Las Cortes Valencianas ha convalidado, con los votos a favor de los partidos que sustentan el Botànic, el Decreto Ley 12/2020, de 7 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención frente al Covid-19 en los servicios sociales valencianos.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) valora negativamente esta decisión, ya que considera que no va a incrementar el nivel de atención y de protección de las personas mayores que viven en centros residenciales y vuelve a criminalizar al sector. “Las residencias necesitan más apoyo y menos sanciones, si lo que de verdad interesa es la protección de las personas mayores”, indicó José María Toro, presidente de Aerte.

Ha considerado la medida innecesaria ya que, en la propia presentación del mismo, Mónica Oltra indicaba que este reglamento no se debía a incumplimientos detectados en servicios sociales, y que hubiera bastado un régimen sancionador general como el que ya está aprobado y el que recoge la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos.

La norma, que denota un desconocimiento importante de la realidad de las residencias, permite sancionar por cuestiones que no son responsabilidad del centro como, por ejemplo, la negativa a la realización de las pruebas diagnósticas de detección relativas al Covid-19 cuando corresponda por prescripción sanitaria, recogido en el Artículo 6.6 sobre infracciones graves, cuando las pruebas diagnósticas debe hacerlas la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública.

“Los centros son los primeros interesados, por lo que han vivido en la primera fase de la pandemia, en que el virus no entre en las residencias. ¿Quién asumiría el riesgo de mantener trabajando a una persona positiva o con síntomas con las consecuencias para las personas residentes, los compañeros de trabajo y la entidad que gestiona el centro?”, se pregunta el presidente de Aerte.

Hay que recordar que la Comunidad Valenciana es la tercera comunidad autónoma con menos porcentaje de fallecidos en residencias sobre el total, un 38,49 %, tras Andalucía, con un 37,58 %, y Canarias, con el 10,86 %, y, sin embargo, ninguna comunidad autónoma ha dictado una norma sancionadora parecida ni siquiera en las que la situación fue mucho más grave.

“Desde nuestro punto de vista supone un nuevo intento de generar dudas sobre nuestro trabajo. En vez de colaborar y apoyar a las entidades que están trabajando en la primera línea en los centros, se insiste en una visión negativa de los mismos”, afirmaba Toro.

Hay que recordar que se han ido cerrando todas las diligencias penales que se han puesto en marcha por parte de la Fiscalía en la Comunidad Valenciana por la falta de indicios de delito, salvo una que está pendiente, como recoge la última información facilitada por la Fiscalía General del Estado a  finales de julio.

Los centros no tienen que reservar un 10 % de plazas libres para aislamiento

Aerte ha querido también contestar a las declaraciones de la Vicepresidenta Mónica Oltra sobre la situación en una residencia Lope de Rueda de Torrent en la que acusaba al centro de no haber cumplido la medida de reservar un 10 % de sus plazas para el aislamiento de contagiados.

Según la resolución del pasado 18 de agosto por la que se establece el plan de actuación en las residencias de personas mayores dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y los CEAM/CIM, de la Comunitat Valenciana, en el contexto de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, los centros deben elaborar un plan de contingencia en los que se debe recoger, entre otros puntos, la posibilidad de aislar un 10 % de personas residentes en habitaciones con baño propio. De forma alternativa y justificada, podrán disponer de un espacio adaptado dentro del centro residencial para tal efecto que garantice el aislamiento de, al menos, el 10 % de las personas residentes.

Es decir, no hay que reservar el 10 % de las plazas sin ocupar sino que hay que elaborar un plan para poder aislar ese porcentaje reubicando a personas usuarias en el caso de que fuera necesario o aprovechando espacios comunes adaptados. “Además, sería imposible reservar esas plazas cuando la ocupación de los centros en la Comunidad Valenciana es casi plena, ya que sólo se podrían haber llevado a cabo expulsando de la residencia a las personas que allí viven, cosa que no haríamos nunca”, recalcó José María Toro.

Además, esta posibilidad debe recogerse en el plan de contingencia que debe validar la Dirección General de Personas Mayores para comprobar que cumple con todos los requisitos. Pues bien, el centro presentó dicho plan el pasado 17 de julio y todavía no ha recibido la contestación 50 días después. En ese caso, se encuentran la mayoría de las residencias de la Comunidad Valenciana, que no han recibido ninguna información sobre la idoneidad de las actuaciones que se plantean en el mismo a pesar de llevar meses presentados.

Por último, Oltra también acusaba a la residencia de Torrent de haber hecho más ingresos de los previstos cuando el centro ha contado siempre con la autorización de la Comisión de Seguimiento del Departamento de Salud o bien han sido personas que ocupan plazas públicas que son remitidas directamente por la Consellería de Igualdad.

“Este tipo de declaraciones, que no corresponden con la realidad, no hacen más que generar una alarma innecesaria en la sociedad, trasmitir dudas sobre la actuación del centro y son absolutamente irresponsables”, remató el presidente de la asociación más representativa del sector.