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Miguel Mirones: “Es preciso desarrollar una normativa estable"


Presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE



Miguel Mirones: “Es preciso desarrollar una normativa estable"
El empresario Miguel Mirones, además de ser presidente de la primera cadena nacional de balnearios Relais Termal, es también presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE; asimismo es miembro del Comité Ejecutivo de la CEOE y de la Comisión Ejecutiva del Imserso. Cargos que compatibiliza con la presidencia de la Asociación Nacional de Balnearios (ANBAL) y del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). En cuanto a la aplicación de la Ley de Dependencia, tema que centra gran parte de la actividad de la Comisión, Mirones apuesta por desarrollar servicios profesionales de calidad y corregir la actual desviación hacia las prestaciones económicas a cuidadores informales. Además, teniendo en cuenta la situación actual de crisis económica y restricción presupuestaria, defiende la necesidad de impulsar “la colaboración público-privada, un marco estable y homogéneo de actuación, la regulación e incentivación de los seguros privados de dependencia y la reestructuración del sector financiero para que fluya de nuevo el crédito”. 

Miguel Mirones: “Es preciso desarrollar una normativa estable"
¿Cuándo y por qué se crea la Comisión Sanidad y Asuntos Sociales de CEOE? 
Originalmente se constituyó en abril de 2009, a propuesta del presidente deCEOE y ratificada por los órganos de gobierno de la organización. Posteriormente, bajo el mandato del nuevo presidente, Juan Rosell, desde marzo de 2011 se ha apostado por su continuidad. CEOE entendió que la sanidad, los asuntos sociales, el desarrollo del Sistema de Dependencia y el turismo social eran sectores muy importantes para la sociedad y con una destacada actividad empresarial vinculada directamente a ellos, que habían apostado por su desarrollo. Por lo tanto, era necesario disponer de un organismo de representación en el seno de CEOE, que debatiera y defendiera estos intereses y que sirviera de interlocutor ante las Administraciones Públicas. 
Actualmente, está constituida por más de 100 miembros en representación de más de 50 asociaciones, sectoriales y territoriales, y empresas. Para mí es un honor y una responsabilidad presidir esta Comisión. 
 
¿Cuáles son sus principales objetivos?
En estos momentos, la Comisión tiene como cometido analizar y realizar propuestas a los órganos de Gobierno de CEOE sobre cuantas cuestiones y planteamientos resulten de interés para las organizaciones empresariales y empresas asociadas en materia de sanidad y asuntos sociales, con el objetivo de configurar la posición empresarial y la defensa de los intereses de estos sectores ante las Administraciones competentes, el diálogo social bipartito y tripartito, la participación institucional y cualesquiera otros ámbitos. Anualmente, se fijan las prioridades y los trabajos a realizar a corto y medio plazo. 
 
¿Cuál es su dinámica y metodología de trabajo? 
Es una Comisión abierta a cualquier asociado de CEOE, que funciona mediante grupos de trabajo, con reuniones ordinarias del Pleno cada cuatro meses, independientemente de que puedan citarse de forma extraordinaria las veces que sean necesarias. Hay constituidos tres grupos de trabajo: Sanidad, Dependencia y Turismo Social, aunque existe la posibilidad de crear otros ad hoc.
Nuestras reuniones son dinámicas y flexibles, con un orden del día inicial, pero con un debate abierto para tratar los asuntos de actualidad o de interés que sus miembros quieran poner encima de la mesa. Los acuerdos se toman prácticamente por unanimidad, lo que activa los consiguientes trabajos y las futuras gestiones a llevar a cabo. Contamos también con una secretaria dependiente del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE, a cargo del responsable del Área de Sanidad y Asuntos Sociales.
 
Uno de los objetivos de la Comisión es hacer un especial seguimiento de la Ley de Dependencia. ¿Cómo valora el desarrollo de esta norma?
Es una buena Ley en su origen, nacida de la concertación social y con un inmenso apoyo político que, por primera vez en este ámbito, regula un derecho subjetivo de los ciudadanos. Este impulso y la situación económica en ese momento, animaron a muchas empresas y sectores empresariales vinculados a creer en este Sistema y a hacer inversiones para colaborar con las Administraciones en su desarrollo. 
 
