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Protección jurídica: el respeto a la voluntad de la persona


La Fundación Manantial y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid han organizado en el campus de Vicálvaro el Congreso Internacional sobre Empoderamiento de las personas con discapacidad, en el que expertos de gran reconocimiento y prestigio a nivel nacional e internacional han debatido en torno a la protección jurídica de las personas adultas con discapacidad: oportunidades, riesgos y salvaguardias. Asegurar la protección en el ámbito familiar, pero también patrimonial es de especial importancia, ya que todos los españoles somos iguales ante la ley y nadie puede ser privado de su libertad y, por ende, del derecho a decidir sobre su propia vida.



Por Esther Eugenio

Elegir dónde quieres vivir
La catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, Silvia Díaz Alabart, se ha referido a la actuación de la persona con discapacidad en el ámbito personal y familiar. En este sentido, elegir dónde deseas vivir es una decisión importante y, por supuesto, un derecho. Díaz Alabart ha destacado que “todas las personas tienen derecho a gozar de su libertad y, con ello, a fijar su domicilio donde mejor les parezca. La privación de libertad supone una vulneración de ese derecho fundamental”. No obstante, Díaz Alabart ha reconocido que “las personas con discapacidad psíquica o la que provenga de enfermedades degenerativas asociadas a la vejez pueden necesitar ser internadas en centros psiquiátricos o residenciales que les presten los cuidados que su situación requiera”.

En este caso, la catedrática de Derecho Civil ha señalado que “estos internamientos pueden ser voluntarios, esto es, aceptados por el propio interesado que conserva la suficiente capacidad de querer y entender para consentir válidamente, en cuyo caso mientras conserve esa capacidad y no cambie de opinión ese internamiento no vulnerará su derecho a la libertad; o involuntarios, los contrarios a la voluntad expresa de la persona o también cuando esta carece de la capacidad para prestar un consentimiento real, o incluso cuando el internamiento que era inicialmente voluntario deviene involuntario, porque mientras transcurre esa persona ha perdido la capacidad para consentir”.

Según Díaz Alabart, el mayor número de casos de ingresos involuntarios se da “en personas mayores afectadas en grado severo por enfermedades degenerativas”. Y sobre ellos ha asegurado que “pueden ser aceptables en ciertos supuestos, pero siempre con un control judicial apoyado en los pertinentes informes médicos y con una revisión periódica de las circunstancias que garantice que no se está vulnerando el derecho a la libertad”. 

A nivel nacional, la única regulación que tienen estos internamientos está en la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente en el artículo 763 (internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico). “Aunque su contenido parece pensado, sobre todo, para los ingresos hospitalarios de personas que padecen enfermedades psíquicas que, en la mayor parte de los casos, pueden ser reversibles o, al menos, que con un tratamiento adecuado puedan hacer innecesario ese internamiento permanente. Pero no parece tanto pensado para quienes padecen esas enfermedades cerebrales degenerativas en fase avanzada, que sí pueden llegar a precisar ese tipo de internamientos”, ha precisado esta experta. Si bien, el Tribunal Constitucional ha señalado que estas reglas del artículo 763 son aplicables también a los centros residenciales. 

Este artículo fija como regla esencial para el internamiento la exigencia irrenunciable del control judicial; el juez será quien en última instancia decida si procede ese internamiento o no, y la continuidad del mismo. En el texto del artículo se distinguen dos supuestos. El primero, cuando la situación de la persona no revista urgencia. En este caso, se requiere la autorización judicial previa al ingreso. Mientras se está en esta fase, y a la vista de un futuro proceso de incapacitación, es posible realizar el ingreso como una medida cautelar. Segundo supuesto, cuando la situación de la persona revista una urgencia que aconseja el internamiento inmediato. En este caso, se puede realizar sin previa autorización judicial, pero siempre es imprescindible un informe médico que lo recomiende justificadamente. La garantía legal en este supuesto se instrumenta con la obligación del responsable del centro en el que se produjo el ingreso de dar cuenta al juez en un plazo máximo de 24 horas. A partir de ese conocimiento, el juez tiene un plazo máximo de 72 horas para ratificar o no el internamiento.

Por situación de urgencia se entiende aquella que suponga un riesgo inminente para la salud física del sujeto que se interna o que suponga ese mismo riesgo para terceras personas. No obstante, se trata de un término multívoco. En el caso de internamientos de personas mayores dependientes con enfermedades degenerativas, según Díaz Alabart, “la persona no puede valerse por sí misma prácticamente para nada y es difícil prestarle toda la asistencia necesaria en el hogar”. En cualquier caso, ya sea un internamiento ordinario o por razón de urgencia, el control judicial va a extenderse durante todo el tiempo que dure el mismo a través de informes periódicos médicos. 

La catedrática de Derecho Civil ha recordado, además, que “la persona en el momento que tiene plena capacidad puede prever esta situación de internamiento involuntario, y lo puede hacer en poder preventivo o en documento de voluntades anticipadas, aduciendo que no desea ser internada en una residencia, salvo que esto sea imposible, porque cuenta con dinero suficiente para que la atención se le preste en su propio domicilio”.

Administrar tus bienes
El catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, Ignacio Gallego Domínguez, se ha centrado en la administración de los bienes de las personas protegidas, con especial consideración de los abusos de los guardadores. En primer lugar, Gallego Domínguez ha explicado quiénes son las personas protegidas: “Aquellas a las que se refiere el artículo 199 de nuestro Código Civil: ‘Nadie puede ser declarado incapaz, sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley’, y el artículo 200: ‘Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma’”. Por tanto, “la falta de autogobierno es la clave para la incapacitación; los dos preceptos básicos que no han sido retocados aún, pero lo serán próximamente, y tampoco han sido adaptados terminológicamente a la exigencia de la Convención de Nueva York, que habla de capacidad de obrar”, ha añadido. 

¿Y cuáles son las instituciones de protección? El artículo 215 de nuestro Código Civil señala que “la guarda y protección de la persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados, se realizará, en los casos que proceda, mediante:
  1. La tutela. Estarán sujetos a tutela: los incapacitados, cuando la sentencia lo haya establecido.
  2. La curatela. Para las personas a quienes la sentencia de incapacitación o, en su caso, la resolución judicial que la modifique coloquen bajo esta forma de protección en atención a su grado de discernimiento.
  3. El defensor judicial. Se nombrará un defensor judicial que represente y ampare los intereses de quienes se hallen en alguno de los siguientes supuestos: cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador. 

Asimismo, Gallego Domínguez ha manifestado que “puede haber personas distintas al tutor que administren bienes de una persona protegida o, más ampliamente, vulnerable. Nuestro Código Civil contempla los supuestos de: padres que



Jueves, 25 de Octubre 2018

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