Aerte denuncia que la Consellería de Igualdad debe 40 millones a las residencias privadas y empresas gestoras

Aerte denuncia que la Consellería de Igualdad debe 40 millones a las residencias privadas y empresas gestoras

El concurso de plazas residenciales de personal mayores denominado “Licitación número CNMY16/18-18/52. Servicio de puesta a disposición de 3.300 plazas en centros residenciales para personas mayores en la Comunitat Valenciana”, que fue el primero que llevó a cabo la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, venció el 31 de agosto de 2021. El concurso que lo sustituye, de 7.100 plazas, está en la fase de apertura de sobres actualmente y se espera que entre en vigor el 1 de septiembre de 2022. Es decir, con un año de retraso.

“Muchos centros de servicios sociales de titularidad pública gestionados por entidades privadas se encuentran en la misma situación; sin contrato, con la obligación de seguir prestando el servicio y con retrasos en el cobro de las facturas correspondientes a dichos servicios”, explica el presidente de Aerte, José María Toro.

Este retraso administrativo está provocando un atraso en los pagos, “ya que no se han cobrado facturas correspondientes a servicios prestados de noviembre del 2021 en adelante”. Al no existir contrato en vigor, se debe pagar a través de un expediente de resarcimiento, que debe ser aprobado por el Consell, lo que dificulta y alarga el periodo de cobro de estas facturas.

Según informa Toro, el importe de la deuda acumulada por el concurso de las 3.300 plazas asciende a 27 millones de euros, a lo que hay que sumar otros 13 correspondientes a las gestiones integrales, lo que sitúa la deuda en torno a los 40 millones.  Esta situación se está volviendo insostenible y pone en una situación financiera muy complicada a las empresas que prestan el servicio a estas personas en situación de dependencia.

“Esta situación es muy grave y no se debe a la carencia de fondos, ya que estos pagos podrían haber entrado en el FLA del pasado 30 de abril, sino a una retrasada gestión administrativa que impide que las facturas se contabilicen adecuadamente. Esto es intolerable”, afirma el presidente de Aerte.