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“Nuestro principal objetivo es conseguir la plena igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, sobre todo en empleo y accesibilidad”


Ignacio Tremiño
Director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Licenciado en Derecho por la Universidad Oberta de Cataluña y Master Executive MBA por el IE, Ignacio Tremiño cuenta con una dilatada experiencia personal y profesional en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Ha sido concejal de Acción Social en el Ayuntamiento de Valladolid y forma parte del Consejo Regional de Economía Social de Castilla y León y de la Comisión de Discapacidad del Partido Popular. Además, su vinculación con la Corporación Empresarial ONCE, como director de Desarrollo de Negocio, le ha aportado también un importante conocimiento asociativo y empresarial. Tremiño se enfrenta ahora a un nuevo reto con un gran respeto y sentido de la responsabilidad: “Las personas con discapacidad confían en que los poderes públicos diseñemos políticas que mejoren su calidad de vida y su integración normalizada en la vida social. Trabajaremos para lograr la igualdad de oportunidades en el empleo, la accesibilidad, la legislación, la sensibilización social, etc.”. Si bien todos ellos son importantes, “tener un empleo y la accesibilidad universal son estrictamente imprescindibles”, reconoce.



“Nuestro principal objetivo es conseguir la plena igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, sobre todo en empleo y accesibilidad”
¿Qué supone enfrentarse a este nuevo reto?
Lo primero que siento es un enorme respeto por la tarea encomendada, ya que su objeto son las personas, pero unas personas con las que debemos practicar una especial sensibilidad y consideración. También siento una gran responsabilidad, tanto con quienes han confiado en mí nombrándome para este cargo como con las personas con discapacidad. Al fin y al cabo, ellas tienen puesta su confianza y su esperanza en que desde los poderes públicos diseñaremos políticas que mejorarán su calidad de vida y su integración normalizada en la vida social. 
 
¿Cuáles son sus objetivos como Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad? 
Me he propuesto que la discapacidad esté en un lugar muy visible de la política nacional, en un lugar representativo; pero también en otros espacios menos evidentes y, sin embargo, más eficaces a largo plazo, como son los que podemos denominar transversales y que son los que recorren todos los ministerios. 
Tenemos muchos objetivos en la Dirección General, todos animados por uno principal, que es conseguir la plena igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Alcanzar este objetivo requiere intervenir en diversos campos, como el empleo, la accesibilidad, la legislación, la sensibilización social, etc. Todos ellos son importantes, pero tener un empleo, junto con la accesibilidad universal, son estrictamente imprescindibles. 
 
Centrándome en el empleo, los proyectos en marcha se dirigen a diseñar un nuevo marco legal de promoción laboral de las personas con discapacidad, a actualizar la relación laboral de carácter especial de los trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo, a poner en marcha medidas de acción positiva para el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite, a la coordinación de los servicios sociales y las oficinas de empleo en los procesos de inserción o en mejorar el cumplimiento de la reserva del 2% de los puestos de trabajo en empresas de más de 50 trabajadores, etc. Y todo ello en colaboración intensa con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como departamento competente en materia de empleo.
 
¿Qué le aporta su dilatada experiencia en el mundo asociativo de la discapacidad, especialmente tras haber trabajado tantos años en Fundación ONCE?
Creo que mi trayectoria prolongada en relación con la discapacidad me permite afrontar este reto con un conocimiento suficiente del sector de la discapacidad. No solamente por el tiempo que he trabajado en la Fundación ONCE, también por la responsabilidad que tuve en el Ayuntamiento de Valladolid, mi compromiso en la creación de la Asociación de Parapléjicos y grandes Minusválidos (ASPAYM) de Castilla y León o por ser miembro del Comité de Discapacidad de mi partido. Claro que la perspectiva desde mi nueva responsabilidad es distinta, ya que no es empresarial ni asociativa, y esto me llevará a tener un nuevo enfoque, pero también a mejorar mi conocimiento sobre el mundo de la discapacidad. 
 
