Dependencia y discapacidad - proveedores, residencias, sector sociosanitario,
Balance Sociosa Balance Sociosa

Síguenos en:
Facebook
Twitter
YouTube




Manifiesto por la equiparación del IVA que pagan los mayores en los servicios de atención a la dependencia




Los agentes sociales y económicos firmantes del presente manifiesto (Acalerte, Aces, Acra, Acued, Aerte, Aesad, Aesfas, Aeste, Agarte, Amade, Arade, Artecam, Ascege, Asorex, Elbe, CCies, CEAPs, Ceco, CEDDD, Clúster de la Salud, Coapema, Fatec, Fundación Edad&Vida, Ilunion Sociosanitario, La Unió, Macrosad, Nagusilan, PAD, Tunstall Televida, UDP y Upimir) quieren trasladar, de manera conjunta, a la opinión pública la situación actual de “injusticia social que sufren las personas mayores y las personas dependientes en relación al pago del IVA cuando se encuentran en situación de dependencia y necesitan servicios y prestaciones profesionales. Actualmente, el IVA que pagan en residencias, centros de día, atención domiciliaria y otros recursos asistenciales privados es del 10 % mientras que, por un idéntico servicio concertado o público, se tributa al 4 %”.
 
El manifiesto expone lo siguiente:
 
Defendemos un modelo de atención a la dependencia que dé respuesta a las necesidades de las personas y que las ponga en el centro del sistema y vemos totalmente necesario mejorar la dotación presupuestaria en la atención a los más dependientes.
 
¿Por qué pedimos la equiparación del IVA?
Por justicia social: Porque no tiene explicación que un mismo servicio, en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente. La medida afectaría positivamente a más de 200.000 mayores de toda España que actualmente utilizan una plaza residencial privada, a los que hay que sumar los usuarios de otros recursos asistenciales. Cada usuario ahorraría de media 106 euros mensuales con esta medida, lo que supone una cantidad de 1.279 euros anuales.
 
Las características de los dependientes en España son las siguientes: el 67 % son mujeres; el 75 % de ellas tienen 80 años o más; el 97 % tienen enfermedades crónicas; y el 67 % de personas que residen en una residencia tienen un deterioro cognitivo severo. Existen 310.000 dependientes en España que cumplen los criterios para recibir una prestación y no la reciben porque están en lista de espera. Cada año mueren cerca de 40.000 dependientes sin haber recibido la prestación a la que tienen derecho. España se encuentra inmersa en un proceso de envejecimiento progresivo de la población, la llamada “revolución de la longevidad”. El número de personas mayores de 85 años o más va a crecer un 155 % entre el 2015 y el 2051.
 
Porque es un derecho universal: El acceso a un servicio profesional es un derecho universal reconocido por la Ley 39/2006 (LAPAD) y no se puede penalizar al ciudadano incrementando el IVA cuando éste se ve obligado a contratar un servicio privado por ineficacia del sistema público. La falta de plazas públicas y el largo periodo de tiempo que pasa desde que se solicita la ayuda a la dependencia hasta que se otorga un servicio o prestación obliga a muchas personas con necesidades asistenciales a optar por una plaza privada debiendo asumir un 6 % más de IVA que el resto. La atención a la dependencia no puede ser considerada un lujo, con independencia de quién lo preste. Es un servicio de primera necesidad y debe tributar un 4 %, al igual que otros servicios básicos.
 
Porque beneficia a los mayores dependientes y a la economía: Ante el pequeño aumento de las pensiones del 0,25 % para 2018, igualar el IVA al 4 % sería una contramedida que aliviaría la situación de muchos dependientes. Una reducción del tipo de IVA, y la consiguiente reducción en las cuotas a abonar por los usuarios de más de 1.200 euros anuales, conllevará una ocupación plena de los centros, se producirán nuevas contrataciones de personal, con el consiguiente aumento de las cotizaciones, y se reducirá el número de parados de una forma directa consiguiendo así un ahorro en las prestaciones por desempleo. Una disminución del tipo al 4 % no solo respetará el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española, sino que mejorará la recaudación del estado en 170 millones de euros y creará un número elevado de nuevos empleos y de recursos asistenciales. Por cada 2 usuarios se produce aproximadamente una contratación, incorporando perfiles con alto riesgo de exclusión laboral como mujeres de mediana edad y con formación profesional básica. Es un empleo estable y no deslocalizable.
 
¿Qué solicitamos?
Exigimos al Gobierno que equipare el IVA que pagan las personas mayores y dependientes por los servicios asistenciales privados y lo sitúe al mismo nivel que los públicos o concertados (4 %), mediante la inclusión de dicha medida en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
 
“No es aplicar una medida fiscal, sino hacer justicia social”


Jueves, 19 de Abril 2018

Nota




Nuevo comentario:
Twitter

Balance de la Dependencia no se hace responsable de las opiniones y comentarios
de sus lectores.

Lea las condiciones generales de uso completas AQUÍ.