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Sánchez Rubio destaca que el concierto social contribuirá al fortalecimiento del sistema público de servicios sociales




La consejera de Igualdad y Políticas Sociales de Andalucía, María José Sánchez Rubio, ha destacado en Comisión parlamentaria que el concierto social contribuirá al fortalecimiento del sistema público de servicios sociales. Ha recordado que la nueva figura regulada mediante decreto desarrolla la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía, cuyo objetivo es reforzar la eficacia, la calidad y la rentabilidad social de estos servicios.
 
En su comparecencia, ha subrayado que el concierto social se configura como un contrato administrativo especial, según la actual legislación de contratos del sector público. Se aplicará a los conciertos que realicen la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales, “dando prioridad a las entidades sin ánimo de lucro, siempre que haya igualdad de condiciones”, ha recalcado.
 
Según ha explicado, el concierto se regirá por unos principios entre los que destaca la existencia de un vínculo afectivo o terapéutico, la atención continuada a personas, familias o grupos, la proximidad a la población destinataria de los servicios y la atención especializada y de calidad centrada en la persona.
 
Ha subrayado también que “lo importante es prestar los servicios en el mismo entorno y con los mismos referentes personales y profesionales para garantizar la seguridad emocional de mayores, personas con discapacidad y menores”. La consejera se ha detenido especialmente en el ámbito de la infancia y en concreto en los menores que están en centros de protección, a los que debe evitarse “el impacto que supondría un cambio del proveedor del servicio”. Se ha referido así al “arraigo como clave para alcanzar la integración y la seguridad emocional necesaria para que puedan recomponer sus vías”.
 
Junto con esos requisitos, según el decreto, las entidades que tengan una plantilla de más de 250 trabajadores deberán disponer de un Plan de Igualdad y las restantes deberán garantizarla incorporando la perspectiva de género a través de medidas o planes específicos. Además, todas las entidades deberán estar inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales.
 
Sánchez Rubio ha hecho hincapié en las cláusulas sociales y ambientales a las que se ha referido como “uno de los elementos claves en la corresponsabilidad de las entidades sociales para con la sociedad andaluza”. De este modo, se pretende impulsar el trabajo digno, la inclusión social y la igualdad de género, así como el respeto al medio ambiente.
 
Podrán ser objeto del concierto social la reserva y ocupación de plazas para uso exclusivo de las personas usuarias del Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales. También la gestión integral de las prestaciones, programas, servicios o centros excepto los de gestión directa que se reserva a la propia administración, como los de información, valoración, orientación y asesoramiento, entre otros.
 
Para cerrar su intervención, la consejera ha recalcado que la finalidad del concierto es “ofrecer servicios sociales de calidad a la ciudadanía andaluza sin exclusión”. Para ello, “habrá un control reforzado de los servicios concertados”, ha asegurado la máxima responsable de estas políticas en Andalucía.


Jueves, 5 de Abril 2018

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