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Un informe de la CEOE sobre dependencia reivindica un nuevo modelo de financiación e impulsar las PEVS




Los empresarios del sector sociosanitario han puesto de manifiesto la necesaria revisión del Sistema de Dependencia en España. Definir un nuevo modelo de financiación, impulsar la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), estimular la colaboración público-privada, profesionalizar los servicios y su acreditación, promover la coordinación sociosanitaria y homogeneizar el IVA al 4 % son algunas de las medidas que consideran imprescindibles para asegurar la sostenibilidad del Sistema de Dependencia a largo plazo.  
 
Así lo refleja el Informe sobre Dependencia, elaborado por la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la CEOE, que el pasado 15 de febrero presentó en la sede de la organización la presidenta de la Comisión, Cristina Contel, y el vicepresidente de la misma y presidente de Aeste, Ignacio Vivas. Carlos González Bosch, anterior presidente de la Comisión, también estuvo presente, ya que fue durante su mandato cuando se elaboró el Informe de Dependencia, que la Junta Directiva de CEOE aprobó por unanimidad el pasado mes de septiembre.
 
El documento hace un diagnóstico riguroso de la Ley de Dependencia y su desarrollo normativo. Asimismo, analiza sus logros y carencias para, finalmente, realizar 14 propuestas empresariales encaminadas a mejorar su aplicación y a garantizar la sostenibilidad del Sistema de Dependencia. “Debemos hacer frente al reto de la atención a la cronicidad y la dependencia. Más aún cuando los cambios demográficos y sociales han provocado que España sea el segundo país con mayor esperanza de vida de la OCD, después de Japón, y el primero en la Unión Europea”, explicó Cristina Contel. En su opinión, “la Ley nació como una verdadera declaración de intenciones llena de contenido y optimismo, pero vacía de recursos que permitieran alcanzar los objetivos. Las propuestas que plantea el Informe son fruto del estudio y análisis del escenario en el que deberíamos situarnos para su mejor desarrollo”.
 
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión y presidente de Aeste, Ignacio Vivas, incidió en el aumento de la esperanza de vida de las personas y, por consiguiente, en su longevidad. En este sentido, recordó que el 40 % de las personas mayores de 80 años van a estar en situación de dependencia. Según datos que desvela el propio informe,  entre 2021 y 2026 se prevé que el total de mayores de 80 años pase de poco más de tres millones a más de 6,4 millones, lo que representa el 58,90 % de las personas mayores de 65 años, y un 12,74 % del total de la población española. “Debemos pensar en un sistema que dé solución a dos millones de personas más en 10 años. Parece complejo, sobre todo porque nos encontrarnos con escasez de recursos y tenemos que planificarnos en función de las necesidades”, subraya Vivas. Más aún cuando el 40 % de las personas que ingresan en residencias proceden de hospitales, “con una carga de atención sanitaria elevada. El problema es que los convenios con las Administraciones Públicas están congelados y un 80 % de los salarios de los profesionales que trabajan en el sector están cercanos al salario mínimo. Si queremos ofrecer cuidados de calidad, debemos ser un sector atractivo para los profesionales”, analizó el vicepresidente de la Comisión de Sanidad.
 
Respecto a la profesionalización de los servicios, Vivas señaló que la acreditación de los servicios también es absolutamente necesaria, “así como contar con un catálogo de servicios convenientemente acreditados. El usuario debe tener la garantía de que el servicio que va a recibir es el adecuado”.
 
Por otra parte, Vivas subrayó que la sostenibilidad del Sistema de Dependencia se basa en el copago. “Cuando nos encontremos con dos millones más de personas dependientes, si no hay copago no va a haber manera de financiarlo. Por tanto, la aportación del usuario y la familia es fundamental”, insistió. Por eso, el Informe de la CEOE propone impulsar la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), que permita la libertad de elección del usuario y mejore la competencia entre operadores. “Todo ello sin descartar las plazas concertadas, que puede convivir con las PEVS”, apuntó.
 
Asimismo, Vivas destacó la importancia de la coordinación sociosanitaria: “Hay un porcentaje de costes que es sanitario, ya que disponemos de médicos, enfermeras y cuidamos a personas crónicas e incluso terminales”. Por ello, el Informe defiende un nuevo modelo de financiación de carácter finalista, que establece módulos en función del tipo de servicios: asistencial y social, sanitario y de alojamiento y manutención. Como complemento, Vivas defendió la necesidad de “facilitar la fiscalidad del aseguramiento en dependencia para fomentar los seguros privados”. 
 
Para resolver todas estas cuestiones, la colaboración público-privada es prioritaria. “Construir servicios es caro y, en ocasiones, ineficiente. Pero el mundo empresarial tiene la capacidad de invertir siempre que el sector tenga unas reglas de juego claras y estables. En estos momentos, hay poca inversión y como sigamos así nos va a pillar el toro. Si empezamos a construir ahora residencias, hasta el 2021 no va a estar ninguna abierta”, desveló Vivas.
 
