Acuerdo de acreditación y calidad

CEAPS califica de «discriminatorio e irracional” los criterios de reparto de los 200 millones para el despliegue del Acuerdo de acreditación y calidad

El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPS) muestra su desacuerdo total a la propuesta efectuada por el Ministerio de Derechos Sociales de destinar 200 millones de euros, del total de los 785 millones a repartir, a las autonomías que se comprometan a aplicar el acuerdo sobre criterios comunes de acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Según la presidenta de CEAPS, Cinta Pascual, “el sistema de reparto del Acuerdo de acreditación y calidad es discriminatorio y alejado de cualquier criterio racional y en beneficio de las personas mayores”.

En estos momentos, nueve comunidades autónomas (las presididas por el PSOE, más la Comunidad Valenciana) han dado su apoyo al nuevo modelo de acreditación, mientras que el resto han manifestado su oposición, aunque el Gobierno ha tendido la mano para que se sumen más. No obstante, si prospera la medida propuesta por el Ministerio, las autonomías que se sigan oponiendo al modelo de acreditación no recibirán ni un céntimo de los 200 millones de euros.

Desde CEAPS, con determinación por superar una división territorial que poco tiene que ver con la mejora del sector de atención a los mayores en situación de dependencia, “proponemos un sistema alternativo de reparto de estos fondos basado en la mejora de la calidad del servicio. Se trata de establecer un criterio objetivo y evaluable. Por todo ello, proponemos fijar un indicador mínimo de ratio global de personal, y que las comunidades que lo cumplan puedan recibir estos fondos”, destaca Pascual.

“Las familias quieren más profesionales en las residencias, los sindicatos también lo ven así, y desde la parte empresarial siempre hemos estado de acuerdo con esta medida si se aumenta la aportación pública. El Gobierno tiene una ocasión única para apoyar una iniciativa objetiva, evaluable y no discriminatoria”, añade Pascual.

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