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“Queremos unos servicios sociales cercanos al ciudadano, y eso se tiene que construir de la mano de los ayuntamientos”


Este año, la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Comunidad Valenciana ha conseguido algunos logros en materia de dependencia y servicios sociales. El más destacado es el nuevo modelo de servicios sociales, cuya puesta en marcha ha supuesto una inversión de 36,6 millones de euros y va a permitir el fortalecimiento de los servicios sociales municipales. Según explica la consejera Mónica Oltra, “supone multiplicar por cuatro las plantillas y acometer un cambio de modelo que dignifique un sistema público”. También en estos meses ha entrado en vigor el decreto de reconocimiento de dependencia y el anteproyecto de ley para garantizar el respeto a la dignidad y autonomía de la persona al final de la vida, temas que abordamos en esta entrevista. El papel de los cuidadores informales y los conciertos sociales son otras cuestiones que Oltra ha destacado.



Por Carmen Moreno

MÓNICA OLTRA
Consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas 
Comunidad Valenciana


¿Cuál es el balance que hace del nuevo modelo de servicios sociales implantado por la Consejería, que apuesta de manera decidida por la remunicipalización de la atención base? ¿Cuáles son las ventajas?
La remunicipalización de los servicios sociales ha sido una de las grandes apuestas que se han planteado desde la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, porque creemos que la proximidad es fundamental en la atención al ciudadano y, en este sentido, el trabajador social, el psicólogo y el educador que están en el pueblo son los que conocen a las personas.
 
Frente a los datos de riesgo de pobreza y exclusión social de una ciudadanía fuertemente empobrecida durante los últimos años de crisis económica, la falta de implicación del antiguo Gobierno con los derechos sociales dejó unos servicios sociales desmantelados, con menos competencias y escasa inversión en programas de atención a los ciudadanos.
 
Durante 20 años hubo una falta total de coordinación entre las Administraciones, con recursos subvencionados por tres instituciones distintas o la existencia de 118 aplicaciones informáticas diferentes, lo que implicaba que cada ayuntamiento funcionara de manera distinta ofreciendo una atención a la ciudadanía en función del municipio de residencia.
 
En la Conselleria, por ejemplo, cuando llegamos no había ni un listado con los correos electrónicos de los ayuntamientos, así que se puede imaginar la nula relación que existía con los servicios sociales municipales, que ante esta falta de liderazgo tuvieron que optar por aplicar sus propios criterios, lo que dio lugar a 542 formas distintas de trabajar.
 
Ante este panorama, la Conselleria ha optado por diseñar un nuevo modelo que cuenta con una red de profesionales, dependientes de las entidades locales, para la Atención Primaria de los problemas sociales, capaz de compaginar la proximidad a la ciudadanía con los recursos precisos para la cobertura de las necesidades sociales.
 
Para ello, se han realizado las inversiones necesarias que permitan acabar con los recortes respecto a la ratio de profesionales del sistema de servicios sociales por el número de habitantes a atender, y reducir la importante diferencia con otros sistemas como el sanitario o el de educación, en el que sí se tienen en cuenta el número de personas que debe atender cada profesional.
 
El aumento de personal repercute en una mejor atención a las personas, y con las inversiones realizadas desde Igualdad, las ratios de profesionales por habitante pasan de un profesional por cada 12.742 habitantes en 2015, a uno por cada 8.770 en 2016, con la previsión de que a finales de 2017 la cifra baje hasta uno por cada 3.211 habitantes.
 
Para lograr este objetivo, se ha incrementado el presupuesto este año. ¿A cuánto asciende? ¿Cree que es suficiente para dar una atención adecuada a los usuarios?
La puesta en marcha del nuevo modelo ha supuesto una inversión de 36,6 millones de euros, lo que representa un incremento del 118 % respecto a la cantidad que se destinaba a ayuntamientos para la contratación de equipos base en 2016. Este dinero va a permitir el fortalecimiento de los servicios sociales municipales, ya que los ayuntamientos van a aumentar las contrataciones de personal, pudiendo pasar de los 352 profesionales con los que se contaba hace dos años a los cerca de 1.400 que podrían formar parte de los equipos sociales municipales.
 
Esto supone multiplicar por cuatro las plantillas y acometer un cambio de modelo que dignifique un sistema público, donde el municipalismo es el instrumento adecuado para fomentar políticas de proximidad y donde los equipos de base puedan trabajar desde la prevención con el objetivo de rescatar personas y ofrecer la atención social que por derecho les corresponde.
 
Para ello, se van a crear equipos multidisciplinares con una rigurosa formación profesional, de manera que entre 2017 y 2019 todos los municipios y mancomunidades dispongan de un trabajador o trabajadora social, un educador o educadora social, un psicólogo o psicóloga, un asesor o asesora jurídica y un administrativo o administrativa.
 
De igual forma, el nuevo modelo se está presentado por toda la Comunitat Valenciana con reuniones con alcaldes y concejales, para escuchar sus propuestas y evaluar el buen funcionamiento del mismo, de manera que a final de año se pueda hacer una revisión de este primer ejercicio y corregir aquellas cuestiones que sean necesarias para lograr un óptimo funcionamiento.
 