Otra reivindicación del sector empresarial es la reducción del IVA al 4 %, “porque entendemos que los servicios sociales deben considerarse servicios de primera necesidad. Nadie acude a una residencia si no la necesita”. En este sentido, Vivas recordó la importancia de fomentar la autonomía y el sistema de prevención para que las personas puedan permanecer en su casa el máximo tiempo posible “y los costes más elevados de la dependencia se reduzcan al último periodo de vida de la persona. Para ello, hay que dotar de los servicios necesarios de ayuda a domicilio y teleasistencia y, por otra parte, concienciar a las personas mayores sobre la importancia del autocuidado”.
 
Respecto a la contratación pública, Vivas detalló que “la Administración debe ser trasparente y debe optar por quien mejor cuide. Sabemos que valora el aspecto económico, pero también debe contar el proyecto de gestión, la capacidad y la experiencia del operador. Que sea una entidad sin ánimo de lucro o una empresa no es lo importante, sino que ofrezca el mejor servicio. El 50 % del coste es el personal y debemos evitar bajas temerarias que generen competencia desleal”.
 
Para estrechar la colaboración público-privada Vivas propuso la creación de una mesa de trabajo integrada por el sector empresarial, la Administración Pública y los representantes de los trabajadores.
 
Propuestas para mejorar la Ley de Dependencia
El Informe sobre Dependencia realiza 14 propuestas para mejorar la Ley de Dependencia agrupadas por ámbitos de actuación:
  1. Impulso decidido de la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PEVS), como el mejor instrumento que respeta el derecho a decidir de los beneficiarios y da más transparencia al Sistema en su conjunto, retomando el espíritu de la Ley como Ley de Servicios.
  2. Profesionalización de los servicios, analizando en profundidad los cuidados a la persona dependiente desde la dignidad, el desarrollo de su autonomía y la protección de sus derechos.
  3. Necesidad de contar con un sistema de acreditación equitativo, que garanticen unos mínimos comunes de atención entre las diferentes comunidades autónomas.
  4. Potenciar la colaboración público-privada, fomentando el papel de las empresas y servicios de carácter privado en la prestación de servicios, desarrollando y aprovechando los recursos existentes.
  5. Implantación de un nuevo modelo de financiación, diferenciando los costes reales (módulos) de un centro residencial: social, sanitario y de alojamiento.
  6. Necesidad de un debate abierto sobre el copago, debiendo instrumentarse un ejercicio real y responsable de copago en función de la renta y el patrimonio de la persona que será atendida. Para ofrecer unos servicios de calidad deben ajustarse las tarifas y los ratios de personal.
  7. Coordinación sociosanitaria para llegar a una integración de los servicios sociales y sanidad. Se debe contemplar la historia sociosanitaria única, facilitando a todos los agentes la historia de salud y social del mayor a través de la integración informática.
  8. Desarrollo de la autonomía, considerando fundamental el impulso de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia.
  9. La formación de los profesionales para las nuevas necesidades y los nuevos modelos de atención. Para poder ofrecer la calidad que necesitan los mayores es necesario que las Administraciones adapten el pago de la prestación al servicio ofrecido, dado que en este momento quien sostiene el servicio son los trabajadores, las empresas y los usuarios privados.
  10. La prestación farmacéutica en el ámbito sociosanitario debe seguir prestándose desde la oficina de farmacia, independientemente del número de camas. El Informe subraya que se trata de una prestación de la cartera de servicios del SNS y que debe comprender los medicamentos, productos sanitarios y actuaciones propias del farmacéutico.
  11. Mejorar los sistemas de baremación y la cartera de servicios, simplificando la información y el procedimiento.
  12. Necesidad de homogeneizar el tipo de IVA aplicado al sector de la dependencia igualándolo al tipo superreducido del 4 %, y que no diferencie los mismos servicios y asistencia según se trate de titularidad o financiación de un servicio por parte de una Administración Pública o por parte de un particular.
  13. Respecto del aseguramiento de la dependencia, se considera necesario que no se compute para el cálculo de la capacidad económica personal del beneficiario las rentas derivadas de los seguros privados de dependencia y tampoco se compute como patrimonio los derechos económicos del beneficiario en este tipo de seguros ya que, de lo contrario, se estaría penalizando a aquellos ciudadanos que han sido más previsores al contratar un seguro de dependencia para la cofinanciación de los servicios, con un mayor nivel de copago. Por otra parte, sería necesaria una ampliación de la definición fiscal de los seguros de dependencia para poder ser contratados por personas ya dependientes o familiares directos.
  14. La contratación pública y la concertación de servicios sociales debe realizarse en base a las premisas de calidad que pone en valor el modelo, prevaleciendo los criterios técnicos y de calidad de atención sobre los criterios económicos. Las normativas autonómicas de concertación social deben permitir la participación de cualquier tipo de entidad privada en las mismas condiciones, independientemente de su forma jurídica.
 
 
informe_dependencia.pdf Informe Dependencia.pdf  (451.81 Kb)

Natalia Rodán (Eulen), Ignacio Vivas  y Lola Moreno, consejera de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid.
Natalia Rodán (Eulen), Ignacio Vivas y Lola Moreno, consejera de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid.


Lunes, 18 de Febrero 2019

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