La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Andalucía destinará 56,8 millones de euros para garantizar la sostenibilidad económica de las entidades prestadoras de los servicios de atención a la dependencia y mitigar así el impacto de la crisis derivada por la pandemia del coronavirus en el sector.
Así, se abona un pago extraordinario y urgente de 22,7 millones de euros para hacer frente al gasto ocasionado por la pandemia de COVID-19 durante 2021, y se asignan otros 34 millones para cumplir el compromiso de actualizar con un incremento del 2,6% el coste de las plazas de atención a la dependencia hasta 2023.
La consejera Rocío Ruiz ha destacado que “el Ejecutivo andaluz cumple así su compromiso con el sector para asegurar su viabilidad y la de los empleos asociados” al incrementar un precio por plaza “que estaba congelado desde 2012 y que incluso sufrió reducciones durante la anterior legislatura”.
En este sentido, ha subrayado la apuesta de la Consejería por garantizar la calidad del servicio de atención a la dependencia y atender las reivindicaciones del sector al ejecutar esta subida con carácter retroactivo desde el 1 de enero, que supondrá un abono ya este año 2021 de 16 millones de euros.
22,7 millones de euros para dotar a las residencias
Ruiz avanzó, además, la aprobación de una nueva medida extraordinaria y urgente por 22,7 millones de euros para dotar a las residencias, centros de día y centros de terapia ocupacional para personas mayores y personas con discapacidad de una cuantía adicional para garantizar la prestación del servicio.
Los centros recibirán una cuantía única adicional para reducir los efectos económicos ocasionados por la adquisición de material de limpieza y desinfección; los gastos derivados de la adquisición de equipamiento de protección individual; los gastos derivados de la adecuación de los espacios y los gastos derivados de la adquisición y puesta a disposición del personal los medios digitales oportunos para facilitar su trabajo y la atención a las personas usuarias.
Se trata de un pago compatible con otras ayudas, y para cuya percepción las empresas prestadoras deberán acreditar una serie de requisitos, como haber prestado los servicios contratados, conveniados o concertados durante el periodo comprendido desde el 14 de marzo hasta el 30 de junio de 2020 y desde el 9 de mayo al 31 de octubre de 2021, todos los días inclusive y haber tenido gastos extraordinarios como consecuencia de la situación de crisis ocasionada por el coronavirus (covid-19) en esas fechas.
