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“Sin un aumento de la financiación finalista proveniente del Estado no será posible recuperar los derechos perdidos”


Según datos oficiales, el Principado de Asturias es la tercera región con mayor número de personas dependientes atendidas, sólo por detrás de Castilla y León y de Ceuta y Melilla, algo de lo que en la Consejería de Servicios y Derechos Sociales están muy orgullosos. No obstante, la consejera Pilar Varela asegura que es importante revisar la financiación finalista por parte del Estado para el cumplimiento de los plazos legalmente previstos para resolver los casos y la recuperación por parte de los ciudadanos de las prestaciones previas a 2012, que son los objetivos prioritarios que marcan su hoja de ruta. En la entrevista ha manifestado la importancia que otorga a la autonomía personal, a la coordinación sociosanitaria y a los modelos de atención centrados en la persona. Asimismo, ha mostrado preocupación por la estabilidad y tranquilidad de los profesionales que “no cuentan con la debida cualificación, pero sí con una experiencia y formación suficientes para acreditar la calidad que se requiere para trabajar en el sector de los servicios sociales ligados al SAAD”. En este sentido, ha subrayado que defienden que la habilitación excepcional se realice sin límite de edad.



Por Carmen Moreno

Pilar Varela Díaz
Consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias

 

En este año de celebración de la puesta en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas con Dependencia, ¿qué valoración hace de su implantación en Asturias?

Considero que en Asturias podemos estar orgullosos del  compromiso de nuestra comunidad con la aplicación de la Ley y de su grado de implantación. 
 

Sin dejar de reconocer que aún nos queda mucho por hacer, creo que es importante poner en valor que fuimos una de las primeras comunidades en aplicar la nueva norma y que, desde entonces, no hemos dejado de trabajar e invertir recursos para que los apoyos a las personas en situación de dependencia  lleguen cada vez más eficazmente a todos los que lo requieren. Y las cifras nos confirman que estamos en el buen camino puesto que, según los últimos datos oficiales, el Principado de Asturias es la tercera región con mayor número de personas atendidas, sólo por detrás de Castilla y León y de Ceuta y Melilla.  
 

Si, además, tenemos en cuenta que los últimos años han sido especialmente difíciles para las comunidades autónomas, que hemos tenido que asumir el peso mayoritario de la financiación del sistema, creo que estos datos confirman nuestra apuesta clara por la implantación de la Ley de la Dependencia. 
 

 

En unas semanas la comisión de dependencia, creada a raíz de la Conferencia de Presidentes para cambiar el modelo de financiación, emitirá los resultados. ¿Tiene idea de cómo se resolverá esta situación?

El mandato que tiene esta comisión nacional es muy claro: analizar la situación actual del Sistema y su sostenibilidad. 
 

Habrá que esperar a lo que se señale en el informe definitivo, pero es evidente que el nivel de protección mínimo financiado por la Administración General del Estado no es suficiente para atender siquiera el contenido mínimo de las prestaciones (se estima que cubre un 15 %) y esto está provocando que el peso de la financiación del Sistema recaiga principalmente sobre las comunidades autónomas y sobre los propios usuarios. Entendemos que esto no debería seguir así.


 

¿Cree que la financiación es el punto más importante que debe abordarse con respecto a la autonomía personal y a la dependencia?

Sin duda. Sin un aumento de la financiación finalista proveniente del Estado no será posible recuperar los derechos perdidos en 2012, eliminar la lista de espera, continuar con el desarrollo de las prestaciones, o crear nuevos servicios.  
 

 

Actualmente, en Asturias, ¿cuántas personas son beneficiarias (en los tres grados) de esta Ley y cuántas están pendientes de valoración?

A 31 de marzo  hay 20.440 personas dependientes atendidas (lo que supone el 88 % del total de personas dependientes de Asturias) y 3.825 solicitudes pendientes de valoración, lo que representa el 10 % del total de expedientes registrados. 
 

 

En este sentido, ¿cuál es el principal reto al que se enfrente su Consejería?

Hay dos objetivos prioritarios que son los que marcan nuestra hoja de ruta: el cumplimiento de los plazos legalmente previstos para resolver y la recuperación por parte de los ciudadanos de las prestaciones previas a 2012.
 

 

¿Cuál es el recurso mejor valorado por los usuarios de dependencia?

Las personas dependientes y sus familiares se muestran satisfechas, en general, con los servicios profesionales que reciben. No detectamos que haya un recurso especialmente valorado, aunque desde la Administración si valoramos especialmente los servicios que favorecen la autonomía y previenen un mayor grado de dependencia, como la teleasistencia o ayuda a domicilio, porque creemos que el gran reto de esta Ley está en lograr que las personas sean lo más autónomas posibles, el mayor tiempo posible, y a estos dos recursos creemos que son un instrumento de primer orden para lograrlo. 
 

 

En el último Consejo Territorial celebrado mostró su preocupación por la habilitación excepcional de los trabajadores del sector de la dependencia, que deben contar con acreditación antes del 31 de diciembre de 2017. ¿Qué le preocupa exactamente? 

Lo que nos preocupa es la estabilidad y tranquilidad de los profesionales que no cuentan con la debida cualificación, pero sí con una experiencia y formación suficientes para acreditar la calidad que se requiere para trabajar en el sector de los servicios sociales ligados al SAAD. 
 

A menos de un año para que venza la moratoria acordada, debemos articular los mecanismos necesarios para que todas esas personas sepan a qué atenerse, y nosotros defendemos que la habilitación excepcional se realice sin límite de edad. Así se lo hemos transmitido al Ministerio y esa posición es la que trasladaremos en la comisión delegada de Sevilla, en la que se abordará el asunto.
 

 

Es fundamental que los cuidadores no profesionales o familiares estén informados y formados. ¿Desde su Consejería se realizan políticas para promoverlo?

Comparto totalmente lo que comenta, por eso nuestra Consejería apoya, promueve y fomenta la realización de este tipo de actividades, tanto a través de  entidades locales, como de las organizaciones del tercer sector, especialmente, las de personas mayores.  
 

 

La baremación es una cuestión que debe valorarse para adecuarlo a las necesidades de los usuarios con dependencia y discapacidad. ¿Cuál es su opinión?

Mi opinión es que la dependencia y la discapacidad son dos cuestiones distintas que, por tanto, han de medirse por criterios diferenciados.


 

La coordinación sociosanitaria es una vía necesaria para optimizar la gestión de los recursos. ¿En qué situación se encuentra esta colaboración? ¿Cuáles son los principales retos en este sentido?

Desde nuestro punto de vista es imprescindible que los dos sistemas avancen hacia una coordinación real y efectiva porque entendemos que este trabajo conjunto redundará en una mejor atención a las personas, a la vez que se favorecerá...


http://www.balancesociosanitario.com/Publicacion-digital-interactiva_a81.html
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Jueves, 1 de Junio 2017

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