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Novedades sobre la contratación pública en servicios sociales y sanidad




El pasado 9 de marzo entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Según los expertos, se trata de un texto complejo con más de 300 artículos y numerosas disposiciones. Por ello, la CEOE celebró ayer una jornada para explicar las novedades de la contratación pública en sanidad y servicios sociales.
 
El vicepresidente de la Asociación de Derecho Sanitario, Julio Sánchez Fierro, confesó que la normativa le genera “sentimientos contradictorios. Era necesario un ordenamiento jurídico, pero la Ley me produce una profunda decepción. Si se quería fomentar la agilidad, la competencia y la trasparencia, con esta selva jurídica es difícil. La norma tiene título de Ley, pero con contenido reglamentario. Aplicarla y gestionarla es complejo”.  
 
Como principales elementos positivos, Sánchez Fierro destacó que la Ley apuesta por la trasparencia, impulsa la contratación por la vía telemática, abre consultas preliminares al mercado y, sobre todo, establece que el precio no puede ser un elemento determinante. Sin embargo, en su opinión, deben aclararse los criterios sociales y, además, a pesar de su extensión, “la Ley sólo hace un par de referencias a sanidad en dos disposiciones”.
 
Asimismo, apuntó que esta Ley debe ir unida a un cambio cultural. “Los gestores públicos no deben ver a las empresas como meros proveedores, sino como socios estratégicos para la compra pública y los resultados. No se trata sólo de adjudicaciones, sino también de calidad y trabajo bien hecho”, concluyó este experto.
 
El representante jurídico de Aeste, Mariano López de Ayala, se centró en el sector sociosanitario. “Me causa enorme preocupación cuando para garantizar la continuidad de los servicios públicos, la presente directiva debe permitir que la participación en procedimientos de licitación de determinados servicios sanitarios, sociales y culturales se reserve a organizaciones que son propiedad de su personal o en las que parte del personal participe activamente en la dirección y otras organizaciones como cooperativas. En nuestro sector, atendemos a dos millones de personas mayores, estando el 75 % del sector está en manos privadas. De esta manera, la sostenibilidad de los servicios públicos sólo se puede garantiza mediante la iniciativa privada y no hay posibilidad de retroceder”.
 
La LCSP conduce, continúa López de Ayala, “a una contratación pública que podemos llamar concurso, colaboración público-privada, contrato de concesión, etc., pero es una contratación pública de subasta pura y dura. Hoy no te adjudicas un contrato público si no haces una oferta a la baja. Nos encontramos con pliegos de licitaciones donde el precio supone el 90 % de la valoración. Esto conlleva a servicios de baja calidad, a la precariedad del sector y del empleo”.
 
Como aspectos positivos, en su opinión la Ley establece la importancia de introducir criterios medioambientales y sociales. Asimismo, hace una referencia expresa sobre la necesidad de cumplir las condiciones laborales establecidas en los convenios colectivos.
Como negativo, López de Ayala, señaló que la Ley “prevé la posibilidad de que en los contratos de servicios sociales se exima de la prestación de garantía definitiva a determinadas organizaciones simplemente porque se trata de organizaciones de voluntarios o sin ánimo de lucro. Sin embargo, es en este tipo de contratos donde hay más riesgo, porque las organizaciones no tienen solvencia ni respaldo económico detrás”.
 
Por su parte, el presidente de Aerte y representante de Ceaps, José María Toro, se centró en el caso concreto de la Comunidad Valenciana y explicó que la LCSP permite que las comunidades autónomas puedan crear figuras como el concierto social, “siempre que respeten el principio de no discriminación”. Por consiguiente, Aerte recurrirá “el Decreto que desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana por entidades de iniciativa social, publicado el 23 de diciembre en el DOGV, por no permitir que puedan participar todas las entidades de servicios sociales, independientemente de su forma jurídica”. “El concierto social no puede ser excluyente”, insistió.

En el número de junio del periódico BALANCE Sociosanitario publicaremos un amplio reportaje sobre este tema.


Jueves, 10 de Mayo 2018

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