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Se recorta un 15% la prestación al cuidador informal y se premia a las CCAA que prioricen los servicios


La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y los consejeros en materia de servicios sociales de las comunidades autónomas, abordaron ayer en el Consejo Territorial la reforma de la Ley de Dependencia que, previsiblemente, se aprobará el próximo viernes en Consejo de Ministros. La reducción de un 15% de la prestación económica al cuidador informal, la incorporación de los dependientes moderados en 2015, la ampliación de la retroactividad, la inclusión de la vivienda para calcular el copago y la eliminación de los niveles de dependencia son algunas de las principales novedades. Asimismo, el Gobierno premiará a las comunidades autónomas que apuesten por los servicios profesionales.



Ana Mato en el Consejo Territorial
Ana Mato en el Consejo Territorial
Tras la evaluación definitiva de los resultados de la aplicación de la Ley de Dependencia, el Gobierno puso de manifiesto que se han superado las estimaciones, “lo que ha creado una maraña normativa, deficiencias y desigualdades entre comunidades autónomas, que han colapsado el Sistema de Dependencia”, explicó la ministra. En la actualidad, según Mato, el desfase es de 2.700 millones de euros; 400.000 dependientes (de ellos, 225.000 grandes dependientes), una deuda en la Seguridad Social de más de 800 millones de euros y una lista de espera de unas 300.000 personas.

Ante esta realidad, “el Gobierno pretende actualizar y mejorar un modelo que había quedado desfasado y garantizar su sostenibilidad, en un contexto económico marcado por la necesaria contracción del gasto en todos los ámbitos de la Administración”, dijo la ministra.

Para ello, la reforma de la Ley de Dependencia tiene en cuenta las siguientes cuestiones:

1- Potenciar la prestación de servicios, apostando por una atención profesional y cualificada. En este sentido, Mato aseguró que con esta medida “se genera empleo y actividad económica, garantizando, además, la calidad de los servicios”. Si bien la ministra reconoció la importancia de los cuidados en el entorno familiar, recordó que se trata de una medida excepcional que se ha convertido en norma. Por tanto, el acuerdo para la mejora de la Ley de Dependencia supone la exigencia de una serie de requisitos a las personas que cuiden de sus familiares, como el compromiso para recibir la formación necesaria. Pero la principal medida es que se reducirá la prestación económica por cuidados en el entorno familiar en un 15% como mínimo, ya que las comunidades autónomas podrán incrementar ese porcentaje.

Por otra parte, la ministra avanzó que el sistema de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social de los cuidadores en el entorno familiar “se revisará en profundidad para establecer una nueva regulación que tenga en cuenta sus especificidades”. Sin embargo, Ana Mato remarcó que mientras se concreta esta revisión, los cuidadores familiares que actualmente estén en alta “no perderán dicha categoría y la conservarán en tanto en cuanto permanezcan las circunstancias que dieron lugar al convenio especial”.

2- Copago. La ministra expuso la intención del Gobierno de hacer un modelo “más justo, equitativo y solidario. Cuando entre en vigor el acuerdo que mejora los mecanismos de la dependencia, el usuario que más renta tenga aportará más”. Para ello, en el proyecto de Real Decreto sobre capacidad económica y participación del beneficiario se deja constancia de unos criterios mínimos y básicos para determinar la aportación en el coste de las prestaciones que reciben. Si bien ya se tenía en cuenta la renta y el patrimonio del dependiente, parece ser que comenzará a computarse también la vivienda. Asimismo, se mantiene que las rentas iguales o inferiores al IPREM quedarán exentas del copago.

3- Retroactividad. El Gobierno revisará el proceso de retroactividad y se ampliará a un plazo máximo de dos años, en lugar de los seis meses actuales, el tiempo que las comunidades autónomas tienen para atender a los dependientes sin que estos adquieran el derecho de recibir los atrasos.

4- El Gobierno premiará a aquellas comunidades autónomas que apuesten por la prestación de servicios. En 2013, el 90% de la financiación se distribuirá teniendo en cuenta el número de dependientes atendidos y el 10% restante en función de los servicios prestados. Este porcentaje se irá equiparando hasta alcanzar el 50% en cinco años.

5- Priorizar la atención a los grandes y severos dependientes. Pretende acabar con la lista de espera “de las personas que más cuidados necesitan y que requieren una atención más exhaustiva”, aseveró la ministra. La medida busca, por tanto, reducir el tiempo de espera e inyectar más agilidad a los trámites para el reconocimiento del grado de dependencia. Como consecuencia, el calendario para la incorporación de las personas con dependencia moderada o leve se retrasará a 2015. Mientras tanto, serán atendidas por los servicios sociales.

6- Simplificación de los grados y niveles, con el objetivo de agilizar los trámites y descargar burocracia. Así, el reconocimiento de las personas que entren en el sistema se ajustará a tres grados: Gran Dependencia, Dependencia Severa y Dependencia Moderada. Se eliminan, por tanto, los seis niveles actuales.

7- Garantizar la igualdad de aplicación de la Ley de Dependencia. Se definirán unos criterios mínimos y básicos, tanto en la solicitud como en la resolución del reconocimiento del grado de dependencia y en el derecho a recibir la prestación. “Ante iguales circunstancias, iguales prestaciones”, resumió la ministra.

8- Adecuación de las prestaciones y servicios a las necesidades reales de las personas dependientes. En este sentido, se extenderá la partida por asistente personal a todos los grados, algo que hasta la fecha no sucedía, pues ésta se aplicaba solo a los dos niveles del grado III.

9- Mayor trasparencia y eficacia de la aplicación de la Ley de Dependencia. Para ello, se mejorará el sistema de información y la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y el Consejo Territorial de la Dependencia se funden en un mismo órgano, que se denominará Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD.

Si bien la ministra destaca “el consenso y el gran acuerdo obtenido con las comunidades autónomas”, no todas están de acuerdo con las medidas tomadas que, en ocasiones, se interpretan de manera diferente.

Por ejemplo, el Gobierno habla de “adecuar al régimen más apropiado las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores informales”. Mientras, la mayoría de las comunidades autónomas aseguran que el Gobierno eliminará las cotizaciones a la Seguridad Social a los nuevos cuidadores que se incorporen al Sistema. Lo mismo sucede con el copago: Ana Mato insiste en que como hasta ahora “aportará más el que más tiene”, mientras que la mayoría de comunidades autónomas afirman que éste aumentará al entrar en juego la vivienda habitual.

Por otra parte, si bien el Gobierno insiste en la necesidad de garantizar la igualdad de aplicación de la Ley de Dependencia, cada comunidad autónoma tendrá flexibilidad para reducir aún más el porcentaje al cuidador informal.

Las comunidades más críticas con las medidas adoptadas han sido País Vasco, Asturias, Andalucía y Cataluña. En el próximo número del periódico BALANCE de la Dependencia, se informará de manera más extensa sobre el posicionamiento de las comunidades autónomas.


Miércoles, 11 de Julio 2012

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