El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha celebrado este viernes el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el que ha acordado con las comunidades autónomas el reparto de la financiación para el nivel acordado en dependencia, la regulación de la figura del Asistente Personal y una propuesta de reparto autonómico de la financiación del 0,7%.
Además, ha propuesto a las comunidades autónomas la creación de un Escudo Climático para proteger a la ciudadanía de los efectos de las olas de calor.
Aprobación del reparto del nivel acordado
Las autonomías junto con el Ministerio han aprobado este viernes de manera definitiva el reparto de más de 783 millones de euros para la financiación del nivel acordado, que ya fue autorizado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de mayo.
Se trata de una financiación histórica de la dependencia, con 300 millones más que el año pasado, y teniendo en cuenta que esta partida se suprimió en 2012 y no se recuperó hasta el pasado 2021.
Esta financiación está enfocada a seguir agilizando la gestión del sistema de dependencia, mejorar las condiciones laborales del sector y facilitar la transición del sector hacia un modelo de cuidados que centre la atención en la persona.
En este sentido, los 783 millones del nivel acordado se distribuyen en dos partidas:
- La primera partida de 583 millones se repartirá en base a los criterios de cumplimiento del Plan de Choque, con 100 millones de euros más que el año pasado.
- La segunda partida de 200 millones tiene como objetivo el apoyo al despliegue del Acuerdo sobre Acreditación y Calidad de los Centros y Servicios del SAAD. Así, todas las comunidades autónomas podrán disponer de un máximo de financiación para su Sistema de Dependencia (y no solo las comunidades que firmaron a favor del Acuerdo de Acreditación), especialmente cuando desarrollen líneas de actuación que persigan los criterios del conocido como ‘Nuevo modelo de Residencias’. Las cuantías que podrían llegar a percibir desde cada Comunidad Autónoma son las siguientes:
Acuerdo para el Asistente personal
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha acordado junto con las comunidades autónomas en el seno del Consejo Territorial del SAAD definir y establecer las condiciones básicas de la figura del Asistente Personal. La regulación de esta figura es uno de los hitos establecidos por la cartera de la ministra Ione Belarra en el Plan de Choque para la Dependencia y supone crear un marco común en torno a esta figura por primera vez en nuestro país, una demanda histórica de muchas personas en situación de dependencia y de las organizaciones de personas con discapacidad.
“De forma mayoritaria, se ha alcanzado un acuerdo que irá desarrollando poco a poco esta figura de asistencia personal a lo largo de los próximos años en nuestro país. Era el último gran paso del Plan de Choque en Dependencia que quedaba por abordar”, ha explicado Nacho Álvarez.
Según lo pactado, podrán acceder a esta asistencia las personas con una situación de dependencia reconocida en cualquiera de sus grados, siempre que tenga 3 años o más y que requiera apoyos para desarrollar su proyecto de vida.
En cuanto a las personas que presten servicios de asistencia personal, no podrán ser cónyuges o parejas de hecho o parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado de parentesco. Podrán trabajar tanto como empleados a través de una empresa acreditada o como profesionales autónomos con la acreditación de la administración competente.
En cuanto a la cualificación, el Consejo Territorial acordó solicitar al Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) la regulación de un certificado de profesionalidad específico para la asistencia personal.
Sobre las cuantías, en tanto que no existan nuevas modificaciones, serán aquellas establecidas en el RDL 20/2012 del 13 de julio, sin perjuicio de que puedan ser incrementadas por la administración competente mediante su financiación.
Propuesta de distribución del tramo autonómico del 0,7 %
Otro de los asuntos que han formado parte del orden del día del Consejo Territorial ha sido la propuesta de distribución por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a las comunidades autónomas del tramo autonómico de distribución del 0,7% del IRPF y el Impuesto sobre Sociedades para destinarlos a subvenciones a actividades de interés social.
En este año 2023, se distribuirá lo correspondiente a lo recaudado en el ejercicio 2021; por lo que se ha notado una mejoría en las recaudaciones respecto al año anterior (2020), correspondiéndose con la mejora de la situación económica que se experimentó en ese año tras los meses más duros de pandemia en 2020.
Según lo comunicado por la Agencia Tributaria, la recaudación total procedente del 0,7 del IRPF ascendió a los 425.768.828 euros, 37.400.323 euros más que el año anterior. De esa cifra, a la cartera de Derechos Sociales le corresponde el 77,72%, es decir, 330.907.533 euros, un 9,63% más que el año pasado.
