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Seguridad alimentaria, determinante en la calidad del servicio




La seguridad alimentaria es clave a la hora de hablar de la calidad del servicio que ofrecen las empresas de restauración social. En estos centros es esencial que el servicio de restauración tenga la capacidad de certificar que todos los alimentos que se sirven cumplen con la normativa exigida, puesto que los usuarios de sus servicios son, en muchos casos, personas más vulnerables o con necesidades nutricionales más especificas. Tanto las administraciones públicas como las entidades privadas cuentan con los mecanismos de control necesarios para certificar que el proceso respeta los cánones marcados por la legislación nacional y la europea. 

Para asegurar la protección de la vida y de la salud de las personas, al tiempo que se garantiza la libre circulación de los alimentos y que estos sean seguros y saludables, los países europeos y la Unión Europea (UE) en su conjunto cuentan con las políticas de seguridad alimentaria adecuadas. Tanto los estados miembros como la UE disponen de los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad y para verificar, también, el cumplimiento de la legislación alimentaria por parte de todos los implicados en la cadena alimentaria. Para alcanzar un nivel adecuado de protección de la salud y de la vida de las personas “se establece que la legislación alimentaria tendrá su base en el análisis del riesgo, un proceso formado por tres elementos interrelacionados: determinación del riesgo, gestión del riesgo y comunicación del riesgo. Una fórmula que ha comportado cambios significativos a la hora de abordar la seguridad de los alimentos desde el año 2002 en toda la UE”. Así lo explica el abogado experto en derecho de la seguridad alimentaria, consumo y responsabilidad por el producto y presidente de la Sociedad Española de Seguridad Alimentaria (SESAL), Juan Ramón Hidalgo. 

Nuestro país cuenta con los mecanismos suficientes en materia de seguridad alimentaria, ya que a nivel administrativo existen mecanismos de control oficial propios, bien de las comunidades autónomas bien del Estado, para verificar que las empresas encargadas de producir, transformar, comercializar y servir productos alimentarios cumplen con la legislación pertinente. Eso sí, los principios que sustentan esos controles nacionales se rigen por la normativa europea, como recuerda el experto, quien reconoce que esos mecanismos propios, a nivel público “consisten en la realización de controles, inspecciones, auditorías, toma de muestras, analíticas, entre otros. Las administraciones pública tienen, además, potestad para incautarse, inmovilizar y ordenar la destrucción, en su caso, de todos aquellos alimentos inseguros, así como de suspender la actividad o el cierre de determinadas actividades que puedan implicar riesgos para la salud alimentaria. En el ámbito privado, también se establecen mecanismos en materia de seguridad alimentaria, unos impuestos por la legislación (planes de autocontrol obligatorios, verificación de la conformidad a normas…) y otros voluntarios (estándares de seguridad alimentaria no obligatorios, y otros) que ayudan en España a tener un nivel de seguridad alimentaria más que suficiente”.

La restauración social se distingue de la restauración comercial por las condiciones económicas en las que se ejecuta el servicio, por el lugar en el que éste se presta, por el cliente final y por el precio de facturación. Pero, Hidalgo confirma que el cumplimiento de la legislación alimentaria no distingue entre entidades con o sin ánimo de lucro, puesto que se prioriza la seguridad y la salud, así como el respeto a los derechos fundamentales de los destinatarios finales. Por tanto, “en ningún caso deberían afectar estas características propias de la restauración social a la seguridad alimentaria. Es más, en diversas ocasiones los destinatarios finales suelen ser colectivos más vulnerables de ciudadanos que precisan de unos cuidados y de unas obligaciones superiores que el resto de colectivos. La legislación en este sentido establece derechos básicos para poblaciones vulnerables en el ámbito de la seguridad alimentaria que hay que observar y tener en cuenta por parte de los operadores de restauración social”, apostilla. En muchas ocasiones los usuarios de la restauración social (como es el caso de los usuarios de los centros hospitalarios o centros residenciales) son personas con deficiencias de nutrientes, con unos problemas de salud muy concretos y con necesidades nutricionales muy especiales (intolerancias, alergias, etc.) que determinan los cuidados que necesitan.

Por Juani Loro



Martes, 16 de Junio 2015

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