Pero, lamentablemente, todo se hizo precipitadamente. Las estimaciones sociales y económicas fueron erróneas, como ha quedado demostrado posteriormente. En estos años de evolución, el Sistema ha derivado hacia la excepción que preveía la Ley y, en lugar de apostar por el desarrollo de servicios profesionales de calidad de atención a personas en situación de dependencia y sus familias, la tendencia ha derivado mayoritariamente hacia las prestaciones económicas a cuidadores informales, en detrimento de la profesionalidad y calidad de la atención.
 
Recientemente, se han reunido con la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato. ¿Qué balance hace del encuentro?
Efectivamente, el pasado mes de marzo, en calidad de presidente de la Comisión, tuve la oportunidad de reunirme con la ministra y con el secretario de Estado de Servicios Sociales. Nuestro objetivo era presentar la Comisión y sus funciones, ofreciendo al Ministerio su representatividad como interlocutor con los sectores empresariales de los ámbitos sanitarios, dependencia y turismo social.
 
Entregamos y explicamos las propuestas empresariales recogidas en varios documentos y que fueron consensuados en el seno de la Comisión y dimos a conocer de primera mano los trabajos y planteamientos que desarrollamos. La Ministra aceptó acudir a una reunión de la Comisión, así como que el secretario de Estado de Servicios Sociales y la secretaria General de Sanidad participasen en reuniones de los grupos de trabajo, que esperamos se puedan realizar pronto. La respuesta y el interés mostrado por la ministra fueron muy positivos. 
 

Miguel Mirones: “Es preciso desarrollar una normativa estable"
¿Qué aspectos cree que se deberían potenciar para dar el impulso definitivo a la Ley?
En la situación actual de crisis económica y de restricción presupuestaria, creemos que se debe avanzar en dos líneas: consensuar entre las Administraciones Públicas, cada una conforme a su competencia, unos criterios homogéneos para todo el territorio; por ejemplo, en cuestiones como el baremo, los equipos profesionales de valoración, la acreditación de centros y servicios en función del nivel y grado de dependencia, la aportación del usuario en cuanto a su capacidad económica, etc. Siempre poniendo en el centro del Sistema a la persona y sus necesidades. Y segundo, apostar por una mejor gestión y eficiencia en la utilización de los recursos, a través de fórmulas de colaboración público-privadas. En este aspecto, las organizaciones empresariales y las empresas, con gran experiencia acumulada, debemos ser colaboradores necesarios de los titulares de estos servicios públicos.
 
¿Cree que está cumpliendo con las expectativas iniciales de generación de empleo y riqueza? 
Por los motivos que hemos explicado anteriormente, consideramos que no se han cumplido las estimaciones de generación de actividad económica y creación de empleo (siendo éste un sector de empleo cualificado, estable y no deslocalizable), de nuevo en detrimento de la calidad asistencial y de la generación de riqueza y de retorno de las inversiones públicas al Estado, vía impositiva.
 
Si el desarrollo de la Ley hubiera ido en otra dirección, lo que todavía estamos a tiempo de reconducir, la generación de empleo profesional hubiera sido mucho mejor.
 
¿De qué manera colaboran con las Administraciones central y autonómicas en el desarrollo de las Políticas Sociales y de Sanidad?
Principalmente, y debido a la representatividad de las organizaciones empresariales, somos miembros, junto con los sindicatos, en varias de las instituciones responsables de las políticas sociales y sanitarias; como, por ejemplo, los Comités Consultivos del Sistema de Dependencia y del Sistema Nacional de Salud, el Imserso o en las Mesas de Diálogo Social específicas. En estas instituciones, tenemos la ocasión de hacer llegar a políticos y Administraciones nuestras posiciones y propuestas sobre políticas, programas, acciones, etc. 
 
¿Cree que el Pacto por la Sanidad y Asuntos Sociales, anunciado por Ana Mato, permitirá alcanzar una coordinación sociosanitaria real y efectiva? ¿Qué propone la Comisión para ello?
La Comisión apuesta claramente, entre otras cuestiones, por una necesaria coordinación sociosanitaria que enlace ambos sistemas en la búsqueda de una mejor y más eficiente atención y asistencia al ciudadano, evitando duplicidades, excesos y disfunciones. Lo cierto es que, ante al actual escenario económico de crisis y restricciones, parece que este debate ha quedado algo apagado, aunque por nuestra parte lo ponemos constantemente encima de la mesa, con propuestas concretas, y esperamos que se active de nuevo muy pronto.
 