Desde la Conselleria se está haciendo un esfuerzo presupuestario muy importante para la implantación de este nuevo modelo y lamentablemente no estamos recibiendo la misma respuesta por parte del Gobierno central, que reduce su aportación a un 5 % a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas y Servicios Sociales. Una actitud que mantiene en otros asuntos importantes para la ciudadanía, como el sistema de atención a las personas dependientes, donde la aportación del Estado sólo cubre el 12 % del total.
 
Además, será necesario una mayor coordinación entre las Administraciones. ¿Cómo se está resolviendo esta cuestión que no siempre es sencilla?
Como le he explicado, desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se está recorriendo la Comunitat Valenciana de arriba a bajo para explicar a todos los municipios el funcionamiento y los objetivos del nuevo modelo de servicios sociales porque, a diferencia de lo que ocurría con el antiguo Gobierno, nosotros sí que queremos liderar este cambio.
 
Este Gobierno tiene claro que quiere unos servicios sociales cercanos al ciudadano que abandonen la labor meramente burocrática que han ejercido en los últimos 20 años, y vuelvan a recuperar su papel de intervención sobre el terreno; y también que eso se tiene que construir de la mano de los ayuntamientos, y por eso se está en contacto continuo con ellos.
 
Además de las visitas y múltiples reuniones que se están haciendo, está previsto crear un foro de coordinación con los profesionales de los equipos municipales para que comunicación sea fluida y constante.
 
Con el nuevo modelo de servicios sociales, las ratios de profesionales por habitante pasan de un profesional cada 12.742 habitantes en 2015, a uno por cada 8.770 en 2016, con la previsión de que a finales de 2017 la cifra baje hasta uno cada 3.211 habitantes

 
En junio de este año ha entrado en vigor el nuevo decreto del Consell del reconocimiento de dependencia. Agilizar el proceso de reconocimiento y el acceso a los servicios y prestaciones es uno de sus objetivos principales. ¿Qué medidas de actuación plantea?
Este nuevo decreto, pionero en España, va a permitir la aplicación de una ley que, a pesar de que lleva 10 años aprobada, en la Comunitat Valenciana está muy lejos de ser una realidad, después de que el antiguo Gobierno aparcara su puesta en marcha y dejara a un lado los derechos de las personas más vulnerables de la sociedad.
 
Con la nueva norma se podrá ampliar la red pública de valoraciones, extendiéndola a los ayuntamientos, a través de los equipos municipales, así como a otros puntos, como las residencias públicas; los hospitales de media y larga estancia; las unidades de salud mental y las prisiones.
 
Este cambio en la red de valoraciones ha permitido pasar de 17 a más de 400 profesionales capacitados para hacer esta labor, lo que agilizará mucho la gestión de expedientes, junto al hecho de que en aquellos casos en los que las preferencias expuestas por la persona interesada coincidan con el informe social de entorno se emitirá automáticamente la resolución.
 
El decreto abre también la puerta a nuevos servicios y prestaciones, como la prestación vinculada de garantía, que se ofrecerá en los casos en los que no se disponga de plaza pública adecuada al grado de dependencia del solicitante o la solicitante en un radio de 20 kilómetros de su domicilio.
 
Además, se incluye la atención residencial como servicio para las personas con diversidad funcional con grado I reconocido, que hasta ahora estaba excluido del catálogo de servicios para la dependencia moderada.
 
¿Qué premisas introduce que favorecen la promoción de la autonomía personal?
La prioridad es que las personas dependientes puedan continuar en su entorno familiar el máximo tiempo y que el ingreso en una residencia sea el último paso, por ese motivo es tan importante al promoción de la autonomía personal, y por ello hemos querido que el decreto la impulse con novedades como la posibilidad de que la prestación económica de asistencia personal sea también para aquellas personas que no estudien o trabajen, requisito que hasta ahora era necesario.
 
Otra forma de avanzar en la promoción de la autonomía personal es la regulación del régimen de incompatibilidades entre servicios, de manera que las personas dependientes podrán pedir un máximo de dos. Así, los niños por ejemplo que tengan asignada una prestación de cuidador o cuidadora en el ámbito familiar, también podrán solicitar tener acceso a prestaciones para cubrir las terapias de estimulación o desarrollo cognitivo.
 
¿Cuál debe ser el papel de los cuidadores informales en el Sistema de Dependencia?
Desde la Conselleria se trabaja para garantizar que siempre se respeta la voluntad de la persona dependiente, que es la que solicita la prestación o el servicio que más se adapta a sus necesidades, y que una vez cuenta con el informe favorable de los servicios sociales es el que debe primar; y actualmente la mayoría quiere quedarse en el entorno familiar.
 
Por este motivo, a través de este nuevo decreto se han introducido modificaciones referidas a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, con el objetivo de regular esta figura y darle más estabilidad, introduciendo la obligatoriedad de que exista un contrato laboral que la vincule a la persona a la que atiende.
 
Asimismo, señala que la persona cuidadora de proximidad podrá ser familiar hasta cuarto grado del solicitante o persona cercana, aunque en este último caso deberá constar el informe social que lo acredite; y también elimina la incompatibilidad de trabajar para poder ser cuidador o cuidadora, siempre y cuando no se atienda a más de dos personas en situación de dependencia.
 
Esta última medida es muy importante ya que en el caso de los niños y las niñas con algún tipo de dependencia, muchos padres o madres se veían obligados a dejar totalmente de trabajar para poder recibir esta prestación, y ahora podrán compatibilizar ambas cuestiones...
 



Jueves, 7 de Septiembre 2017

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