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Reforma del régimen local


La aprobación de la Ley 27/2013, de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), ha supuesto un cambio en la ordenación de competencias de la Administración local en España, que tendrá también un importante impacto sobre las comunidades autónomas, ya que deberán asumir la gestión de servicios hasta ahora en manos de los ayuntamientos. Uno de los sectores más afectados será el de servicios sociales, sobre todo en lo que se refiere a la titularidad de las competencias, su desempeño y financiación.



Las Administraciones Públicas, profesionales, empresarios y proveedores de servicios analizaron las implicaciones de este cambio legislativo en un foro de discusión abierto. ¿Cuál es la realidad de la que partimos?
 
En materia de servicios sociales, las comunidades autónomas asumirán paulatinamente, y en un máximo de dos años, las competencias que prestan los ayuntamientos. De esta manera, los municipios se limitarán a la “evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”. Así, se pretenden eliminar duplicidades y racionalizar el gasto, con el fin de alcanzar la estabilidad y sostenibilidad financiera en la prestación de los servicios sociales. 
 
Sin embargo, las comunidades tienen la alternativa de delegar el servicio en la diputación o en el ayuntamiento correspondiente. Ahora bien, la Ley también dice que el traspaso de estas competencias no podrá suponer un incremento del gasto en su conjunto. Por ello, hay comunidades que han exigido que esto se tenga en cuenta en los sistemas de financiación autonómico y local, que el Gobierno se ha comprometido a reformar.  
 
Centrándonos en la financiación, como medida de trasparencia de las Administraciones Públicas, la Ley establece la obligación de determinar el coste efectivo de los servicios que prestan las entidades locales. Así, cada año y antes del 1 de noviembre, partiendo de la liquidación de sus presupuestos, deberán calcular y comunicar el coste efectivo de los servicios que prestan. 
 
Por otra parte, la gestión de los servicios básicos de los municipios de menos de 20.000 habitantes se centralizará en la  provincia, salvo que “justifiquen” que los pueden prestar a un precio más bajo. 
 
Por todo lo expuesto, a pesar de la voluntad inicial de homogeneizar las reglas de juego en el territorio nacional, esta Ley se aplicará con diferencias importantes en función de la comunidad autónoma o entidad local de que se trate. Además, hay comunidades que consideran que la norma vulnera las competencias autonómicas y atenta contra la autonomía local. Para salvar estas y otras diferencias, la colaboración entre Administraciones será fundamental. Y este encuentro supuso un excelente punto de partida.


Por Sonia García



Viernes, 10 de Octubre 2014

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