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Patronales y sindicatos exigen al Gobierno la aplicación de la Ley de Dependencia sin recortes




Patronales y sindicatos exigen al Gobierno la aplicación  de la Ley de Dependencia sin recortes
Las patronales FED, LARES y AESTE y los sindicales CCOO y UGT, firmantes del VI Convenio Colectivo del sector de atención a la dependencia, se han unido para exigir a las Administraciones Públicas una mayor implicación en el desarrollo de la Ley Dependencia, puesto que “utilizar la crisis económica como excusa para impedir y paralizar la implantación total de la norma es un gravísimo error que no se puede consentir”. De esta manera, mediante un manifiesto conjunto, han denunciado las políticas de recortes y han reclamado al Gobierno y a las comunidades autónomas que hagan efectiva la aplicación de la Ley de Dependencia.

El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, muestra su preocupación por los recortes en el sector de atención a la dependencia previstos en los Presupuestos Generales del Estado: “Suponen un gravísimo error, que pone en peligro no sólo la supervivencia de numerosísimas empresas, sino el puesto de trabajo de miles de personas”. Es más, Echevarría defiende que la dependencia debe convertirse en el nuevo modelo productivo que la economía española necesita, “porque tiene demanda, genera inversiones, ayuda a otros sectores productivos, como la construcción o los equipamientos, y crea puestos de trabajo de calidad, localizados e inmediatos. En definitiva, la dependencia genera riqueza”.

Asimismo, el presidente de la FED denuncia que, actualmente, existen más de 300.000 dependientes valorados que no están recibiendo servicio o prestación. Una situación que se agrava, “si tenemos en cuenta que sólo el 26% de los grandes dependientes reciben atención residencial. Sin embargo, un estudio elaborado por la FED, desvela que hay más de 40.000 plazas residenciales vacías que, si bien tendrían un coste para las Administraciones de 700 millones de euros, éstas recibirían un retorno positivo de más de 300 millones de euros consolidados en el mismo ejercicio fiscal. Por lo tanto, disminuiría el déficit vía impuestos, cuotas a la Seguridad Social, creación de más de 20.000 puestos de trabajo, etc.”.

Por su parte, el asesor Jurídico de la Federación de Residencias y Servicios de Atención a Mayores del Sector Solidario (Lares), Antonio Molina, afirma que la atención a la dependencia es un derecho ya adquirido: “No se puede consentir que sean los más débiles los que paguen las consecuencias de la crisis económica”.
En cuanto a la eliminación del nivel acordado, el presidente de Lares Federación, José Ignacio Santaolalla, reconoce que se trataba de un fondo destinado íntegramente a cubrir financiación de infraestructuras públicas, “mientras que ahora los centros privados (mercantiles y del Tercer Sector) podrán acceder al incremento de la prestación mínima”. Sin embargo, las restricciones presupuestarias planteadas tiene sus repercusiones: “Aumentarán las listas de espera para acceder a las prestaciones reconocidas por la Ley. Además, el aplazamiento de la incorporación de un nuevo grado y nivel beneficia a quienes están dentro del Sistema y, lógicamente, los dependientes moderados son los grandes perjudicados”.

Respecto a la evaluación que Ministerio y comunidades autónomas están realizando de la Ley de Dependencia y sus posibles mejoras, Santaolalla opina que es imprescindible que se cuente con las patronales y sindicatos del sector. Entre las modificaciones que deberían incluirse, el presidente de Lares considera necesarias las siguientes: unificar los criterios de valoración y la aplicación del baremo; concretar la cartera de servicios según grados y niveles; establecer un sistema de información válido, compartido y homogéneo entre comunidades autonómicas y Administración central; contar con una dotación presupuestaria suficiente, que prime el recurso más adecuado; y, finalmente, que la Ley priorice la asignación de plazas concertadas.

El presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), Jorge Guarner, apunta “que esta Ley no es de subsidios, sino de servicios profesionales”, en referencia a que más del 50% de las prestaciones corresponden a cuidadores informales. Además, remarca la necesidad de alcanzar una coordinación sociosanitaria, que permita definir nuevos modelos de atención. “Por ejemplo, hoy en día los crónicos estan ocupando el 50% de las plazas hospitalarias, lo que supone un coste de 650 euros por cama y día; cuando en los centros residenciales acreditados podrían recibir una atención de calidad por 100 euros al día”, explica Guarner. Para ello, subraya que sería necesario desarrollar un decreto que acredite y regule quién puede prestar un servicio en condiciones de calidad.

Relacionado con la financiación, la secretaria general de la patronal, Alicia Azaña, reconoce que AESTE siempre ha sido muy crítica con los criterios de distribución de los fondos del nivel acordado, “que premiaban la agilidad en la asignación de prestaciones, sobre todo, económicas, en detrimento de aquellas comunidades autónomas que estaban cumpliendo la Ley al prestar servicios, aunque quizás con una agilidad menor. Pero también es cierto que esa partida podría haberse reasignado para la mejora del despliegue de la Ley en su conjunto”. Por consiguiente, en 2012 se contará con menos recursos “y habrá que dotar los existentes de mayor efectividad”.

Sobre el retraso de la incorporación de los dependientes moderados al Sistema de Dependencia, Azaña manifiesta que, si bien puede ayudar al ajuste financiero, “la atención a las personas en situación de dependencia debe ser una prioridad en este y en futuros ejercicios presupuestarios; optimizando al máximo los recursos y cumpliendo la normativa vigente, desarrollando la acreditación, el copago, la provisión de productos financieros y aseguradores o modificando las prestaciones económicas que la Ley definía como excepcionales”. Y como principal modificación o mejora que debe incluir la norma, Azaña destaca la “acreditación por grado y nivel de dependencia”.

En la misma línea, se han expresado los sindicatos. La secretaria de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Pilar Navarro, denuncia las políticas de recortes, “lo que provoca que las inversiones asistan a un retroceso”. Asimismo, insiste en la importancia que tiene la Ley de Dependencia como generador de empleo de calidad y estable. Sin embargo, lamenta que no se hayan cumplido las expectativas: “Con el nacimiento de la Ley se calculaba que se crearían 450.000 puestos de trabajo estables y de calidad, pero la falta de implicación de las Administraciones ha impedido que esta previsión se hiciese realidad y la cifra final ha sido de alrededor 140.000 puestos de trabajo”. En este sentido, Navarro critica el abuso de las prestaciones económicas concedidas al cuidador informal.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, Antonio Cabrera, incide en el esfuerzo realizado por patronales y sindicatos para garantizar el empleo y la atención de calidad. “De hecho, el 80% de las plantillas del sector de atención a la dependencia son fijas, algo que pocos sectores pueden afirmar”, expone Cabrera. Por otra parte, la Ley obligaba que todos los trabajadores de atención a la dependencia estuvieran cualificados antes de 2015,“y patronales y sindicatos también hemos hecho un esfuerzo importante por la capacitación de nuestros profesionales”.
Por todo lo expuesto, el representante de CCOO asegura que “no escatimaremos esfuerzos y vamos a hablar, uno a uno, con todos los políticos para que se garantice que la Ley de Dependencia, que hoy es ya un derecho, siga consolidándose”.


Martes, 8 de Mayo 2012

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