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“Los cambios de financiación son injustos e insuficientes, porque no reflejan la realidad de lo ocurrido en el último año en la Comunidad Valenciana”


Así de tajante se muestra la consejera de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Angélica Such, sobre el nuevo sistema de reparto de fondos de la Ley de Dependencia aprobado en el último Consejo Territorial. Such, para quien el principal reto en política social pasa por “atender a cada persona teniendo en cuenta sus necesidades concretas”, asegura que la aplicación de la Ley sigue siendo “un objetivo prioritario” para su departamento, que ha llevado a cabo una serie de actuaciones encaminadas a agilizar y simplificar el proceso de reconocimiento de la dependencia, por eso no entiende el nuevo reparto. “Hemos realizado un gran esfuerzo económico y humano incrementando en un 163,8% las personas atendidas, en un 229% los cuidadores, en un 129% los servicios y en un 251,7% los dictámenes”, explica la consejera, que ha hablado para BALANCE sobre estos y otros temas de actualidad, como el controvertido IVA superreducido para los servicios concertados.



Angélica Such, Consejera de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana
Angélica Such, Consejera de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana
¿Cuáles son sus principales retos en política social?
Sin duda, el principal reto es atender a cada persona teniendo en cuenta sus necesidades. Concretamente, con el colectivo de las personas mayores seguimos potenciando todos los recursos y programas que ofrecen ayuda domiciliaria y atención diurna en centros, para permitir que, quienes así lo desean, puedan continuar viviendo en sus hogares y permanecer el máximo tiempo posible en su entorno familiar. No obstante, para quienes optan por la institucionalización en un centro, también seguimos ofreciendo y ampliando la red pública y concertada de plazas residenciales.
Desde la Generalitat Valenciana, llevamos años poniendo en marcha recursos y programas dirigidos a las más de 800.000 personas mayores de 65 años de la Comunidad Valenciana que, actualmente, cuentan con 152 centros de día, 342 residencias, viviendas tuteladas, 35 centros especiales de asistencia al mayor (CEAM), además de 210 hogares y clubes para mayores.
Y, por supuesto, es un objetivo prioritario seguir trabajando para mejorar la aplicación de la Ley de Dependencia, acortando el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones de las personas dependientes, de tal modo que los solicitantes vean reducido a la mitad el tiempo de espera para recibir las ayudas.

¿En qué situación se encuentra actualmente la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad Valenciana?
En la Comunidad Valenciana todas las valoraciones están al día gracias a que, durante 2009, la Generalitat llevó a cabo una serie de actuaciones, con el objetivo de reforzar todos los equipos de gestión y valoración de expedientes de la Consejería de Bienestar Social. Actualmente, hay más de 500 personas trabajando en la aplicación de la Ley.
Podemos afirmar que hay más de 100.000 personas valoradas, de las cuales alrededor de unas 65.000 corresponden a grados de dependencia con derecho en vigor, y de las que más del 50% están siendo ya atendidas a través de la red de servicios y prestaciones.

¿Cree que la Ley es sostenible desde el punto de vista financiero?
El peso de la financiación recae en las comunidades autónomas, ya que la están financiando en un 70%, cuando la propia Ley establece que la aportación estatal debe ser del 50%.
Desde la Consejería de Bienestar Social, creemos necesario modificar el sistema actual de financiación de la dependencia y convertirlo en un modelo que sea estable, permanente y sostenible, y que permita a todas las autonomías asumir la aplicación de la Ley y garantizar los derechos de los dependientes, evitando las desigualdades que se producen en función de la comunidad autónoma donde residan.

¿Qué le parece la nueva distribución de fondos?
Consideramos, y así lo hicimos saber en el último Consejo Territorial, que los cambios de financiación propuestos son injustos e insuficientes, principalmente porque no reflejan la realidad de lo ocurrido en el último año en la Comunidad Valenciana. Hemos realizado un gran esfuerzo económico y humano incrementando en un 163,8% las personas atendidas, en un 229% los cuidadores, en un 129% los servicios y en un 251,7% los dictámenes. Todo esto con una financiación del nivel mínimo desequilibrado, aunque asumiendo que este esfuerzo se vería recompensado, al menos, con una mayor financiación del nivel acordado.

Ahora nos encontramos con un modelo de financiación planteado bien entrado el año 2010, cuando las hipótesis de trabajo con las que operábamos desde 2009 eran las del sistema establecido en ese momento. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con una propuesta insuficiente que congela los fondos del nivel acordado, cuando la gestión del sistema y las personas atendidas en el conjunto de España se ha más que duplicado.

