La Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas ha prohibido, mediante la resolución que regula los centros para personas mayores publicada la semana pasada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, la ocupación del 10 % de las plazas de los centros, que puede llegar al 15 % en muchos casos, con el objetivo de que queden libres para llevar a cabo aislamientos, lo que va a provocar la pérdida de unas 3.000 plazas aproximadamente.
Precisamente esta misma semana se ha publicado el informe “Situación y evolución de los servicios residenciales para personas mayores en España y en cada una de las comunidades Autónomas (2010/2019)”, de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en el que se recoge el déficit de casi 22.000 plazas en la Comunidad Valenciana, lo que la sitúa con el segundo ratio más bajo tras Murcia. Y, lo que es peor, en 2019 hay 149 plazas menos que el año anterior y 494 menos que en 2010.
La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha mostrado su rechazo a esta decisión por reducir de manera muy importante la capacidad del sector de atender a personas en situación de dependencia y que va en contra de lo que se había acordado con las entidades que operan en este ámbito en las anteriores regulaciones de mayo y agosto, modificando el criterio sin contar con el sector.
El sector no ha cuestionado la necesidad de llevar a cabo los aislamientos en los centros, pero ha defendido la posibilidad de hacerlo mediante la reubicación de las personas residentes, o mediante espacios comunes adaptados, lo que permite mantener las plazas y la capacidad de atención del centro.
“La dependencia no se para por el COVID-19. Esto va a provocar una mayor dificultad para atender a personas dependientes que necesitan estos centros, ya que reduce el número de plazas de la Comunidad Valenciana en casi 3.000 mil plazas cuando ya cuenta con uno de los ratios más bajos de España”, ha afirmado el presidente de Aerte, José María Toro.
Sobre nuevos ingresos
La resolución también prohíbe los nuevos ingresos en centros que se encuentren en zonas de alerta 3, actualmente el 85 % de la población de la Comunidad Valenciana, aunque no tengan brotes abiertos salvo emergencia social indicada por la VICIPI. Aerte se ha mostrado favorable a que estos centros puedan hacer nuevos ingresos para asegurar estos servicios a las personas que lo necesiten, como se estaba haciendo hasta ahora, con PCR negativa y aislamiento preventivo de diez días, lo que permite mantener un nivel de seguridad adecuado.
Vacunación: ayuda a domicilio y viviendas tuteladas
Aerte también ha planteado la necesidad de ampliar la campaña de vacunación e incluir a todas las viviendas tuteladas de atención a salud mental y, en el supuesto de las personas con dependencia atendida en sus domicilios, a los profesionales que les prestan servicio en sus propias casas.
“Si en residencias y en centros de día se va a vacunar a los residentes y al personal, creemos que en el caso de los servicios de ayuda a domicilio y en las viviendas con apoyo debe hacerse de la misma manera para proteger la salud de los más vulnerables”, indicó Toro.
