La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales analiza los datos recientemente publicados por el Imserso, que parecen indicar un crecimiento del sector residencial en 2021, tras el estancamiento registrado el año anterior como consecuencia del enorme impacto de la COVID-19. A pesar de ese crecimiento, siguen faltando 76.350 plazas residenciales para alcanzar las 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años y el déficit sigue aumentando.
Las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia con necesidad de cuidados de larga duración. Por tanto, preocupa el mayor déficit de plazas residenciales año a año: “Si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5 %, en el último año este déficit alcanza las 76.350”. Y es más, atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, aseguran que serían necesarias no menos de 35.000 plazas residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III).
Según los últimos datos oficiales (Estadísticas SAAD. Diciembre 2022. IMSERSO) hay en lista de espera de ser atendidas 80.862 personas con Grado II y III, más 60.000 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el número hasta las 140.862 personas, de las cuales, aplicando también los porcentajes actuales de personas atendidas, una de cada cuatro demandaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o en prestación económica vinculada a ese servicio. “De ahí la estimación de que serían necesarias unas 35.000 plazas residenciales solo para atender la demanda de la lista de espera de la dependencia”, afirman los expertos de la Asociación.
Las regiones con mayor déficit de plazas son Andalucía y la Comunidad Valencia, con 31.475 y 23.485, respectivamente. Mientras que en cinco comunidades sigue habiendo un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 17.503.
Financiación pública
El 62,7 % de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública. Ello incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.
El porcentaje de plazas de financiación pública ha ido aumentado ligeramente, pero se ha estancado en los tres últimos años, en 2,63 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.
Las comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Las comunidades con menos plazas de financiación pública son Canarias y la Comunidad Valenciana, que no alcanzan un 1,5 %. Madrid es la única comunidad donde las plazas exclusivamente privadas tienen una cobertura mayor (2,53%) que las de financiación pública (1,83 %).
La ratio del 5 %, a debate
El Ministerio de Derechos Sociales anunció el acuerdo con el INE para incluir los centros residenciales en el Plan Estadístico Nacional en 2022. Una buena noticia ya que permitiría conocer con todo rigor y en el propio año, los datos de este cada vez más importante sector de los cuidados residenciales de personas mayores y personas con discapacidad o en situaciones de dependencia. Sin embargo, ha finalizado 2022 sin que el INE haya publicado dichos datos.
“Por otra parte, hace tiempo que venimos advirtiendo de que la ratio que se utiliza para estimar la necesidad de plazas residenciales, tomando como referencia la población mayor de 65 años (5 %) resulta a todas luces inadecuada en la sociedad actual. La media de edad de las personas mayores en residencia se sitúa en torno a los 85 años, en una tendencia a que cada vez sean personas más mayores, en parte por la prolongación de la vida y de la edad en la que aparecen las situaciones de dependencia y, en parte también, porque las personas desean, cada vez más, permanecer en su propia casa el mayor tiempo posible”, explican desde la Asociación.
Por ello, solicita al Imserso “que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores, contando para ello con el asesoramiento de las organizaciones científicas y las entidades del sector”.
