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Personas con discapacidad: medidas especiales para un colectivo vulnerable


Las personas con discapacidad son un colectivo doblemente vulnerable ante el coronavirus porque, por un lado, se trata de personas con pluripatologías, entre ellas respiratorias, y, por otro, por la dependencia que tienen de sus cuidadores o asistentes personales para realizar las actividades básicas de la vida diaria y para el desarrollo de su autonomía personal. Por eso, la falta de test rápidos de Covid-19, la escasez de equipos de protección y las dificultades para cubrir las bajas de los profesionales están provocando situaciones de alarma en los centros y servicios que atienden a este colectivo. Como consecuencia, las organizaciones de personas con discapacidad exigen a las autoridades sanitarias, de manera reiterada, que no se discrimine por razón de discapacidad en los protocolos clínicos de atención a pacientes contagiados con el coronavirus. Asimismo, solicitan que se garantice el refuerzo necesario de los profesionales que trabajan en centros o en servicios de atención domiciliaria y que se establezca un sistema que asegure el suministro de los medicamentos o productos sanitarios a las personas con discapacidad física y orgánica.



Por Sonia García

“Muchas personas con discapacidad o en situación de dependencia requieren del concurso de una tercera persona, de manera formalizada o informal, para poder desempeñar las actividades básicas de la vida diaria o el desenvolvimiento de su autonomía personal”, afirma el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Anxo Queiruga. 

Ante la propagación del Covid-19 y el impacto que está generando sobre las diferentes actividades y servicios de las entidades que tienen como misión velar por la defensa y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias, Cocemfe exige que se garantice en todo momento la salud y el bienestar de todas las personas usuarias y trabajadoras de los servicios de ayuda a domicilio y de los centros de atención sociosanitaria para personas con discapacidad. 

En este sentido, Queiruga explica que “la saturación que se está produciendo en el sistema sanitario de al gunas comunidades autónomas, la falta de test rápidos de Covid-19, la escasez de Equipos de Protección Individual (EPI) y las dificultades para cubrir las bajas de personal, están provocando situaciones de angustia en los centros y servicios dirigidos a personas con discapacidad y/o situación de dependencia”.

Tanto los centros como los profesionales están comprometidos en la adopción, con especial diligencia, de todas las medidas dictadas por las autoridades sanitarias, a fin de evitar el contagio y contribuir a frenar la propagación del Covid-19. Por ello, Cocemfe reclama a las Administraciones Públicas que adopten las medidas necesarias encaminadas a facilitar a las entidades y, por tanto, a los trabajadores, todos los medios materiales necesarios para garantizar este objetivo.

“Muchas personas deben desarrollar diariamente su actividad en servicios considerados esenciales, sin estar dotados de los equipos de protección individual que minimicen el riesgo de transmisión y exigimos urgentemente su dotación para el personal que trabaja en las entidades, así como la realización de test a toda la plantilla de los centros en los que existan casos sospechosos”, afirma Queiruga.

En una situación tan excepcional como esta, el establecimiento de protocolos de actuación en caso de tener conocimiento de la existencia de trabajadores diagnosticados con coronavirus es fundamental para evitar su propagación. Por eso, es necesario que los centros residenciales y los servicios de atención domiciliaria (incluido el asistente personal) tengan acceso a los test rápidos de Covid-19, tanto para los trabajadores como para las propias personas con discapacidad. De esta manera, se podrían prevenir posibles nuevos contagios y el uso de los EPI sería más eficaz.

Por este motivo, Cocemfe pide a las autoridades que distribuyan, tanto test como EPI, entre las residencias y servicios de atención a personas con discapacidad y/o atención a la dependencia, ya que muchos centros no tienen.

De igual manera, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha exigido a las autoridades sanitarias y sociales, de ámbito estatal y autonómico, que prioricen la aplicación de pruebas diagnósticas rápidas, cuyas remesas parece que están llegando, a las personas con discapacidad que residen en instituciones colectivas y a los trabajadores que las atienden, como población diana en riesgo extremo. También a las personas con discapacidad que viven en sus domicilios que, por sus grandes necesidades de soporte, reciben apoyos por parte de asistentes personales y otros profesionales de atención social directa.

