Amnistía Internacional ha publicado el informe “Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España”, en el que analiza el impacto en los derechos humanos de las políticas públicas, protocolos y decisiones tomadas a nivel central y autonómico en el contexto de la pandemia desde febrero a mayo. Entre sus principales conclusiones es que las medidas adoptadas durante la pandemia han vulnerado los derechos humanos de las personas mayores de las residencias.

El informe asegura que, durante el pico de la primera ola de la pandemia (desde la segunda semana de marzo hasta mediados de abril, aproximadamente), las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la pandemia COVID-19, en particular en Cataluña y Madrid, han vulnerado los derechos humanos de las personas mayores que vivían y viven en residencias, y en concreto el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación, y, además, resultaron ineficaces para proteger a un colectivo especialmente vulnerable. Asimismo, el informe afirma que las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho de las personas residentes a la vida privada y a una muerte digna.

Amnistía Internacional ha constatado que durante el pico de la primera ola de la pandemia el personal de las residencias no contó con la protección adecuada ni acceso oportuno a test, “lo que produjo contagios y dificultades para poder implementar las directrices que se recibían de las diferentes instituciones (cuando estas eran adecuadas)”.

A diferencia de la situación de la asistencia sanitaria, donde se ha recogido el número de personal sanitario afectado por la enfermedad, el informe denuncia que no existe una recogida de datos equivalente para la información del personal de los servicios sociales o, al menos, no hay una recogida sistemática de datos. Como resultado, no se puede estimar el impacto de la COVID-19 en el personal que trabaja en residencias. Amnistía Internacional ha podido documentar que en momentos críticos de la pandemia de marzo y abril hubo casos de residencias donde más del 50 % del personal estaba de baja.

Por otra parte, Amnistía Internacional expone que hubo personas residentes necesitadas de atención médica sanitaria a las que no se les dio la oportunidad de un tratamiento adecuado de posible COVID-19 u otras patologías que padecían, ni en la residencia ni en un hospital. “Tanto en Madrid como en Cataluña, hubo momentos donde no se realizaron ingresos en hospitales, y las pocas derivaciones que se dieron, fueron la excepción y en ocasiones ya fatalmente tarde. La decisión práctica de no derivar se aplicó de forma automatizada y en bloque, sin llevar a cabo valoraciones individualizadas. En ambas comunidades autónomas, esta práctica fue llevada a cabo a través de diferentes mecanismos de criba. La no derivación en Madrid estaba prevista en protocolos, que establecían instrucciones y criterios para valorar la derivación o no de personas de residencias y/o mayores a hospitales e incluían instrucciones de cuidados paliativos. Los protocolos fueron variando, actualizados con diferentes versiones y distribuidos de forma selectiva a ciertas personas”, constata.

Por otra parte, el informe revela que la restricción de las visitas y el eventual confinamiento de las personas mayores en sus habitaciones, así como la cancelación de las actividades normales contribuyeron a la soledad de las personas residentes, a su rápido deterioro, vulneración de su derecho a una muerte digna y a la falta de transparencia sobre lo que estaba sucediendo. “Las personas mayores tienen derecho a la dignidad y al respeto de su vida privada y familiar. Cualquier restricción de estos derechos deberá ser legal, necesaria y proporcionada, y deberán existir medidas de control adecuadas para la revisión de dichas decisiones”, afirman desde Amnistía Internacional.

En definitiva, la falta de preparación y la gestión adecuada de la pandemia por parte de las autoridades en las residencias para personas mayores ha tenido múltiples manifestaciones, recogidas en este informe: falta de protección del personal, falta de recursos y de asistencia médico-sanitaria en las residencias y, a su vez, exclusión generalizada y con un componente discriminatorio de acceso a asistencia sanitaria en hospitales; así como el aislamiento de personas residentes durante semanas enteras prácticamente incomunicadas con el mundo exterior, y con sus familias, con ninguna o escasa información sobre lo que estaba sucediendo en la residencia. Estas medidas, que en la práctica han derivado en la denegación del derecho a la salud a las personas mayores, están fuertemente vinculadas con un tema de máxima preocupación que Amnistía Internacional viene denunciando: las medidas de austeridad y la infrafinanciación de la sanidad han pasado factura.

Medidas para subsanar el contexto actual

En este contexto, la organización considera imperativo que el Estado español “adopte medidas para garantizar que cualquier decisión para combatir la pandemia respeta los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, a la salud y a la no discriminación, en línea con los estándares internacionales y regionales”. En particular, y entre otras medidas, Amnistía Internacional subraya que las autoridades españolas deben:

1.Revisar y modificar los protocolos de Madrid y Cataluña que establecen instrucciones y criterios para decidir la derivación de personas mayores de residencias a centros hospitalarios, a fin de que en ningún caso puedan constituir discriminación en el acceso a la atención sanitaria.

2.Desarrollar políticas públicas adecuadas para la gestión de la pandemia, garantizando los derechos de las personas mayores, incluido el derecho humano a la salud, llevando para ello consultas con la sociedad civil, familiares y residentes.

