La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste), ante la publicación de informaciones acerca de la indemnización que la Comunidad de Madrid va a abonar o ha abonado a algunas residencias cuyas entidades pertenecen a esta patronal por acoger a personas mayores en el peor momento de la pandemia derivadas por parte de la Administración regional, quiere señalar:
- Que la Comunidad de Madrid solicitó la utilización de estas plazas debido al incremento de contagios por COVID-19 que había en algunos centros residenciales para derivar a personas mayores a residencias que por sus circunstancias pudieran acogerlas. Se derivaron, incluso, desde
- Que durante la pandemia se produjeron traslados a 15 centros de la Comunidad de Madrid que acogieron y ofrecieron cuidados a las personas mayores que lo
- Que las personas mayores fueron retornando a sus centros de origen cuando las circunstancias fueron las adecuadas.
- Que para el abono de dichas plazas se ha seguido lo dispuesto en Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación forzosa, el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957 y de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y
- Que para el abono de dichas plazas, tal y como es preceptivo, se solicitó un informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, un informe de la Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria, y un informe pericial de un experto independiente, con el fin de determinar el coste de dichas plazas ocupadas.
- Que el precio fijado para la ocupación de las plazas por el experto independiente KPMG ha sido de 89,14 euros por día.
- Que tal y como es preceptivo se ha procedido a la firma de convenios para el abono de plazas entre la Comunidad de Madrid y cada uno de los
El secretario general de Aeste, Jesús Cubero, ha señalado que “siempre que se nos solicite ayuda, la vamos a prestar. En una situación tan complicada como la que vivimos en la pandemia, todos dimos un paso al frente para poder atender y cuidar a aquellas personas que más lo necesitaban. Un año más tarde, y cuando la situación ya remitió, se ha procedido al abono de las plazas ocupadas, siguiendo todos los trámites legales y de fiscalización necesarios”.