A juicio del Cermi, la declaración oficial de estos servicios como esenciales justifica esta priorización en la puesta en práctica del diagnóstico rápido del coronavirus, que permitirá dar respuestas preventivas, de contención y asistenciales más rápidas y eficaces.

Permitidas las salidas terapéuticas
El BOE del 20 de marzo publicó una instrucción del Ministerio de Sanidad que permite expresamente las salidas del domicilio por “motivos terapéuticos” durante el estado de alarma a determinadas personas con discapacidad que no pueden soportar confinamientos indefinidos en sus viviendas, así como a sus asistentes personales o cuidadores.

El texto del BOE dice: “Con el objeto de proteger a los colectivos más vulnerables, se hace preciso dictar una instrucción para aclarar que las personas con discapacidad, que tengan alteraciones conductuales, como por ejemplo personas con diagnóstico de espectro autista y conductas disruptivas, el cual se vea agravado por la situación de confinamiento derivada de la declaración del estado de alarma, puedan realizar los desplazamientos que sean necesarios, siempre y cuando se respeten las medidas necesarias para evitar el contagio”.

Esta instrucción de Sanidad de criterios interpretativos del Real Decreto de Declaración del Estado de Alarma responde a las demandas del movimiento social de la discapacidad, que venía reclamando al Ejecutivo la necesidad imperiosa de regular estos aspectos para que las personas con discapacidad y sus familias en esta situación de necesidad tuvieran plena seguridad jurídica y no se enfrentaran a sanciones por parte de la autoridad pública.

Por tanto, Cermi y Plena inclusión, entre otras organizaciones, agradecen a los ministerios de Sanidad y de Derechos Sociales y Agenda 2030 la sensibilidad mostrada para adaptar el Decreto Ley de Estado de Alarma a las especiales necesidades de las personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo.

Por otra parte, Plena Inclusión hace un llamamiento a la población para que dé muestras de civismo y sensibilidad “frente a la necesidad de miles de personas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta de salir a la calle, puntualmente, para realizar paseos terapéuticos prescritos”. Llamamiento que viene motivado, “porque hemos detectado numerosos casos en los que se está increpando a estas personas y a quienes les acompañan”. 

Así lo relatan profesionales de la Asociación Pauta, de Plena Inclusión Madrid, en un comunicado: “Queremos pedir a todas las personas que nos increpan e insultan cuando realizamos nuestra labor que nos respeten. Porque estas personas necesitan paseos o salidas terapéuticas para gestionar de una mejor manera la estancia obligada en casa”. Y añade: “Queremos visibilizar la situación que vivimos cada día que vamos a trabajar desde que se decretó el estado de alarma. Y pedimos que, cuando veáis a alguien andando por la calle con un apoyo, antes de increparle podáis pensar que es alguien que puede tener una discapacidad y que está recibiendo un apoyo por una necesidad terapéutica”.

Plena inclusión España quiere recalcar que estos actos afectan tanto a los profesionales, “que demuestran una actitud de entrega generosa en la atención a las personas”, como a las propias personas con discapacidad “que no entienden lo que sucede y que sufren, más si cabe, esos ataques”.

Refuerzo de las plantillas
Teniendo en cuenta la situación expuesta, se está produciendo un déficit de personal preocupante que es necesario abordar. Por ello, otra de las peticiones que Cocemfe realiza al Gobierno es que garantice el refuerzo de las plantillas y la sustitución del personal que trabaja en centros y servicios de atención a las personas con discapacidad cuando se incrementan las bajas médicas. 

“A pesar de la publicación de una orden que rebaja, excepcionalmente, los requisitos y facilita las contrataciones rápidas, es necesario que el Gobierno recurra a la movilización prevista en la ley para garantizar su funcionamiento, como podría ser personal del Ejército, si fuera el caso”, explica el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga. Asimismo, es necesaria una mayor coordinación con el sistema público de salud. 