¿Cuáles son las principales necesidades de las personas con discapacidad?
Hay muchas necesidades. Podríamos decir que hay necesidades que afectan a todas las personas con discapacidad y otras que son específicas de los grupos que componen el colectivo; por ejemplo, la insuficiencia en materia de accesibilidad afecta a todos, en cambio el desempleo sólo a una parte, aunque ésta sea importante. 
 
En conjunto, son necesidades que acompañan a muchas personas con discapacidad en toda su trayectoria vital, desde la atención temprana, luego la formación, el empleo, las situaciones de dependencia... Yo no destacaría ninguna como más importante, porque la falta de atención en una de ellas a menudo condiciona a las demás; pero si he de señalar alguna, diría que la accesibilidad y el empleo son capitales.
 
¿Cree que la Ley de Dependencia recoge las demandas de este colectivo? ¿Considera que el catálogo de servicios tiene alguna carencia?
La Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependencia ha supuesto un avance muy considerable en la atención social a las personas que se encuentran en esta situación. La heterogeneidad del colectivo de personas con discapacidad no facilita el ajuste de los recursos dispuestos para su atención, porque lo que para una parte del sector es adecuado para otra no lo es o es insuficiente. Creo que debemos trabajar para ir afinando progresivamente la aplicación de esta Ley, de modo que lleguemos a contemplar todas las circunstancias personales que se dan en el ámbito de la discapacidad. En este sentido, las eventuales carencias del catálogo de servicios han de ser contempladas manteniendo el equilibrio de la Ley y buscando el mejor nivel de atención a las personas, especialmente en lo que se refiere al impulso de los servicios de promoción de la autonomía personal.
 

“Nuestro principal objetivo es conseguir la plena igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, sobre todo en empleo y accesibilidad”
¿Qué incluiría o modificaría para hacerla más eficiente y efectiva?
En su desarrollo futuro habría, sin duda, que establecer las garantías para que los españoles tengan acceso a las mismas prestaciones con independencia del lugar en que residan; definir un catálogo de servicios sociales que determine cuáles son las prestaciones a las que pueden acceder los ciudadanos en el conjunto del territorio, con criterios comunes que garanticen la calidad de la asistencia; y avanzar hacia un sistema basado en un principio de equidad, el de recibir los mismos servicios y prestaciones ante equivalentes situaciones personales.
 
¿Qué opina de la coordinación sociosanitaria?
Desde hace mucho tiempo existe una verdadera preocupación por diseñar e impulsar fórmulas que permitan abordar integralmente el bienestar de un número importante de personas que, por sus graves problemas de salud y riesgos de exclusión social, precisan de asistencia sanitaria y asistencia social de manera continuada. Su finalidad debe ser contribuir al logro de la máxima calidad de vida de los usuarios y al mayor grado posible de autonomía personal y de participación social, respetando sus estilos de vida y sus preferencias. 
 
Por todo ello, considero que la coordinación sociosanitaria es clave para mejorar el cuidado y la atención de las personas, porque los resultados en salud y en atención social son interdependientes. Esto ya ha sido expresado por la ministra Ana Mato en el Congreso de los Diputados, proponiendo un pacto sanitario en el que el ciudadano estará en el centro del sistema y a él se orientará toda la atención sanitaria y social. 
 
Es habitual que se confunda dependencia y discapacidad. ¿Cuáles cree que son las diferencias más significativas y que el sector debería conocer bien para ofrecer un servicio adaptado a sus necesidades?
Se puede afirmar que toda situación de dependencia comporta discapacidad, pero que no toda situación de discapacidad comporta dependencia. Está habitualmente consensuado que la diferencia básica está en la necesidad o no de otra persona para realizar las actividades de la vida diaria: una persona en situación de dependencia necesita ayuda para lavarse, vestirse, comer, etc.; en cambio, una persona con discapacidad tiene limitaciones para realizar determinadas actividades, pero no necesariamente necesita ayuda de otra persona para desenvolverse en su vida diaria. 
 
