residencias de mayores

Aeste, Ceaps y FED muestran su rotundo desacuerdo al acuerdo de acreditación de centros y servicios de atención a la dependencia

Las patronales del sector de atención a las personas mayores y en situación de dependencia AESTE, CEAPS y FED han mostrado su desacuerdo a la aprobación del “Acuerdo de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)”. Su principal demanda es una memoria económica para poder hacer frente al nuevo modelo de atención que permita la sostenibilidad del sector. Relacionado con ello, señalan que reducir las plazas y aumentar  el ratio de personal encarecerá el coste para los usuarios y su familia. 

Aeste asegura que el Gobierno «comete un grave error»

Por otra parte, Aeste considera que el Gobierno comete un grave error al aprobar el “Acuerdo de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)”, “un documento que nace con la oposición de sindicatos, familiares, profesionales y empresas del sector”. Además, 9 comunidades autónomas han rechazado este proyecto del Ministerio, lo que supone el 72 % de la población española. “Es un proyecto decorativo del Ministerio que nace sin ofrecer ninguna mejora real a la sociedad española, ni a las personas mayores en situación de dependencia”, apunta Cubero.

El documento de acreditación que ha aprobado el Consejo Territorial tendrá serias consecuencias sobre la creación de nuevas plazas residenciales en nuestro país, frenando la inversión en nuevos centros, “poniendo en grave riesgo de desaparición más de 50.000 plazas ocupadas actualmente por personas mayores, incrementando en un 50 % el gasto de las personas atendidas y sus familias, y haciendo que se incremente de forma artificial la lista de espera de todas las comunidades autónomas”.

Aeste asegura que España necesita construir 75.000 nuevas plazas residenciales para alcanzar los niveles de atención que recomienda la Organización Mundial para la Salud, pero en lugar de ofrecer facilidades para alcanzar esos niveles de cobertura, “destinamos un ridículo 1% del PIB para atender a las personas mayores, frente al 3% que se destina en los países del norte de Europa (cuyo modelo dice el Gobierno querer imitar)”.

Aeste ha trasladado al Gobierno la necesidad de modernizar un sistema de cuidados que tiene ya 16 años de vida en nuestro país, y que necesita ser revisado. 

Ceaps exige garantías al Gobierno “para que el nuevo modelo no cueste ni un euro más a las personas usuarias”

Ceaps manifiesta que es el momento de que el Estado y las comunidades autónomas pongan la financiación suficiente “para que no cueste ni un euro más a las personas usuarias y que nadie se quede fuera”.

La patronal considera que debe comenzar por mejorar las aportaciones que ambas administraciones hacen a las 180.000 personas que perciben PEVS (Prestación Económica Vinculada al Servicio) y que verán incrementadas sus tarifas. Si actualmente las PEVS no son suficientes para hacer frente a los costes de los servicios no podrán asimilar el precio del nuevo modelo.

Pascual apunta como solución la puesta en marcha de un procedimiento exprés de actualización de tarifas para que “todas las personas mayores, con independencia de quién preste el servicio, ya sea de manera pública, privada, mediante concierto o prestación de la Ley de Dependencia (PEVs) puedan tener acceso a los servicios que necesitan”; si no, puntualiza la presidenta de Ceaps, “volveremos a tener una norma sobre el papel que no puede llevarse a la práctica”.

“Este documento no es el que habríamos aprobado en Ceaps”, en primer lugar porque reduce la capacidad de plazas que necesitará el país con la llegada del baby boom, y segundo lugar porque se está confundiendo calidad con unidades convivenciales. “Se ha perdido una oportunidad para hacer un modelo que realmente motive al sector a evolucionar, ya que faltan criterios técnicos y genera incertidumbre porque no se sabe cómo realmente se va a financiar”, explica Cinta Pascual.

Hay que recordar que aunque se ha aprobado en el Consejo Territorial, las 10 regiones que lo han apoyado, frente a las 9 que se han posicionado en contra, representan solo al 30 % de la población, con lo que el 70 % tendrán que asimilar un proyecto que no comparten.

FED advierte: “El nuevo modelo de acreditación frenará radicalmente la inversión”

La FED muestra por su preocupación por las consecuencias que el nuevo modelo de acreditación de centros aprobado por el Gobierno tendrá en la oferta de plazas y servicios a los dependientes, ya que al frenarse la inversión y al aumentar en torno a un 50 % los precios, los dependientes y sus familiares tendrán que sufragar las medidas aprobadas.

Como asegura Ignacio Fernández-Cid, presidente de FED, “desde la patronal tenemos el firme convencimiento de que hemos perdido para adoptar unas medidas que verdaderamente impulsaran al sector a una mejora continua, con un entendimiento profundo del modelo actual y con un análisis técnico y financiero que las acreditaran”.

Sin embargo, “el nuevo modelo que ha aprobado el Gobierno, sin el apoyo de patronales ni sindicatos y con la oposición de nueve comunidades autónomas que representan el 71,4% de la población del país, lo único que va a conseguir es frenar radicalmente la inversión en nuevos centros. España aún requiere de 75.000 camas más para llegar al 5% recomendado por la OMS, quedándonos con un parque de residencias obsoleto y haciendo inviables los servicios a domicilio. Consideramos, además, que los principales perjudicados del modelo aprobado serán los propios dependientes y sus familias (más de 180.000 residentes privados) que se encontrarán sin la oferta necesaria para recibir la atención que requieren y a unos precios en torno a un 50 % superiores a los actuales”.

Por último, el presidente de FED añade: “Actualmente hay en promoción y construcción más de 38.500 plazas en España y durante la negociación ya se ha notado una ralentización en su crecimiento”.

 

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