La Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia (Amade) ha pedido al Gobierno de Madrid que priorice y asuma la realización de PCR a los profesionales que trabajan en las residencias. “La seguridad de las personas mayores que viven en los centros y de los trabajadores de los mismos es una cuestión de salud pública y, por ello, es la comunidad la que debe hacerse cargo de los test ante la situación de emergencia sanitaria que se está viviendo“, declara la presidenta de la patronal, Pilar Ramos.
La petición se ha realizado en el marco de la reunión semanal que mantienen con una comisión en la que participan representantes de las consejerías de Servicios Sociales y Sanidad con el sector, en la que se trata de garantizar la mejor y mayor coordinación para minorar la expansión de la infección en los centros y anticipar los procedimientos a seguir en el caso de que se produzcan brotes. “Se ha demostrado que la mejor medida para evitar la expansión de la pandemia es que el Covid-19 no entre en los centros y todo lo que pedimos está destinado a garantizar la seguridad de las personas usuarias’, explica Ramos.
“Nosotros consideramos que el Covid-19 no puede considerarse riesgo laboral, especialmente cuando la obligación de realización del test nace del disfrute de unas vacaciones. Son profesionales que trabajan con responsabilidad y que necesitan garantías de trabajar con las personas más vulnerables sin ponerlos en riesgo ante el virus”, añade la presidenta de Amade.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que será obligatorio hacer PCR a todos las personas que ingresen en las residencias y también a los empleados que vuelvan de vacaciones, según Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19 que explica que en caso de rebrotes o segunda oleada corresponde a las autoridades de Salud asegurar la capacidad de los laboratorios ante la posible demanda diagnóstica. “Queremos que las acciones se lleven a cabo de forma preventiva para evitar que se llegue a situaciones como las que hemos vivido en los pasados meses”, apunta Ramos.
Una medida que ya han adoptado regiones como Andalucía, Cataluña, Extremadura, Navarra, Valencia y Cataluña y que están estudiando otras como Castilla-La Mancha y Aragón.
Por otro lado, desde la entidad madrileña explican que “la salud es una responsabilidad del Sistema Sanitario, no de las entidades prestadoras de servicios y el hecho de que el coste de la obligación recaiga en los centros puede perjudicar a los usuarios de aquellos que no puedan afrontar este coste porque la obligación se impone no en beneficio de los trabajadores sino en beneficio de los usuarios residentes los que se verían más afectados si entrase el virus, ya reciban el servicio de forma pública o privada”.
