibir 70,7 millones de euros que le correspondían, a causa de la eliminación de la financiación del nivel que premiaba a las comunidades más comprometidas con la implantación del Sistema”, señala la consejera para la Igualdad y Bienestar Social en funciones, Micaela Navarro. La consejera interpreta que Andalucía recibe “el mayor castigo” por esta medida, puesto que este fondo se repartía en función de las personas atendidas. Asimismo, asegura que, con este recorte, la Ley de Dependencia queda “gravemente herida”, al suprimirse una de las vías de financiación.
 
En la misma línea, el consejero de Bienestar Social y Familia de Cataluña, Josep Lluís Cleries, lamenta que el Gobierno haya recortado a la Generalitat 48 millones de euros: “El Estado ha modificado de forma unilateral su aportación del nivel acordado, incumpliendo así con sus obligaciones”.  Además, subraya que la Ley prevé que Estado y comunidades autónomas sufraguen a medias el coste de la dependencia y, sin embargo, “la cantidad que aporta el Ministerio es muy inferior a la que destina la Generalitat”.  De esta manera, Cleries considera que “Cataluña se encuentra en una situación de indefensión, ya que debemos seguir atendiendo a los ciudadanos”. Este recorte, “nos conduce a una situación de inviabilidad económica” y, por tanto, el consejero exige al Ministerio que proponga “medidas urgentes que logren un sistema sostenible”.
 



Jueves, 10 de Mayo 2012

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