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“Si el Estado aportara el dinero que le corresponde, en Galicia no habría espera”


Beatriz Mato - Conselleira de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia



“Si el Estado aportara el dinero que le corresponde, en Galicia no habría espera”

Desde 2009, Beatriz Mato es la titular de la Consellería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia. Sobre la Ley de Dependencia, en su opinión, la norma nació "con errores en sus estimaciones, tanto de volumen de personas dependientes como de los recursos necesarios, lo que ha llevado consigo bastantes dificultades de gestión". No obstante, Mato declara que "hemos hecho un gran esfuerzo" y, en este sentido, "la Xunta atiende a unas 1.200 personas al mes". Por el contrario, asegura que el Estado no cumple desde el punto financiero con lo establecido en la Ley y, además, "ha disminuido el nivel acordado en 3 millones de euros este año". Es más, la conselleira manifiesta que para seguir mejorando la atención a las personas en situación de dependencia serán necesarias "reformas profundas que permitan el despegue total del Sistema y su sostenibilidad a largo plazo".


“Si el Estado aportara el dinero que le corresponde, en Galicia no habría espera”
¿Cuáles son sus prioridades en política social?
Nuestras prioridades ahora mismo son atender a los colectivos más vulnerables y, sin duda, mejorar la atención de las personas dependientes. En este sentido, nuestro compromiso y trabajo no es sólo atender a más personas, sino hacerlo con calidad, a través de la puesta en marcha de servicios y también de la formación de los cuidadores no profesionales que estamos llevando a cabo.

¿Cómo valora la aplicación de la Ley de Dependencia en España?
La aplicación de la Ley ha supuesto un tremendo esfuerzo para las comunidades autónomas, tanto de gestión, organización y coordinación como, por supuesto, financiero. Ha sido una norma que ha nacido con errores en sus estimaciones iniciales, tanto de volumen de personas dependientes como de los recursos necesarios, lo que ha llevado consigo bastantes dificultades de gestión, especialmente para las comunidades, que son las responsables de la implantación del Sistema. Debido a ello, tras cuatro años y medio desde su implantación, la Ley sigue afrontando obstáculos.

¿Y en Galicia?
Hemos hecho un gran esfuerzo tanto en lo económico, incrementando año tras año el presupuesto, como en la tramitación de los expedientes. En este sentido, me gustaría destacar que en Galicia nos situamos actualmente en el 50% de cobertura, cuando a 31 de diciembre de 2008 estábamos en el 38%. Eso prueba el trabajo que hemos realizado, haciendo frente a una situación heredada que presentaba deficiencias.

En lo que va de legislatura, hemos incrementado la atención en un 221%, al atender a 31.062 personas frente a las 14.000 de la época del anterior Gobierno. Si hacemos una media, la Xunta atiende a unas 1.200 personas al mes, lo que supera el ritmo de entrada de solicitudes con derecho, que se sitúa alrededor de las 1.100 mensuales. Esto quiere decir que hasta junio la Xunta atendió a más de 45.000 personas.

La lectura rápida de estos datos es que si pusiéramos el contador a cero el 1 de mayo de 2009, la Xunta podría responder a toda la demanda existente en la actualidad.

¿Cree que la Ley es sostenible desde el punto de vista financiero?
No. En los últimos cuatro años, se han invertido 940 millones de euros en la aplicación de la Ley, de los que 622 millones de euros los aportó la Xunta y el resto el Estado, lo que significa que Galiciaha aportado en este tiempo más dinero que el Estado, cuando la Ley establece que cada Administración asuma el 50% del presupuesto total. Además, el Gobierno central ha disminuido el nivel acordado en 3 millones de euros este año y no ha tenido en cuenta la dispersión poblacional.

Por su parte, la Xunta amplió a principios de la legislatura el presupuesto en 100 millones de euros adicionales para la atención a personas dependientes. Si el Estado aportara la parte que le corresponde, en Galicia no habría espera.

¿Qué propone para agilizar la aplicación de la Ley?
Para agilizar la aplicación de la Ley y garantizar su viabilidad y suficiencia financiera es necesario que se aborden reformas de forma urgente dirigidas a revisar la financiación, unificar el sistema de información, potenciar la red de servicios existentes, crear empleo directo vinculado al Sistema, analizar la figura y la prestación de cuidados no profesionales y mejorar la coordinación sociosanitaria.

