La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha anunciado que el incremento del coste del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), actualizado hace unas semanas después de 13 años congelado, comenzará a aplicarse en el mes de marzo. De esta manera, unas 32.000 trabajadoras del servicio en Andalucía empezarán a beneficiarse en su próxima nómina del incremento del 12,3 % aprobado por la Junta de Andalucía, y que sitúa el coste de la hora en 14,6 euros frente a los 13 euros de los últimos años.

“Pese a que son fundamentales para mantener el sistema del bienestar en Andalucía, estas trabajadoras han sido las grandes olvidadas durante años y ahora les vamos a dar el lugar que merecen”, ha valorado la consejera.

Ruiz se ha reunido en Córdoba con la concejala delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Eva Timoteo, para trasladarle los detalles de la medida de la Consejería aprobada recientemente y que supone en la práctica aliviar las condiciones de un colectivo clave y determinante en la atención de las personas mayores y dependientes. La medida supondrá una inversión por parte de la Consejería de 61,5 millones de euros.

El encuentro se enmarca en la ronda de contactos que la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación está manteniendo con diversas entidades para fomentar la colaboración institucional y alcanzar un acuerdo que permita blindar la ayuda a domicilio.

“Son unos primeros pasos, pero vamos a seguir avanzando en términos económicos y laborales”, ha señalado la consejera. Asimismo, ha subrayado que la subida del coste/hora del servicio después de más de una década estancado es una medida de justicia porque el sistema de dependencia y, especialmente la ayuda a domicilio, “está desempeñando un papel fundamental en esta pandemia”.

“La crisis sanitaria nos ha demostrado más que nunca que las personas son insustituibles, y esto se ha visto de forma muy clara en el ámbito de los cuidados”. El compromiso de la Junta con la dependencia y la atención domiciliaria queda plasmado en los presupuestos andaluces para 2021, que incluyen la mayor dotación económica de su historia para este concepto, 1.609,1 millones de euros.

“Nos hubiera gustado que el punto de partida hubiera sido otro”, ha asegurado la consejera, en referencia a que el precio/hora de este servicio ha permanecido congelado desde 2007, a pesar de las reclamaciones de las trabajadoras, ya que en su mayoría son mujeres. “Ahora, en plena pandemia, hacemos un esfuerzo que pretende ser un punto de partida, pero que demuestra el compromiso de esta Consejería y del Gobierno de Andalucía por un sector que ha sido y está siendo clave en la gestión de esta crisis sanitaria cuidando a las personas mayores y dependientes”.

Novedades en el proyecto de Orden

Entre las novedades que incorpora el proyecto de Orden elaborado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, se incluyen nuevos artículos en referencia a los derechos de las trabajadoras. Así, por ejemplo, se excluye expresamente del personal auxiliar las actuaciones de carácter sanitario o de las necesidades del hogar que no estén recogidas.

Con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del personal, se garantiza una organización del servicio que mantenga unas jornadas laborales dignas y conciliadoras del empleo, buscando el equilibrio entre turnos de mañana y tarde para evitar jornadas fraccionadas y estando prohibida la realización de servicios de menos de una hora. Asimismo, se establece unos intervalos horarios de prestación preferente para personas usuarias que requieran atención especial como las postradas en camas o que precisen ayuda para levantarse y acostarse.

Además de la fiscalización del servicio por parte de la Consejería competente en materia de servicios sociales, la nueva Orden contempla la mejora de la coordinación entre la entidad local y la prestadora por medio de la regulación de la figura de la persona coordinadora.

Por otra parte, con el objetivo de fomentar la integración social mediante la contratación, se especifica que los pliegos deberán contemplar colectivos como las personas ex tuteladas, mujeres víctimas de violencia de género, residentes en zonas desfavorecidas, perceptoras de la Renta Mínima de Inserción Social, personas con discapacidad o en situación de riesgo de exclusión social.

De esta forma y mediante otro tipo de medidas, se pretende evitar que el enfoque en los procesos de licitación someta a la adjudicación del servicio a la oferta económica más ventajosa. Así, por primera vez, el peso relativo de esta respecto al resto de los criterios de valoración de las propuestas no deberá superar el 45 %. Asimismo, se reconoce la potestad de las entidades locales de complementar la financiación del servicio.