Las cifras relativas al Impuesto de Sociedades son incluso más positivas. En el ejercicio 2021 la liquidación correspondiente al 0,7 ascendió hasta los 45.123.157 euros, de los cuales, también el 77,72% se destinan al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En total, 35.069.718 euros, un 61,41% más que el ejercicio anterior.
Los recursos destinados a subvenciones para actividades consideradas de interés social se nutren de una tercera fuente, las dos terceras partes del valor del caudal relicto procedente de las herencias abintestato a favor del Estado, el 100% de los cuales se destina al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. La cuantía para el año 2023 asciende a 3.148.734 euros.
Así, y según acuerdos previos del Consejo Territorial, los fondos a recibir por las CCAA han crecido hasta un 80% del total, asignándose el otro 20% para las subvenciones a entidades sociales de ámbito estatal, quedando la cuantía de los fondos para distribución autonómica en los 395.300.789 euros, un 14,41% más que en el año anterior.
Un Escudo Climático para proteger a las personas vulnerables
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ante la situación de emergencia climática y de riesgo de calor extremo que sufre nuestro país y tras varias semanas de trabajos técnicos, ha propuesto a las comunidades autónomas la creación de un Escudo Climático. Se trata de una serie de recomendaciones para proteger a la ciudadanía de los efectos de las olas de calor.
“Las altas temperaturas tienen un impacto especialmente preocupante en las personas mayores y vulnerables. Por lo tanto, con carácter preventivo y para hacer frente a los posibles retos que en el ámbito de los servicios sociales y la dependencia puedan tener las administraciones públicas a lo largo de las próximas semanas y meses como consecuencia de estas altas temperaturas, hoy se han acordado unas recomendaciones que faciliten y prevengan posibles situaciones de riesgo para las personas mayores», ha explicado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.
Dichas recomendaciones se centran, especialmente, en proteger a aquellas más vulnerables, como las que integran el sistema de dependencia o las que sufren situaciones de sinhogarismo. Las comunidades, que recibieron las recomendaciones el pasado día 5 de mayo, podrán ahora hacer sugerencias al Ministerio que serán integradas antes de su publicación. Entre las recomendaciones enviadas por Derechos Sociales y Agenda 2030 figuran:
- Adecuación de las residencias para asegurar la disponibilidad de equipos e instalaciones para mantener las condiciones de climatización en todos los locales que utilicen las personas residentes, con especial énfasis en aquellas que tienen dificultades de movilidad y/o de comunicación.
- Garantía por los centros residenciales de aplicación de medidas de protección frente a las olas de calor (modificación de horarios, vestimenta, acceso a hidratación, etc.)
- Elaboración de protocolos por parte de cada centro residencial que incluya los cambios en los procedimientos activos frente a olas de calor (horarios de paseo, frecuencia de hidratación, adaptación de los menús), la identificación precoz y la coordinación con el sistema sanitario, etc.
- Elaboración de protocolos por parte de los servicios sociales de atención primaria, que incluyan recursos de apoyo a personas solas o de mayor vulnerabilidad, protección personal e identificación precoz.
- Atención específica a las personas en situación de sinhogarismo, que incluye la garantía de acceso a la red de refugios climáticos, incremento de plazas en las campañas contra el calor (como se hace en las campañas contra el frío), evitar su expulsión de espacios público y el cierre de fuentes públicas, y provisión de alimentos y bebidas que favorezcan la hidratación.
- Actuaciones hacia las personas que viven en infraviviendas o asentamientos segregados, que incluyan la garantía de acceso continuo a agua potable, plantes de actuación y seguimiento y actividades socioeducativas para niños y niñas que garanticen entornos con temperaturas adecuadas e hidratación y alimentación, especialmente en periodos vacacionales y durante las horas centrales del día.
Programa de Protección a la Familia
Por último, tras la autorización del Consejo de Ministros el pasado 28 de marzo, el Consejo Territorial aprobó definitivamente la propuesta de distribución de 198.704.000 euros entre las comunidades autónomas, a excepción de Navarra y País Vasco, para la proteger a las familias y combatir la pobreza infantil, así como para desarrollar prestaciones básicas de los servicios sociales.
Asimismo, las comunidades autónomas acordaron el reparto de 2 millones de euros para atender las necesidades de las personas gitanas más desfavorecidas y promover el desarrollo y la inclusión de la población gitana.