En la mayoría de comunidades autónomas prevalece la concesión de ayudas económicas al cuidador informal frente a la prestación de servicios. En este sentido, ¿qué criterios se tienen en cuenta en la Xunta a la hora de conceder el PIA?
Estamos priorizando la prestación de servicios, que es lo que establece la propia norma. De hecho, se han incrementado en aproximadamente un 98% las plazas en centros de día, un 25% las plazas en residencias para mayores, un 76% las plazas en centros de Alzheimer, un 12% las plazas de atención a personas con discapacidad, un 50% el número de usuarios de teleasistencia y un 113% la financiación del servicio de ayuda a domicilio.

Aún así lo cierto es que existe una realidad actual, en parte fruto de la tradición cultural, de cuidados en el entorno familiar y que deriva hacia la solicitud de la prestación económica. Por tanto, a día de hoy sigue siendo la opción mayoritaria, pero esta situación irá transformándose a medio-largo plazo, con la creación de nuevos servicios y el cambio de tradición de los cuidados familiares.

¿Cuánto empleo ha creado la Ley en Galicia? ¿Podrá crear aún más?
Desde que se publicó la Ley de Dependencia hasta la fecha, se han formalizado más de 141.000 contratos directamente relacionados con atención a dependientes. Analizando la contratación en todo lo relacionado con la norma en los últimos años, podemos apuntar que las previsiones son de crecimiento.

La obtención del certificado de profesionalidad por parte de gerocultores y auxiliares de ayuda a domicilio es la principal preocupación de los trabajadores. ¿Cree que las empresas del sector podrán cumplir con la exigencia de la Ley que dice que el 35% de los profesionales deben estar acreditados este año? Si no es así, ¿qué medidas tomará la Xunta?
Actualmente, en Galicia 3.800 personas ya disponen del certificado de profesionalidad y 1.000 personas más se han formado para obtener la acreditación y están en proceso de tramitación.
Por otro lado, la Consellería de Trabajo y Bienestar, consciente de la problemática existente, ha puesto en marcha la primera convocatoria (y está prevista la segunda) dirigida a acreditar las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral: 500 plazas de atención sociosanitaria a personas en el domicilio y 300 plazas de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Por tanto, parece que podemos estar en disposición de cumplir las expectativas de ese 35%.

¿Qué opina de invertir recursos en promover la autonomía personal, es decir, en atender a los dependientes moderados, cuando aún hay grandes y severos dependientes a la espera de recibir prestación?
Desde el Gobierno, damos mucha importancia a la puesta en marcha de recursos orientados a prevenir la dependencia y, por tanto, enfocados a potenciar la autonomía personal de los mayores. En este sentido, la Consellería cuenta con una programación muy amplia para promover el envejecimiento activo. De todos modos, el calendario de aplicación marcado por el Estado es muy ambicioso, aunque nosotros estamos haciendo todo lo posible para atender a las personas dependientes y, esto, sin contar con toda la ayuda que el Estado por ley debe prestar a las comunidades autónomas.

¿Cómo es el modelo de colaboración con el sector privado?
La forma más comúnmente utilizada es la concertación de plazas, aunque también existen colaboraciones en régimen de concesión. Estos pagos se abonan en un plazo normal de tiempo, generalmente no superior a 15 días.

¿Qué retos se plantea a corto y medio plazo?
Seguir mejorando la atención a las personas en situación de dependencia, para lo que va a ser imprescindible reformas profundas que permitan el despegue total del Sistema y su sostenibilidad a largo plazo, además de seguir avanzando en mejorar la gestión a través de nuevas herramientas, el desarrollo de la nueva cartera de servicios que va a permitir un atención integral, así como la planificación de un mapa de equipamientos sociales de acuerdo y basado en las necesidades de estas personas, de su situación geográfica y de su evolución en un plazo medio y largo de tiempo.
Asimismo, un reto que es pieza fundamental para la viabilidad del Sistema es la creación de una verdadera red de recursos de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal. Para ello, es necesario conseguir una verdadera coordinación sociosanitaria que permita la eficiencia de los dos sistemas.


Viernes, 15 de Julio 2011

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