¿Están tramitando los expedientes en los seis meses establecidos por el Ministerio de Sanidad y Política Social?
Una de las prioridades de mi departamento es agilizar el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones de las personas dependientes. Por ello, una de las iniciativas que adoptamos en la Consejería de Bienestar Social fue la elaboración de un nuevo decreto que simplifica notablemente el proceso. Con él queremos obtener la máxima eficacia y celeridad en la tramitación de los expedientes, por lo que introduce modificaciones en el proceso de reconocimiento de la dependencia y concesión de las prestaciones correspondientes. De esta manera, los cambios introducidos van a permitir que el solicitante vea reducido a la mitad el tiempo de espera para recibir las ayudas.

“Los cambios de financiación son injustos e insuficientes, porque no reflejan la realidad de lo ocurrido en el último año en la Comunidad Valenciana”
¿Está respetando su comunidad la excepcionalidad del cuidador informal?
La Ley de Dependencia reconoce que las prestaciones económicas tienen que ser excepcionales. Sin embargo, no hay que olvidar que las familias de las personas dependientes deciden también sobre el recurso que consideran más idóneo y, en muchos casos, eligen la prestación por cuidador no profesional, puesto que el deseo es que los dependientes permanezcan en su entorno. No obstante, en la Comunidad Valenciana hemos priorizado desde el primer momento todo aquello que tiene que ver con la prestación de servicios.

¿Qué propondría para mejorar la aplicación de la Ley de Dependencia?
Es necesario modificar el sistema actual de financiación de la dependencia y convertirlo en un modelo estable y sostenible, que nos permita aplicar la Ley garantizando los derechos de los dependientes con la asistencia que necesitan. Además, consideramos conveniente tomar medidas que permitan potenciar mucho más los servicios que las prestaciones.

¿Cómo se encuentra el desarrollo de la acreditación de calidad de centros y servicios en la Comunidad Valenciana?
En la Comunidad Valenciana contamos con una orden sobre el control de la calidad de los centros y servicios de acción social y entidades evaluadoras de la misma. El decreto desarrolla la normativa por la que se regula el sistema de servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, en lo relativo al control e información puntual sobre la calidad de los servicios y centros de acción social.
El objetivo es establecer y verificar si las actividades del centro o servicio y las medidas planificadas se llevan a la práctica de manera eficaz y son las adecuadas para alcanzar los objetivos que marca la normativa vigente.

¿Qué opina de la concesión del IVA superreducido a los servicios concertados?
Desde la Consejería de Bienestar Social defendemos que la reducción del IVA se aplique a todo el sector de atención a la dependencia, tanto concertado como privado.

¿Qué está haciendo su comunidad para fomentar la coordinación sociosanitaria?
Apostamos desde hace tiempo por una coordinación permanente entre ambas áreas, puesto que consideramos necesario que las políticas social y sanitaria vayan de la mano. Es algo que, sin duda, está dando sus frutos en el desarrollo de actuaciones de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía.

¿Cómo es su relación con el sector privado?
Hace varios años que en la Comunidad Valenciana se viene trabajando estrechamente con el sector privado a través del concierto de plazas. Primero fue con el sistema del bono residencia, luego con el sistema de accesibilidad social y ahora con la prestación vinculada al servicio. Son ya más de 300 los centros acreditados para ofrecer asistencia y atención a las personas dependientes. Además, el crecimiento de plazas residenciales del sector privado ha sido y es muy alto.

¿Cuáles son sus proyectos a corto y medio plazo?
El objetivo principal es acelerar e impulsar definitivamente la aplicación de la Ley de Dependencia. En el caso de las personas mayores, vamos a seguir potenciando todos los recursos de atención domiciliaria para permitir que quienes así lo desean, puedan continuar viviendo en sus hogares y permanezcan el máximo tiempo posible en su entorno familiar. Tenemos mucho trabajo adelantado en esta materia, ya que en los últimos años la Generalitat ha creado programas novedosos de asistencia domiciliaria como el Menjar a Casa, el Major a Casa, el Servicio de Ayuda a Domicilio, la teleasistencia o los cursos de cuidadores informales.

Del mismo modo, se han creado un gran número de recursos para atender a las personas mayores, tanto a nivel residencial como en centros de día. Nuestro compromiso es, por tanto, seguir trabajando en el desarrollo del sistema de servicios sociales valenciano, un sistema que aúne el equilibrio entre actividades de tiempo libre, atención domiciliaria y previsión de recursos de carácter institucional o residencial.


Martes, 24 de Agosto 2010

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