Ante el anuncio del ministro de Sanidad, Salvador Illa, de la llegada de 10 millones de vacunas de SARS-CoV-2 a España, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps) exige al Gobierno central que las personas más vulnerables en esta pandemia sean las primeras en recibir la vacuna que previenen del contagio. “Tras los duros meses vividos la pasada primavera y las terribles consecuencias que el COVID está provocando, comenzando por la carga emocional, el trabajo intenso de los profesionales y las secuelas debidas al aislamiento de las personas usuarias, entre otros efectos, no puede haber excusas”, explica Cinta Pascual, presidenta del colectivo.

“Necesitamos más que palabras. Compromisos por escrito, claros y que vengan precedidos de criterios objetivos y compartidos para todas las regiones. En la atención a las personas mayores, tanto en residencias, como centros de día o servicios de ayuda a domicilio no existe distancia social, y se requieren garantías de las administraciones para desempeñar nuestro trabajo con todos los recursos que tienen a su disposición y que pasan por ser los primeros en ser vacunados “, continua Pascual.

La presidenta de Ceaps recuerda que, actualmente, medidas básicas como que las comunidades autónomas faciliten los PCR y test antígenos a las residencias no se están produciendo y explica que “otra de las consecuencias básicas de la pandemia es el aislamiento social que padecen las personas que viven en las residencias. Es necesario evitar que sufran más el deterioro físico y cognitivo de no poder tener contacto con el resto de la sociedad y para ello necesitamos recursos”.

Situación actual

Actualmente, la población de 80 y más años supone el 79 % de toda la que vive en residencias, cuya edad media en conjunto ha pasado de 85 a 86 años. Además, un 65 % sufre demencia y un 17 % padece insuficiencia respiratoria. Datos que dejan claro que necesitan un nivel de protección específico ante la COVID.

Hasta el momento, y desde que comenzó la pandemia, las residencias de personas mayores, los centros de día, los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia se han dotado de planes de contingencia personalizados a cada circunstancia, cuentan con EPI y recursos auto gestionados y mantienen las máximas garantías de seguridad sanitaria para atender a cerca de 3 millones de personas en España, lo que conlleva la creación de alrededor de 1.5 millones de empleos directos, no deslocalizables, cualificados y altamente feminizados.

“La sociedad no puede seguir viéndonos como cifras, datos y estadísticas en un mapa. Somos personas con nombres y apellidos. Nuestros usuarios, profesionales y las familias de todos ellos necesitan apoyo, recursos y reconocimiento”, finaliza Cinta Pascual.