El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps) estima que, al menos, se necesita un incremento de 600 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para dotar a las personas mayores y/o con dependencia de los servicios que merecen. Por ello los grupos parlamentarios PP, Ciudadanos y ERC están presentando en sede parlamentaria a petición de la entidad enmiendas parciales a los PGE que van englobadas dentro del apartado denominado «Autonomía personal y atención a la dependencia». Además, UPN y Coalición Canaria anunciaron que aprobarían la enmienda en el momento en el que entrase en debate parlamentario.
La realidad es que, si en un primer momento el Gobierno central habló con el sector de llegar a los 1.200 millones de presupuesto de 2021, en el Proyecto de Ley de PGE se recogen solo 573. De ellos, 290 millones están destinados al incremento del nivel mínimo de financiación y 283 millones para el nivel acordado con las comunidades autónomas. “Con la iniciativa que hemos tomado para que el Gobierno reconsidere su postura, nuestro principal objetivo es dignificar el sector, comenzando por los profesionales y eso sólo puede hacerse con una financiación finalista”, apunta con rotundidad la presidenta de Ceaps, Cinta Pascual.
La partida en su sección 29, incorpora otros 218 millones para las cuotas sociales del cuidado en el entorno familiar, que debe ser a cargo de la Seguridad Social ya que, según explica la propia presidenta de Ceaps, “en los países de modelos avanzados de dependencia del resto de Europa las cuidadoras no profesionales; en femenino, porque más del 90 % son mujeres, no reciben una cuantía para pagar los recibos de autónomos, sino que el Estado cotiza directamente por ellas, garantizando todas las prestaciones a las que tienen derecho como, por ejemplo, el acceso a la pensión, cuando llegue el momento”.
Según las reuniones mantenidas hasta el momento, ERC tenía preparada una enmienda concreta ya prevista para esta partida a la que se sumará EH Bildu mientras que UPN y Coalición Canaria (por orden de representatividad en el Congreso de los Diputados) de la misma forma, se han mostrado partidarios de apoyar, en el momento de la votación, la presentada por otros partidos políticos para garantizar la sostenibilidad del sector de atención a las personas.
Histórico
La Ley de Promoción de la Autonomía. Personal y Atención a las Personas en Situación de. Dependencia, como se denominó en 2006, ya viene lastrada por un déficit de financiación de 450 millones euros y que es ahora cuando, según el Gobierno central se pretende recuperar el nivel mínimo acordado con la aprobación de los nuevos presupuestos.
La norma fija que la Administración estatal y la regional deben financiar la parte correspondiente de la ayuda que le corresponda al usuario en un 50 % y hasta el momento, de media, el Gobierno central aporta el 18 % por usuario, a lo que va destinada la mayor partida presupuestada.
“Ahora, con lo que explica en el proyecto de los PGE, el Gobierno recupera este nivel mínimo acordado, pero con este presupuesto ni se pueden mejorar las condiciones de los trabajadores, ni se puede incrementar el volumen de las ayudas, ni se puede incorporar a las personas que están en listas de espera”, explica Cinta Pascual que durante sus reuniones por video conferencia ha agradecido el apoyo de todos los partidos que han escuchado al sector y han presentado enmiendas para lograr conseguir mejorar los servicios.