¿Qué propone para alcanzar una sociedad accesible para todos? 
La accesibilidad universal tiene que ser un objetivo preferente en una sociedad desarrollada como la nuestra. Es un componente indispensable para la igualdad de oportunidades y no puede ser que las dificultades de accesibilidad condicionen la participación de las personas en la educación, el empleo, la salud, la cultura... 
 
Conseguir una sociedad accesible para todos supone intervenir desde lo público, poniendo los medios, normas y actuaciones para acabar con las variadas barreras físicas, pero también con las barreras mentales instaladas en la sociedad. Es decir, hace falta mejorar la inclusión educativa, la adaptación de los puestos de trabajo, el acceso a los bienes y actividades culturales, etc.; pero también la percepción de la sociedad, que ha de llegar a interiorizar como algo normal la atención a los aspectos de accesibilidad en la vida diaria.
 
¿Cómo se podría proyectar una imagen normalizada de la discapacidad? 
Que la sociedad llegue a tener una imagen normalizada de la discapacidad es también un objetivo a alcanzar, un proceso seguramente largo, en el que las Administraciones tienen un papel importante, pero también las asociaciones de personas con discapacidad. Las percepciones estereotipadas y los prejuicios sociales sobre la discapacidad no aparecen de un día para otro, ni tampoco desaparecerán así. Por consiguiente, exigirán un trabajo paciente y constante de vigilancia, sensibilización y también de enseñanza. 
 
¿Cuál es la peor barrera que tiene que superar una persona con discapacidad? 
Seguramente la peor barrera a superar no está en el exterior de la persona con discapacidad, sino dentro de ella misma. Confiando en su propia capacidad, creo que una persona con discapacidad empeñada en alcanzar unos objetivos es capaz de superar todas las dificultades con las que se encuentre. Mirando el exterior de las personas, yo señalaría el empleo, porque proporciona una independencia indispensable para vivir. 
 
¿Qué papel ocupan las nuevas tecnologías?
Las nuevas herramientas tecnológicas son palancas de integración espléndidas, pero también pueden convertirse en armas de exclusión. Por un lado, facilitan el acceso al conocimiento, a la formación, a muchos servicios, de tal modo que permiten a muchas personas con discapacidad hacer lo que tiempo atrás era impensable, consiguiendo un nivel de integración en la vida social desconocido hasta ahora; por otro lado, resulta muy difícil seguir para cualquier persona su vertiginoso desarrollo, de forma que se corre el riesgo constante de quedar al margen de su evolución y nuevas capacidades. 
Por esta razón, hemos de vigilar constantemente que estos nuevos recursos ofrezcan las condiciones de accesibilidad y usabilidad necesarias para que las personas con discapacidad puedan utilizarlos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos.
 
¿Qué relación tiene su Dirección con las asociaciones y fundaciones que trabajan por mejorar la calidad  de vida de las personas con discapacidad?
Entre las funciones formalmente atribuidas a la Dirección General está la de fomentar la cooperación con las organizaciones y entidades que agrupan a las personas con discapacidad y sus familias, también con las fundaciones asistenciales y de discapacidad para el cumplimiento de sus fines sociales. 
En aplicación de esta competencia legal, la Dirección General debe ser el punto de encuentro de las organizaciones representativas del sector. Estas representan intereses públicos, identifican problemas que es necesario atacar y proponen medidas para afrontarlos; en definitiva, deben participar en las políticas públicas que les afectan y la Dirección General ha de poner los medios para que esa participación sea eficaz tanto en la elaboración como en la ejecución de esas políticas. 
 
A medio plazo, ¿cómo ve la situación de las personas con discapacidad en las distintas esferas de la vida?
Soy bastante optimista sobre el futuro de las personas con discapacidad. Partimos en nuestro país de un nivel muy aceptable en el desarrollo de políticas a favor de las personas con discapacidad. Es un nivel que vamos a elevar en los próximos años, ajustando nuestras normas y nuestras acciones a las prescripciones de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta actividad nos llevará indudablemente a mejorar sensiblemente la relación de este colectivo con la educación, el trabajo, el espacio físico, el transporte, la cultura y, en general, con todos los ámbitos de la vida.
 


Lunes, 9 de Abril 2012

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