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Otra vuelta al copago


Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados mostraron recientemente su conformidad para que se revise el actual copago de la Ley de Dependencia, hasta ahora “uno de los elementos más negativos, paralizantes y perturbadores para el despliegue del Sistema”, según el presidente del Cermi, Luis Cayo, encargado de defender ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en este sentido. Veremos qué pasa de aquí en adelante. Si, finalmente, detrás de las palabras existe una verdadera voluntad política para abordar este asunto y otros, porque durante la sesión de la Comisión se han aprobado también varias Proposiciones No de Ley (PNL) relativas a priorizar los servicios de atención a la dependencia como preferentes respecto a las ayudas económicas y una nueva Estrategia Nacional de Atención Sociosanitaria.



El pasado 23 de febrero la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad de los grupos parlamentarios que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en relación con la proposición de ley de modificación de la Ley de Dependencia en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias sea trasladada a la Cámara Baja para su debate y revisión. Es la primera vez, en casi 40 años de vigencia de la Constitución española, que una ILP de carácter social llega al Parlamento. El impulsor de esta iniciativa ha sido todo el movimiento social de derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias.

La ILP, respaldada por casi 740.000 ciudadanos españoles, fue defendida por el portavoz de la Comisión Promotora de la ILP y presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo, quien manifestó que “se trata, a nuestro juicio, de un hito en nuestra reciente historia social que no puede ser ignorado ni dejado de tener en consideración”. Igualmente, subrayó el hecho de que la Ley de Dependencia “se configurara como derecho subjetivo, universal y exigible, pues no existía -y no existe diez años después- tradición para que las necesidades de tipo social, las vinculadas o conectadas con los servicios sociales, alcancen o tengan en nuestro país ese rango de derecho subjetivo”.

El presidente del Cermi declaró que, en un primer momento, “no logramos apoyo político suficiente para que este derecho fuera gratuito, sin coste para la persona usuaria, y transigimos con el copago como mal menor y necesario para el lanzamiento y puesta en marcha del Sistema, siempre que se regulara reglamentariamente en condiciones aceptables”. Sin embargo, “diez años después, hemos comprobado con tristeza –a veces con desolación– que el copago ha sido uno de los elementos más negativos, paralizantes y perturbadores –así al menos lo perciben las personas usuarias– para el despliegue del Sistema y ha llevado a la sensación generalizada de fracaso y de profunda decepción en las expectativas”.

Asimismo, recordó que “no hay una normativa estatal con rango reglamentario vinculante, como disponía la propia Ley de Dependencia, en contra de este copago confiscatorio, que fuerza a la compra del derecho a la personas en situación de dependencia”. En el caso particular de las personas con discapacidad, “el copago castiga a aquellas personas que generan ingresos propios a través de una actividad laboral, desincentiva la autonomía económica, la búsqueda de un trabajo y disuade de ser un sujeto activo, participativo económicamente”, añadió.

Además, el presidente del Cermi aseguró que “el copago origina graves diferencias de trato entre territorios: de la gratuidad en el caso de personas con discapacidad que a su vez tienen situación de dependencia reconocida -hay pocas, pero alguna comunidad autónoma tiene esa gratuidad de los servicios- hasta un copago del 90 %”. Y también “ha contaminado a otros servicios y prestaciones sociales distintas de las de la dependencia, a muchos otros servicios sociales que no tenían copago o no lo tenían en estas intensidades y rangos”.


Medidas sugeridas

1.    Establecer unos criterios básicos sobre determinación de la capacidad económica y también sobre la participación en el coste, iguales y vinculantes para todas las Administraciones mediante norma estatal de rango reglamentario, tal y como estaba previsto en la Ley. Las Administraciones tendrían margen para la ampliación del derecho con el horizonte puesto en la gratuidad del Sistema.

2.    Exención del copago para todas aquellas personas en situación de dependencia que tengan una capacidad económica inferior a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), para todo tipo de prestaciones y servicios del Sistema, incluido el residencial.

3.    Limitar la aportación máxima de la persona beneficiaria al 60 % del precio de referencia del coste o servicio que reciba. 

4.    Preservar siempre el 40 % del Iprem correspondiente como renta disponible para la persona.

5.    Incluir como nuevos criterios de modulación de la capacidad de renta de la persona la edad o el momento de aparición de la situación de dependencia. No es lo mismo nacer o adquirir la dependencia en los primeros estadios de la vida que adquirirla en los últimos años de la vida de la persona, porque la persona ha podido hacer un patrimonio. 
 

Por Esther Eugenio




Miércoles, 22 de Marzo 2017

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