La Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia (Acalerte) ha celebrado su asamblea general ordinaria, en Valladolid, con el objetivo de debatir e intercambiar inquietudes sobre el presente y el futuro de la atención residencial, después de que el Gobierno haya aprobado el acuerdo de acreditación de centros, con el apoyo de diez comunidades (Castilla y León votó en contra), que introduce cambios sustanciales y que nace con la incertidumbre de cómo se va a financiar.
Durante la asamblea, el presidente de Acalerte, Diego Juez, ha puesto sobre la mesa los retos a los que se enfrenta el sector para garantizar su viabilidad y preservar la calidad de la atención a las personas mayores, y ha sostenido que “Castilla y León no puede perder ninguna plaza si quiere seguir manteniendo ese carácter pionero que le permitió revolucionar el modelo de centros hace ya una década y colocarse como líder”.
Juez ha reclamado también que se aclare cómo van a aplicarlo las autonomías, cómo será la adaptación de aquí a la fecha límite (2029) y cómo logrará el Gobierno que el aumento de costes derivados de un incremento de las ratios y de requisitos que impone el acuerdo de acreditación “no recaiga en los bolsillos de los usuarios”.
Para Acalerte, la única fórmula para que “ningún usuario pague ni un euro más” está en que el Gobierno incremente la financiación y se mejoren las prestaciones vinculadas al servicio (PEVS) y se igualen al precio de concierto. De lo contrario, las personas mayores más vulnerables “se verán discriminadas”, al no poder hacer frente a los más de 2.000 euros que costará una plaza residencial.
Sostenibilidad del nuevo modelo de centros
En la reunión, en la que el CEO de Gerokon, Aitor Pérez Artetxe, ha disertado sobre la sostenibilidad del nuevo modelo asistencial, se han visibilizado posibles soluciones para sacar al sector de la incertidumbre actual y poder garantizar la viabilidad, la eficiencia y la calidad de la atención.
Del mismo modo, se ha hablado sobre la contratación laboral y la dificultad a la que se enfrenta el sector para encontrar personal cualificado y profesional que atienda a las personas mayores. No es un problema exclusivo de Castilla y León, ya que, tal y como ha precisado Diego Juez, la falta de personal de atención a las personas mayores “es un problema endémico en España”.
También han repasado las actuaciones realizadas por Acalerte durante el último periodo como las jornadas de formación para la acreditación de las residencias como centros libres de sujeciones o el Curso de Directores de Centros de Servicios Sociales.
Y, para finalizar, Juez ha destacado el esfuerzo que está realizando todo el sector para prestar la mejor atención a las personas mayores más vulnerables, tratando de sortear las dificultades derivadas de un contexto inflacionista en el que está inmerso el país.
