La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado a las patronales del sector sociosanitario, durante un encuentro telemático, de que se ha previsto un presupuesto de 13,5 millones de euros (13.513.534,78) para garantizar la prestación del servicio a las personas dependientes y sus familias, así como el sostenimiento del sector social y los puestos de trabajo vinculados.

Esta medida económica extraordinaria y urgente está destinada a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centros de día y de noche y centros de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia con el objetivo de que puedan hacer frente a los gastos ocasionados por la pandemia de Covid-19. Se materializará con la última liquidación presentada y validada   

Rocío Ruiz ha recordado que los centros residenciales y de atención a personas dependientes “han realizado y están realizando un gran esfuerzo para hacer frente a la pandemia, desde el primer momento, para adaptarse a las nuevas exigencias sanitarias y ofrecer una atención de calidad a las personas mayores y personas con discapacidad que, no olvidemos, son los más vulnerables al coronavirus”.

Medias de ayuda al sector

En este sentido, ha asegurado que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, adoptó desde el principio medidas para ayudar al sector  como en los centros de día, donde  “hemos garantizado el abono del 80 % del precio de las plazas ocupadas, vinculado al compromiso de mantener el empleo y las mismas condiciones laborales, así como realizar tareas de seguimiento proactivo”.

En los centros residenciales, por su parte, también se tomaron medidas con el fin de paliar la pérdida de ingresos como consecuencia de las salidas voluntarias y las bajas, y se mantuvieron los pagos al sector. 

Los centros podrán reducir los efectos económicos

En esta segunda ola se ha previsto este pago adicional que ha dispuesto la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, mediante el cual los centros podrán reducir los efectos económicos ocasionados por la compra de equipos de protección individual y material higiénico-sanitario, los gastos de contratación de personal, la adecuación de espacios para garantizar el distanciamiento social, el incremento de rutas en el transporte y su desinfección y otras medidas adicionales de higiene y protección realizadas durante el segundo semestre de 2020 para frenar y reducir el contagio por Covid-19.