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMMA-Cocemfe Madrid) va más allá y exige un plan de contingencia para residencias de personas con discapacidad física, al ser un colectivo especialmente vulnerable ante el coronavirus. 

El presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid, Javier Font, entiende que el plan de contingencia frente al coronavirus, además de contemplar medidas de prevención para minimizar las posibilidades de contagio, debe tener en cuenta la posibilidad de reponer al personal de las residencias de personas con discapacidad física, en caso de bajas por contagio de coronavirus. “Para muchos pacientes, la dependencia de sus cuidadores es total y no podrían sobrevivir, no ya al coronavirus, si no a la ausencia del personal sanitario y asistencial, de los que algunos residentes dependen para alimentarse y realizar otras tareas básicas de su vida”, señala Font.

La Federación se ha puesto en contacto con la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, “que nos ha transmitido tranquilidad. Pero lo cierto es que no hay nada tangible al respecto y la preocupación va creciendo a cada momento”. Y Javier Font añade: “La Administración tiene que estar preparada para el peor de los escenarios y prevenir contagios de riesgo y situaciones de abandono de las personas más vulnerables”.

Discapacidad intelectual
En España, se estima que hay en torno a 63.610 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que presentan necesidades de apoyo complejas, ya sea por la presencia de otras discapacidades (físicas, sensoriales, etc.) como por la presencia de problemas de conducta o trastornos de la salud mental.

Por eso, Plena inclusión España ha lanzado un SOS al Gobierno ante la situación de desamparo que soportan 17.000 personas con discapacidad intelectual confinadas en más de 1.000 dispositivos residenciales (residencias y pisos tutelados) de todo el país. La organización también recuerda el riesgo de abandono en el que se hallan miles de familias condicionadas por la cuarentena del coronavirus, que atienden en sus domicilios, sin prácticamente medios, a un gran número de personas con discapacidad intelectual, TEA o parálisis cerebral. 

Plena inclusión ha hecho llegar esta llamada de auxilio al Gobierno de Pedro Sánchez ante la falta de material médico y de protección, la saturación de los servicios y el aumento de nuevos casos confirmados de coronavirus en lugares donde el personal que los atiende asume una enorme sobrecarga de trabajo generado por la pandemia. 

“Reclamamos al Gobierno y a las comunidades autónomas urgentes suministros de EPI (mascarillas, guantes, etc.) y el refuerzo del personal sanitario. Deben entender que, en este momento crítico, las personas con discapacidad intelectual son población especialmente vulnerable”, ha denunciado su presidente Santiago López.

Plena inclusión España advierte que el progresivo deterioro de las condiciones en estos espacios residenciales pone en serio riesgo cientos de vidas humanas. “Desde nuestras residencias nos llegan informaciones alarmantes sobre el desabastecimiento de productos básicos de prevención del contagio. Los servicios están superados en su capacidad de reacción”, señala López. También añade que el personal, “aunque demuestra cada día una entrega generosa que va mucho más allá de lo exigible”, se ve obligado a doblar turnos y empieza a verse superado por una situación que excede cualquier previsión. 

Las organizaciones de Plena inclusión están desarrollando servicios de apoyo a distancia para poder, en la medida de sus posibilidades, paliar la situación de confinamiento y las necesidades básicas de las familias con mayores dificultades.

Acceso a la atención sanitaria
Hay personas con discapacidad que, a pesar de tener síntomas suficientes como para ser ingresadas en un hospital, continúan siendo atendidas en centros que no están preparados para ello. En este sentido, el presidente de Cocemfe, Anxo Queiruga, recuerda que las residencias no son centros médicos: “No están medicalizadas ni cuentan con medios ni con personal para atender situaciones críticas que requieren una atención sanitaria especializada, salvo las ratios de personal marcadas por la normativa en función de los residentes”. Y añade: “Los centros sociosanitarios son viviendas que cuentan con los medios y personal necesarios para que sus residentes reciban cuidados de la vida diaria. Por lo tanto, no pueden realizar tratamientos ni proporcionar cuidados intensivos”.  

