Según el MoMo elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales en el que se analiza la mortalidad de las personas del Sistema de Atención a la Dependencia y teniendo en cuenta los datos de los seis primeros meses de este año en el SAAD, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales destaca los siguientes resultados.

– En lo que va de año, 118.357 personas en situación de dependencia han fallecido en España (28.410 más que en el mismo periodo del año pasado). De ellas, 20.413 estaban pendientes de recibir las prestaciones o servicios que les correspondían por derecho y 11.622 pendientes de valorar.

– Casi la mitad (48 %) de los dependientes beneficiarios del SADD que fallecieron en este año vivían en residencias (46.542 residentes, 18.022 fallecidos más que el primer semestre del año pasado). De las 97.944 beneficiarias del SAAD que fallecieron en este año, 28.520 tenían la prestación de residencias (un 29 %) y unos 18.247 tenían una prestación vinculada al servicio residencial (19 %).

Si se analizan las cifras de este estudio ministerial en los tres meses del confinamiento, entre marzo y mayo de 2020, la Asociación extrae las siguientes conclusiones:

  • El 4,4 % de los solicitantes del SAAD fallecieron entre marzo y mayo (81.232 personas fallecidas), lo que representa un incremento del 61 % de la mortalidad esperada. Por rangos de edad, el 83 % de las personas fallecidas en exceso tenía 80 o más años. El mayor impacto se observa en las personas con grado III, en la que la tasa de fallecidos se duplica y sube hasta el 9 %.
  • El exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación en estos tres meses fue del 80 %, siendo el exceso de mortalidad de abril (137 %) muy superior al de marzo (68 %) y al de mayo (37 %). La tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas se situó en un 5,2% de las personas beneficiarias.
  • Por territorios, la mortalidad observada en personas dependientes tiene una enorme variabilidad. La tasa de fallecimientos observados en personas atendidas en el conjunto nacional se sitúa en 5,2 % para el periodo marzo-mayo, si bien en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha alcanzan el 8 % de fallecidos atendidos mientras que en Melilla y La Rioja se sitúan en torno al 2 % de fallecidos.
  • Las comunidades en las que se registró un mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias fueron en la Comunidad de Madrid (exceso del 196 % con 7.307 personas fallecidas superior a lo esperado), Castilla-La Mancha (exceso del 174 %, con 3.060 fallecidos superior a lo esperado) y Cataluña (exceso del 119 %, con 6.162 fallecidos superior a lo esperado). Por otro lado, las comunidades en las que se registró un exceso de mortalidad menor fueron Murcia (exceso del 16%, con 150 personas fallecidas superior a lo esperado), Andalucía (exceso del 21%, con 1.186 fallecidos) y Asturias (exceso del 26% con 207 fallecidos).
  • Se observa un impacto muy elevado en la mortalidad en personas con atención en residencia, con un exceso de fallecimientos de 17.922 personas más de lo esperado (exceso de mortalidad del 151 %, el 7,4 % del total de personas dependientes atendidas en residencia). De esta forma, de las 57.469 personas beneficiarias con prestación fallecidas durante los meses de marzo-mayo de 2020, 29.795 eran personas beneficiarias con prestación en residencia (el 52 % de las personas beneficiarias con prestación fallecidas).
  • La tasa de personas dependientes fallecidas en residencias fue del 12,3 %. Por comunidades autónomas, las mayores tasas se registraron en la Comunidad de Madrid (22 % personas dependientes con prestación en residencia fallecidas), Castilla-La Mancha (17 % de personas dependientes con prestación en residencia fallecidas) y Cataluña (16 % personas dependientes con prestación en residencia fallecidas). Las menores tasas de dependientes con prestación en residencia fallecidas se recogieron en La Rioja (4,3 % personas dependientes con prestación en residencia fallecidas), Canarias (5 % personas dependientes con prestación fallecidas) y Andalucía (7 % personas dependientes con prestación en residencia fallecidas).

“Es preciso adoptar medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país. El Gobierno de España debe incrementar de manera urgente y sin esperar a los PGE la financiación de la Ley de Dependencia. Además de modificar la Ley para permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar las intensidades”, subrayan desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Por su parte, entienden que los gobiernos autonómicos “deben acometer reformas necesarias que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para ejecutar y poner en marcha de las prestaciones”.

“De no hacerlo serán responsables del sufrimiento y desatención de las personas en situación de dependencia, especialmente de las 176 personas que fallecen cada día a la espera de algún procedimiento de la Ley”, concluyen.