La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha mostrado su rechazo a la situación que viven las personas que residen en viviendas tuteladas de atención a la salud mental en la Comunidad Valenciana y exige la vacuna contra la COVID19 en todas las viviendas tuteladas de salud mental.

En el protocolo de vacunación de la Generalitat Valenciana, y publicado por la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, se recoge que en la primera etapa, en la que la disponibilidad de vacunas será inferior, se priorizará al grupo de personas mayores o con discapacidad que viven en residencias y al personal que les atiende.

En el mismo sentido, en la resolución de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, del 5 de enero, por la que se establece el Plan de actuación en los centros y recursos dirigidos a personas con diversidad funcional o problemas de salud mental de la Comunitat Valenciana en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, se recoge claramente a las viviendas tuteladas como servicios residenciales. Por lo tanto, Aerte no entiende que no se vacune a estas personas usuarias ni al personal que les presta el apoyo.

Además, se han vacunado en algunas de estas viviendas, cuando se encontraban dependiendo de un centro residencial o en función del departamento de salud al que corresponden, lo que ha generado aún más confusión en el sector por la falta de homogeneidad en los criterios que se han aplicado.

Vacunación y pruebas diagnósticas

Ya el 25 de enero, Aerte presentó un escrito ante la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública pidiendo la vacunación en estos centros y la realización de pruebas diagnósticas en igualdad de condiciones con el resto de recursos residenciales sin que se haya recibido respuesta.

En la Comunidad Valenciana hay 95 viviendas tuteladas de este tipo, 27 en la provincia de Alicante que atienden a 146 personas, 10 en la provincia de Castellón para 60 personas y 58 en la provincia de Valencia con 374 usuarios y la gran mayoría de ellas sigue aún sin entrar en el proceso de vacunación.

“El sector ha apostado por los recursos que fomentan la autonomía de las personas y que las atienden en entornos comunitarios, en un marco de respeto de su propia voluntad de decisión, y las viviendas tuteladas son una prueba más de ello. Creemos que este planteamiento es compartido también por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, por lo que no entendemos que se esté produciendo esta situación absolutamente incomprensible”, declara José María Toro, presidente de Aerte.