Por ello, Cocemfe exige que los protocolos clínicos o las propuestas de actuación de las sociedades científicas respeten el ordenamiento jurídico, el principio fundamental de no discriminación y los derechos humanos de todas las personas, incluidas las que presentan una discapacidad. 

En la misma línea, el Cermi y las asociaciones UDP (Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España) y Ceoma (Confederación Española de Organizaciones de Mayores) exigen que las personas con discapacidad y las personas mayores no sean discriminadas en el acceso a la atención médica y a tratamientos en unidades de cuidados intensivos durante la pandemia de Covid-19.

Las tres entidades exhortan a las sociedades científicas a revisar sus protocolos y manuales para desterrar cualquier atisbo de desigualdad y para que resulten absolutamente respetuosos con el marco de derechos humanos que rige en España, “porque no se puede descartar a nadie por razón de edad o de discapacidad de determinados tratamientos, ya que todas las vidas merecen el mismo respeto y tienen el mismo valor”.

Además, el Cermi, Ceoma y UDP recuerdan que la actuación de las instituciones y profesionales sanitarios, en cualquier situación, “debe estar presidida por los mandatos imperativos de derechos humanos de no discriminar ni de tratar desigualmente, y de actuar sin prejuicios y sesgos que castigan a quien se considera diferente y, por tanto, de menor valor, cuya salud o cuya vida es sacrificable por ser menos prioritaria”.

Respecto a los criterios de acceso a las UCI, Cocemfe también hace un llamamiento al personal y autoridades sanitarias para que los criterios de asignación de recursos y los sistemas de triaje en situaciones de emergencia que se apliquen por la crisis del Covid-19 no tengan en cuenta la discapacidad preexistente de las personas. “Tener una discapacidad no implica menor calidad de vida, puesto que se trata de una situación social y no una condición médica. Por tanto, no puede ser uno de los criterios de ingreso que se establezcan para la descarga de las unidades de cuidados intensivos ante la crisis del coronavirus en España”, asegura Anxo Queiruga.

“Las personas con discapacidad debemos tener la garantía de que nuestra supervivencia es una prioridad”, afirma Queiruga y destaca “la necesidad urgente de que el sistema sanitario establezca protocolos para emergencias de salud pública que garanticen, cuando los recursos médicos sean limitados, la no discriminación de las personas con discapacidad en el acceso a la salud, incluyendo las medidas que se adopten para salvar vidas”.

Por ello, Cocemfe y todo el sector de la discapacidad de nuestro país reclama a las autoridades sanitarias que vigilen estrechamente que todos los protocolos clínicos que se aplican en la actual crisis del coronavirus son garantistas del principio de igualdad, y piden al Ministerio Fiscal su intervención para promover la acción y la protección de la Justicia con los grupos sociales que pueden verse más expuestos a tratos excluyentes.

Otra cuestión importante a tener en cuenta es el acceso a los medicamentos y productos sanitarios. En este sentido, Cocemfe considera necesario tomar medidas excepcionales que garanticen el acceso y suministro de los medicamentos y productos sanitarios a las personas con discapacidad física y orgánica y aquellas personas en situación de dependencia o de análoga necesidad. 

Su presidente Anxo Queiruga asegura que, debido a las restricciones o limitaciones a la movilidad, muchas personas consideradas de riesgo por las autoridades sanitarias (trasplantados, niños y adolescentes con cáncer, y otras personas con enfermedades crónicas, pluripatológicos o con estados de inmunosupresión), “están encontrando serias dificultades para poder acceder a los medicamentos o productos sanitarios que son imprescindibles para su salud y calidad de vida”. 

Por ello, Cocemfe solicita que se establezca un sistema que asegure el suministro a las personas con discapacidad física y orgánica o en situación de dependencia o de análoga necesidad de todos los medicamentos o productos sanitarios que necesitan, ya sean de dispensación hospitalaria, domiciliaria o farmacia comunitaria; o productos de higiene íntima, de limpieza del hogar o de autoprotección. 


Lunes, 20 de Abril 2020

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