La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha mostrado su absoluto rechazo a la situación que viven las personas que residen en viviendas tuteladas de atención a la salud mental en la Comunidad Valenciana, ya que siguen sin recibir la vacuna contra la COVID-19.
Los profesionales de estas viviendas están siendo citados esta semana para recibir la vacuna, pero las personas residentes siguen sin recibir ninguna noticia, a pesar de encontrarse en el nivel 1 de prioridad, como entiende la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. De hecho, esta Consellería remitió de manera formal a la de Sanidad el pasado 10 de febrero una solicitud para que se incluyeran en el primer nivel de prioridad sin que hasta ahora se sepa nada.
Además, se han vacunado en algunas de estas viviendas, cuando se encontraban dependiendo de un centro residencial o en función del departamento de salud al que corresponden, lo que ha generado aún más confusión en el sector por la falta de homogeneidad en los criterios que se han aplicado.
Situación injusta
Desde Aerte se ha recomendado, por responsabilidad y respeto a su salud, a todas las entidades que promuevan la vacunación de sus plantillas a pesar de que las personas usuarias sigan pendientes de incorporarse al proceso. Había bastantes trabajadores que se habían negado a ello por considerar la situación absolutamente injusta, pero desde la asociación se le está animando a vacunarse.
“Llevamos más de dos meses insistiendo en este tema sin que la Consellería de Sanidad haya dado ninguna solución. Hace dos semanas vimos muchas reacciones en defensa de la salud mental por las lamentables declaraciones de un diputado en el Congreso de los Diputados, pero a la hora de la verdad nos sentimos solos y se vuelve a ignorar a estas personas”, indicó José María Toro, presidente de la patronal valenciana.
Vacuna para 500 personas
Aerte ha calculado que unas 500 personas como máximo están pendientes de vacunar. Por tanto, no parece que sea un problema de suministro por parte de los laboratorios, sino una decisión de carácter político. Por ello, incluso, planteó una queja al Síndic de Greuges e informó a Fiscalía.
“A pesar de la comunicación dirigida el pasado 3 de marzo a la directora general de Salud Pública y Adicciones, Ofelia Gimeno, exigiendo la vacunación inmediata de estos grupos prioritarios; no solo no hemos recibido respuesta, sino que la propia Consellería está llevando a cabo la vacunación de colectivos con un nivel de prioridad inferior según el protocolo de vacunación y la propia estrategia del Ministerio de Sanidad, como los docentes. Esta situación nos parece intolerable. Parece que se esté vacunando en base a criterios de grupos de presión más que a criterios estrictamente sanitarios”, concluyó Toro.
