El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el anteproyecto de la primera Ley estatal de Servicios Sociales de la democracia española. La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, establece por primera vez unos mínimos comunes estatales en materia de servicios sociales, reduce las barreras de acceso a la protección social y posibilita la movilidad territorial, entre otras medidas.
Los servicios sociales, competencia exclusiva de las comunidades autónomas, se han desarrollado con distinto ritmo, inversiones y características diferentes en cada territorio, generándose importantes desigualdades que limitan el ejercicio en igualdad de los derechos contenidos en el Capítulo Tercero de la Constitución española. La ley, que además es uno de los compromisos recogidos en el acuerdo de coalición del Gobierno, nace con el objetivo de consolidar el cuarto pilar del estado de bienestar en nuestro país y fomentar la igualdad de los ciudadanas, independientemente de donde vivan.
“Los servicios sociales son un pilar fundamental de nuestro estado de bienestar que acompaña a las personas en los momentos más difíciles de sus vidas, cuando un niño vive una situación de violencia y necesita protección, cuando una persona mayor empieza a tener dificultades para vivir sola y necesita la teleasistencia o cuando una familia pierde el único sueldo que entraba en casa y tiene que solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Los servicios sociales siempre están ahí cuando las cosas se ponen muy difíciles”, dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra.
Adiós a los recortes
Belarra ha explicado que después de los “durísimos recortes experimentados por los servicios sociales entre los años 2012 y 2013, y las posteriores privatizaciones en muchas comunidades autónomas», esta primera ley estatal de servicios sociales pretende ser “un balón de oxígeno” tanto para los profesionales de los servicios sociales “que han sostenido con su vocación y a costa de sus derechos laborales un sistema muy precarizado”, como para las personas usuarias, “para que sepan que es su derecho que lo público les apoye cuando vienen mal dadas”.
Según puntualizó la ministra Belarra, se trata de “un anteproyecto que consolidará en nuestra legislación la modernización de los servicios sociales que ya hemos iniciado a través de los fondos europeos, que plantean una inversión de 875 millones de euros entre 2021 y 2023”.
Según el Ministerio de Derechos Sociales, el texto se ha realizado desde el reconocimiento de que todas las personas somos usuarias o potencialmente usuarias de los servicios sociales, en algún momento de nuestras vidas, y bajo el deseo de que esa red de apoyo pueda ser un poco más tupida, más robusta y adaptada a las necesidades de cada persona.
Además, se ha tenido en cuenta que se trata de un sector muy castigado debido a la crisis la COVID-19, y que es necesario reconocer el gran esfuerzo realizado por los y las profesionales para atender a toda la población. Sus profesionales han sido y son personal público tan esencial como el personal sanitario o el profesorado, y así debe considerárseles.
Mínimos comunes en el Consejo Territorial
La norma establecerá un suelo de protección para los servicios sociales, que se articulará a través de una hoja de ruta para que las comunidades autónomas acuerden, en el seno de la Consejo Territorial, un mínimo común en todo el territorio. Además, el Consejo Territorial también acordará los estándares mínimos de calidad de esas prestaciones y servicios, incluyendo las ratios de profesionales. Todo ello con vistas a fomentar la igualdad en el territorio, respetando siempre las competencias exclusivas autonómicas.
Principales novedades
Una de las novedades que se establecen es, al igual que en el caso de la sanidad, la posibilidad de movilidad territorial, evitando la exclusión que ahora mismo ésta produce en el acceso a algunas prestaciones de los servicios sociales, en caso de trasladarse de un lugar a otro del Estado.
El segundo de los grandes objetivos de la ley tiene que ver con un refuerzo general del sistema y la orientación del mismo hacia una atención más personalizada, más integral e inclusiva, reduciendo las barreras de acceso a la protección social. Se trata de sentar las bases de un nuevo modelo de servicios sociales, un camino que algunas legislaciones autonómicas han emprendido, alejado de un enfoque asistencialista y centrado únicamente en la emergencia. En definitiva, en consolidar unos servicios sociales para siglo XXI en el conjunto del Estado.
Así, se busca modernizar los servicios y reducir las cargas burocráticas que supongan un uso ineficiente de recursos públicos, y que son una continua queja de las personas usuarias, dificultan el acceso y pueden generar violencia administrativa, contraria a la dignidad de las personas. En este sentido, se establece un plazo para la creación de una regulación específica para las ayudas económicas de emergencia social en el marco de la Ley de Subvenciones, de modo que estas ayudas puedan dar respuesta ágil a las situaciones de mayor necesidad a las que se enfrentan personas y familias en riesgo de exclusión social.
Otro de los cambios que introduce es el reconocimiento de la esencialidad de los servicios sociales, así como la mejora del conocimiento y la gestión de la información para conocer con más detalle las distintas situaciones por las que atraviesa la ciudadanía y el impacto de las intervenciones para diseñar mejores políticas públicas.
Innovación social
Asimismo, la ley fomenta la innovación social para que las mejoras prácticas se vayan incorporando a la labor de los servicios sociales y la constitución de un sistema de gobernanza colegiada más robusto, en el que, entre las distintas administraciones competentes se dialogue y se tomen decisiones, en su caso, acerca de cuestiones clave como los estándares de atención, las ratios o los servicios y prestaciones.
