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XIX Dictamen del Observatorio de la Dependencia




Según el XIX Dictamen del Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, durante 2018 la mayoría de los parámetros de gestión del SAAD (personas atendidas, reducción de lista de espera, incremento de solicitudes, valoraciones y de servicios y prestaciones entregados...) han mejorado. Lo que parece indicar que el SAAD se reactiva pero, igual que en los últimos años, esta “mejora” ha sido en gran medida a base de servicios de menor coste dirigidos a los dependientes con Grado I y al esfuerzo financiero de familias y administraciones autonómicas.
 
El Sistema atiende ya a más de un millón de personas
1.304.00 personas tienen reconocida su situación de dependencia al finalizar 2017, 39.000 más que un año antes. De ellas 1.054.000 personas están siendo atendidas, casi 100.000 más que el año anterior (+99.400).
 
Un tercio de estas personas son mujeres (65 %). Casi tres de cada cuatro personas atendidas (72,2 %) son mayores de 65 años, y más de la mitad (54,5 %) tienen más de 80 años.
 
250.000 personas sin atender
Al finalizar 2018, había 250.000 personas valoradas con algún grado de dependencia en lista de espera (19,2 %del total). Aunque este limbo se redujo en 2018 en 60.000 personas, a este ritmo se tardarían más de tres años en atender la actual lista de espera. “Resulta lacerante que cuatro de cada diez personas desatendidas (40 %) son dependientes con Grados II o III (dependientes severos y grandes dependientes); casi 100.000 personas. Resulta así que quienes más necesidades de atención tienen son quienes menos reducen la lista de espera, lo que evidencia que las comunidades han optado por atender a aquellos que pueden reducir este limbo con menores costes para el Sistema (dependientes moderados), con servicios y prestaciones de menor coste. La prueba es el coste por dependiente se ha reducido un 20,8 % desde el año 2009 (7.687 €), a 2018 (6.087 €)”, aseguran desde el Observatorio.
 
247.114 empleos directos y un 40 % de retornos directos
Hay 247.114 empleos directos vinculados al Sistema de Atención a la Dependencia, casi 29.000 más que el año anterior. El Sistema que muestra una sorprendente capacidad para generar empleo y para obtener retornos por cotizaciones e impuestos directos. En 2018, la ratio de empleos directos por millón de gasto público es de 37,7; y la tasa de retorno es del 40 %. Si se atendiera ya a las 250.000 personas en espera se generarían más de 56.000 nuevos empleos directos.
 
El Estado solo aporta el 20% del gasto público
Un año más, continúa el informe, “el gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50 %) debido al modelo de financiación y a las reducidas y recortadas cuantías del nivel mínimo. La Administración General del Estado aportó en 2018 el 20,3 % del gasto público y las comunidades autónomas el 79,7 % restante. La disminución de la financiación a las comunidades autónomas desde julio de 2012 hasta diciembre de 2018 (reducción del nivel mínimo y supresión del nivel acordado), supone ya una cifra acumulada de 3.154 millones de euros de recorte”.
 
Incertidumbre y oportunidad perdida
“Contrariamente a toda lógica no se han recuperado derechos y se mantienen los recortes del año 2012. Existe un total consenso territorial y político por la práctica totalidad del arco parlamentario (todos los partidos a excepción del PP se sumaron al Pacto de Estado por la Dependencia) para, al menos, revertir los recortes. Es cierto que no se han podido aprobar unos PGE 2019 que hubieran sido enormemente positivos (aunque no recuperasen la totalidad de lo recortado), pero hubiera sido fácil que prosperase un Decreto-ley perfectamente justificado por la urgente necesidad que representa la desatención de 250.000 personas. Se aprobaron 25 decretos-ley en ocho meses, pero este no fue uno de ellos. Ahora se abre un escenario que generará incertidumbres y un parón, que pone en peligro de nuevo la recuperación del Sistema”, apuntan desde el Observatorio.
 
Escala de valoración
El Observatorio constata que hay comunidades con atención plena, como Castilla y León y Ceuta y Melilla. Otras comunidades han progresado positivamente en los dos últimos años, como Aragón; Baleares; Castilla-La Mancha; Comunidad Valenciana; Extremadura; Galicia; Madrid y Murcia. Hay comunidades en las que se aprecia cierto estancamiento que, en algunas de ellas, puede resultar preocupante.

La mejora en las comunidades con menor desarrollo hace que se reduzcan las diferencias, pero siguen existiendo grandes desigualdades entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. “Las diferencias entre comunidades siguen siendo muy elevadas, tanto en el al acceso, que en Castilla y León supone en 13,6 % mientras que en Canarias solo el 5,4 %. Dos comunidades, Andalucía y Cataluña, representan el 60 % de la lista de desatención; este limbo alcanzan al 32,6 % de las personas con derecho reconocido en Cataluña, y sólo al 1,6 % en Castilla y León; y mientras el coste medio por dependiente atendido es de 5.160 € año en Murcia, en Cantabria asciende a 7.697 €”, añade.

 
dictamen.pdf Dictamen.pdf  (4.77 Mb)


Lunes, 4 de Marzo 2019

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