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Un primer balance de la Ley


Sostenibilidad financiera, coordinación sociosanitaria y cuidador informal son temas que aún siguen coleando tres años después de la implantación de la Ley de Dependencia.



Un primer balance de la Ley
La necesaria sostenibilidad financiera de la Ley de Dependencia es la frase más repetida en foros y encuentros profesionales, que tratan de impulsar la aplicación del Sistema de Dependencia. Por otra parte, son demasiadas las diferencias en el desarrollo de la Ley entre unas comunidades y otras. El baile de números y el rasero por el que se miden los datos hace que las interpretaciones sean infinitas. Por alusiones, las comunidades autónomas insisten en que van a la cabeza de la aplicación de la Ley. Pero luego, todo al cocer mengua...

Desde esta sección de Balance de la Dependencia no nos vamos a dedicar a meter el dedo en el ojo ajeno, pero sí a elaborar críticas constructivas que pretenden convertirse en una llamada de atención, pensando siempre en el bienestar de las personas dependientes y, cómo no, en la subsistencia de los operadores del sector. En próximos números, esperamos poder ir aclarando también las diferentes dudas que hoy bloquean la aplicación de la Ley de Dependencia. Asimismo, analizaremos giros preocupantes como, por ejemplo, el apoyo que está recibiendo el cuidador informal por parte de la Administración. Sin olvidar aquellas iniciativas, encaminadas a mejorar y agilizar la aplicación de la Ley.

La financiación ha sido, desde la entrada en vigor la Ley de Dependencia, el tema que más controversia ha provocado entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. El problema es que la pelea política sobre la sostenibilidad financiera repercute directamente en los dependientes, que están esperando a recibir el servicio o prestación que por Ley les corresponde. Pero también sobre los profesionales del sector, que reivindican un marco claro y estable de actuación donde puedan consolidar sus proyectos y continuar realizando nuevas inversiones. Hasta entonces, unos y otros comienzan a estár hartos de escuchar que no hay dinero y se retrasa la concesión de ayudas o no hay dinero y se retrasa el pago de las plazas concertadas.

Concretamente, el artículo 32 de la Ley de Dependencia indica que la financiación del Sistema "será suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las Administraciones Públicas competentes". En este sentido, las comunidades autónomas han trasmitido en numerosas ocasiones que la aplicación de la Ley de Dependencia se agilizaría sustancialmente si mejorara la financiación del Sistema, porque redundaría en una mejor atención al ciudadano y la administración regional dispondría de solvencia para concertar los servicios y prestaciones necesarias.

Para la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia es:

• Inadecuada, porque no tiene en cuenta el coste unitario de cada uno de los recursos. "Las comunidades autónomas recibimos por el llamado nivel mínimo entre 70 y 264 euros por persona reconocida, con independencia del tipo de prestación que reconozcamos. De esta manera, este modelo penaliza la profesionalización de los servicios y desvincula al propio Estado de la filosofía con la que surgió la Ley de Dependencia, que es la de primar los recursos asistenciales frente a otro tipo de servicios, como las prestaciones económicas en el entorno familiar", explica la consejera, Engracia Hidalgo.

• Insuficiente, porque no cumple con lo que el Sistema establecía en su origen. Es decir, una vez descontada la participación del usuario en el coste de los servicios, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas debían sufragar al 50% el coste de cada uno de los servicios del catálogo. Sin embargo, el Ejecutivo madrileño asegura que aporta el 70% frente al 20% de la Administración central. Por tanto, la responsable madrileña concluye que la aportación del Gobierno central sólo cubre la parte que le corresponde en la prestación económica por cuidados en el entorno familiar de un gran dependiente Grado III – Nivel 2. En el resto de los supuestos, su participación oscila entre el 4 y el 34%.

Como consecuencia, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid asegura que se ha gastado, una vez descontada la aportación del usuario, un total de 856 millones de euros entre 2008 y 2009 en aplicar estrictamente la Ley de Dependencia. "Mientras que la aportación de la Administración General del Estado apenas ha alcanzado los 150 millones de euros. Por tanto, existe un déficit de financiación de 211 millones de euros que deberían ser aportados por los Presupuestos Generales del Estado", concluye Hidalgo.


En la misma línea, se manifiesta la consejera de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Angélica Such: "En 2010, la Generalitat seguirá financiando el 70% del coste de la aplicación de la Ley de la Dependencia, ya que el Gobierno central ha decidido reproducir el modelo de financiación aplicado en 2009, un modelo que, según el Comité de Expertos nombrado por el Congreso, descarga el peso de la financiación en las comunidades autónomas". Such explica que las cantidades económicas que recibirán las comunidades autónomas de fondos procedentes del Estado por cada dependiente atendido con cargo al nivel mínimo "aumentan en un 1% respecto al pasado año, cuantía claramente insuficiente para financiar el Sistema y que muestran que seguimos exactamente igual que en 2009, cuando destinamos 185 millones de euros frente a los 74 millones que aportó el Estado". Por otra parte, la consejera reclama al Ministerio de Sanidad y Política Social una revisión de los criterios de financiación con el objetivo de que se tenga en cuenta "no sólo el grado y nivel de dependencia, sino también el tipo de servicio que reciba la persona".


Por su parte, el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, César Antón Beltrán, asegura que la Junta de Castilla y León sufragará en 2010 un 63% de los costes, "casi cuatro veces más que la Administración General del Estado, que aporta el 16%, un porcentaje inferior incluso a la contribución de los usuarios, que alcanza el 21%. De esta forma, Junta y personas dependientes y sus familias aportan el 84% del coste total". Por ello, el consejero César Antón Beltrán insiste en que la financiación de la Ley de Dependencia sigue siendo escasa e insuficiente y no garantiza su correcta aplicación y sostenibilidad.


Miércoles, 17 de Marzo 2010

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