3.Garantizar el derecho a la salud, que incluye acceso total e igualitario para todas las personas mayores de las residencias a los servicios del sistema de salud.

4.Garantizar que el régimen de las visitas a residencias considere prioritario el interés superior de las personas mayores residentes en el centro, dote de los recursos humanos y materiales suficientes y asegure que las restricciones se basan en evaluaciones de riesgos individualizadas.

5.Impulsar una investigación independiente para saber en qué medida el acceso de las personas mayores de residencias a servicios de salud, servicios médicos generales y atención hospitalaria estaba sujeta a restricciones indebidas durante la pandemia.

6.Asegurar que las decisiones médicas se basen siempre y únicamente en evaluaciones clínicas individualizadas, de necesidad, criterios éticos y sobre la mejor evidencia científica disponible.

7.Garantizar que las residencias proporcionen EPI a todo el personal, residentes y visitantes.

8.Garantizar que el régimen de visitas a las residencias considere prioritario el interés superior de las personas mayores residentes en el centro, dote de los recursos humanos y materiales suficientes y asegure que las restricciones se basan en evaluaciones de riesgos individualizadas, teniendo presentes todas las medidas posibles para mitigar los riesgos, como realizar pruebas de detección con mayor frecuencia al personal, la población residente y las visitas.

9.Recoger y proporcionar datos sobre las personas mayores en residencias con un análisis de género, edad y discapacidad de los mismos.

10.Impulsar la tramitación de una ley a nivel estatal, con perspectiva de derechos humanos y de género, en línea con los estándares internacionales, que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el Estado.

11.Garantizar que la Fiscalía de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores ejerce su mandato, velando por el respeto máximo de los derechos humanos de las personas en residencias e impulsando, cuando corresponda, investigaciones.

Metodología

Amnistía Internacional realizó la investigación documental y sobre el terreno entre julio y noviembre de 2020. La investigación se ha centrado en Madrid y Cataluña al ser las dos comunidades autónomas en las que se da una combinación de factores que resulta diferencial respecto del resto. Por un lado, son dos de las comunidades autónomas con mayor incidencia de fallecimientos registrados por coronavirus o sintomatología compatible en residencias durante el pico de la pandemia y, por otro, contaban con protocolos y prácticas que supusieron la exclusión de ingreso hospitalario de personas mayores de residencias.

El equipo de investigación examinó, asimismo, el marco legislativo y de políticas públicas en España y en las comunidades de Madrid y Cataluña, así como las normas del derecho internacional y las recomendaciones de mecanismos internacionales y regionales. La organización consultó datos y estudios académicos cualitativos y cuantitativos para comprender el sistema residencial, su relación con el sistema de salud y la coordinación entre ambos.

Ceaps valora positivamente el informe

El Circulo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps) ha valorado positivamente el informe publicado  por Amnistía Internacional, ya que reafirma las deficiencias que se han venido  denunciando por  el sector desde el mes de marzo.

El problema de la falta de precisión de la información sobre la situación, a pesar de la aportación directa que hacen los centros de manera diaria, la falta de material de protección y de acceso a los test de diagnóstico  necesarios han venido  siendo denunciados por  las asociaciones tanto autonómicas como a nivel nacional. La presidenta de la Ceaps, Cinta Pascual, explica que “lo que  falló  fue  el  sistema  no  fueron  las  residencias”,  y  añade  que,  como  reconoce  en  el informe “nos quedamos sin manos porque nuestros profesionales tenían sintomatología compatible con la Covid-19 pero no teníamos tests para diagnosticarlos”.

La discriminación en el acceso al sistema sanitario a personas que viven en centros residenciales ha  quedado  demostrada  durante  todo  este  tiempo,  con  la  publicación  de  protocolos  de derivación, a pesar de la insistencia de los centros en que estas personas fuesen atendidas en el hospital. Esto ha demostrado  que la decisión de la derivación hospitalaria era del sistema de salud público y no del centro residencial.

En cuanto a la medicalización, a pesar del apoyo sanitario que se ha prestado  a un elevado número de residencias en todo el país, se confirma la imposibilidad de convertir las residencias en hospitales y cambiar la naturaleza de estos centro que pretenden ser un hogar para las personas mayores.

Desde Ceaps se ha reitera durante todo este proceso, en la necesidad de combinar las medidas de seguridad con el mantenimiento de la calidad de vida en los centros, ya que se percibía el deterioro   cognitivo   y  emocional  de  muchas  personas  a  causa del  confinamiento en  las habitaciones y la restricción de las visitas dictadas por las autoridades sanitarias en sus normativas y protocolos.

“Hemos insistido, desde el mes de junio, en garantizar la derivación hospitalaria de las personas residentes, un régimen de visitas lo más abierto posible en un marco de seguridad, la necesidad de material de protección y pruebas periódicas en los centros como puntos en los que tenemos que reforzar para abordar esta segunda ola de la pandemia”, expresaba la presidenta de Ceaps.

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