Uno de los principales problemas del sector de atención a la dependencia es el retraso en los pagos por parte de la Administración. ¿Cree que las medidas aprobadas por el Gobierno relacionadas con el pago a los proveedores acabarán con la morosidad de las comunidades autónomas?
Es pronto para saberlo. De entrada, parece una medida acertada que puede resolver, en parte, los problemas de financiación y de ahogamiento económico de muchas empresas proveedoras o concesionarias de las Administraciones. Pero falta por ver, aunque lo sabremos en breve, su efectividad real y la aceptación por parte de las Administraciones deudoras. Aunque hay una cuestión no muy acertada y que dificulta el resultado real de estas medidas, como es la priorización de las quitas por parte de las empresas. También he de decir que esto arregla el pasado, pero que deben realizarse cambios y adquirirse compromisos por parte de las Administraciones para que no se repita en el futuro.
 
¿Cómo puede enfrentarse el sector de atención a la dependencia a la falta de líneas de financiación, que permitirían que las empresas volvieran a invertir y emprendieran nuevos proyectos?
Para empezar, es necesaria una normativa estable, que dé confianza a los inversores para que puedan trabajar en un escenario real, no sujeto a continuos cambios coyunturales o de oportunidad política. También es necesaria la rápida reestructuración del sector financiero para que fluya de nuevo el crédito.
 
Si, tal y como se ha demostrado hasta ahora, la financiación pública de la Ley de Dependencia resulta insuficiente, ¿qué otros instrumentos financieros y de previsión podrían contribuir a su sostenibilidad? 
Además de apostar por fórmulas de gestión basadas en la colaboración público-privada, que tiene innumerables ejemplos de eficiencia en otros sectores como, por ejemplo, el de infraestructuras; una correcta regulación y una mayor incentivación de los seguros privados ligados a las situaciones de dependencia, en todas sus posibilidades, ayudaría a descargar la presión actual que tiene el sistema de dependencia.
 
¿Qué papel juega el copago? 
El copago por parte del usuario es una realidad recogida en la propia Ley, pero también ha sido uno de los mayores factores de desigualdad por las diversas regulaciones sobre este asunto en las distintas comunidades autónomas. Por lo tanto, es necesaria una homogenización de criterios que aseguren la igualdad de acceso y la equidad en todo el territorio nacional.
 
¿Cuál sería la mejor manera de articular la colaboración público-privada?
En este sentido, desde CEOE, se ha desarrollado una propuesta concreta y coordinada con la Comisión de Concesiones y Servicios, que ha elaborado un informe que propone, en el actual marco de restricción presupuestaria asociada al proceso de consolidación fiscal en marcha, un plan de inversión pública que se apoye en la financiación privada, siendo uno de sus ejes el impulso de un amplio plan de equipamientos sociosanitarios en el ámbito de la dependencia. 
 
¿Cuál será el próximo paso de esta Comisión?
Seguimos trabajando en el análisis de todas las políticas que se van conociendo de los distintos responsables y en la fijación de una posición común de la que resulten propuestas y acciones concretas que hacer llegar a las Administraciones, a otros actores y a la sociedad en general. 
Por otra parte, ante los nuevos escenarios presupuestarios que están surgiendo por las reformas que está tramitando el Ministerio, la Comisión y los grupos de trabajo van a seguir reuniéndose para analizar cada una de estas medidas. Asimismo, también hemos solicitado nuestra participación en los grupos de trabajo que el Ministerio constituya para el desarrollo y concreción  de las mismas.
 
Por último, ¿cómo ve el futuro del sector?
Con el marco actual, y como le ocurre a otros muchos sectores, lleno de incertidumbres, aunque esto nos tiene que obligar a un nuevo esfuerzo para coadyuvar entre todos a una solución común que apueste por el Sistema de Atención a la Dependencia con la participación de todos los actores: dependientes y sus familias, servicios públicos y administraciones, empresas y proveedores...
 


Miércoles, 9 de Mayo 2012

Nota



Tags : CEOE

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