El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado un gasto por importe de 98.687.787 euros para la prórroga del Acuerdo Marco de residencias, con el que se prestan diferentes servicios residenciales destinados a personas mayores, según ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, en rueda de prensa.

La portavoz del Gobierno ha detallado que estos casi 100 millones de euros están destinados a garantizar una asistencia de calidad a unas 90.000 personas mayores o con gran dependencia. “Se trata – ha afirmado la consejera – de un esfuerzo económico muy importante para atender a miles de personas que en los últimos años de su vida y por diferentes circunstancias no pueden permanecer en su domicilio, ya sea con carácter permanente o puntual, y por tanto no se justificaría escatimar presupuesto público para este tipo de cuestiones”.

Se concertarán más de 5.000 plazas en residencias

En concreto, se concertarán 5.261 plazas residenciales, 418 plazas de estancias diurnas y 83.589 estancias temporales para atender a personas mayores que, después de salir del hospital, no están en condiciones de ser autónomas en su domicilio.

Consolidación de más de 3.000 puestos de trabajo

La prórroga del Acuerdo Marco incluye la firma de 298 contratos con 265 entidades, lo que supone la consolidación de más de 3.000 puestos de trabajo, tanto en entornos urbanos como rurales aunque, tal como ha subrayado la consejera, “para nosotros es muy importante que el Acuerdo Marco también permite mantener un buen número de estos puestos de trabajo en el entorno rural ayudando a fijar población”.

En cuanto a su duración, esta prórroga va del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022. Sin embargo, tal y como ha recordado la consejera, después de la aprobación la semana pasada del Decreto del Concierto Social, que emana de la Ley del Tercer Sector Social, en los próximos meses se irán desarrollando las diferentes órdenes para la prestación de los servicios sociales y del sistema de la dependencia en la región con lo que se dará más estabilidad y seguridad a las entidades del tercer sector social.

La primera de ellas será, precisamente, la orden para la prestación de servicios residenciales, estancias diurnas y otros servicios para personas mayores, lo que significa que, una vez publicada, todos estos servicios se continuarán prestando al amparo de la nueva orden.