Ceaps exige garantías al Gobierno “para que el nuevo modelo no cueste ni un euro más a las personas usuarias”

Ceaps exige garantías al Gobierno “para que el nuevo modelo no cueste ni un euro más a las personas usuarias”

Tras la aprobación del nuevo acuerdo de Criterios Comunes de Acreditación y Calidad de Servicios del SAAD, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps) manifiesta que ahora es el momento de que el Estado y las comunidades autónomas pongan la financiación suficiente para llevarlo a cabo “para que no cueste ni un euro más a las personas usuarias y que nadie se quede fuera”.

Ceaps considera que debe comenzar por mejorar las aportaciones que ambas administraciones hacen a las 180.000 personas que perciben PEVS (Prestación Económica Vinculada al Servicio) y que verán incrementadas sus tarifas. Si actualmente las PEVS no son suficientes para hacer frente a los costes de los servicios no podrán asimilar el precio del nuevo modelo.

Por otro lado, el acuerdo de acreditación contempla un incremento porcentual de ratios. “Algo que todos deseamos para mejorar la atención”, explica Cinta Pascual, presidenta de Ceaps. “Preocupa, por ejemplo, que muchas comunidades tendrán que subir el precio de concierto de las plazas de cantidades tan bajas como 54 euros (o incluso menos) a 75 mínimo (plaza/día), y esperamos que tengan los fondos suficientes para hacerlo”, añade. En centros de día el incremento iría de 27 euros a 50 (persona/día).

Pascual apunta como solución la puesta en marcha de un procedimiento exprés de actualización de tarifas para que “todas las personas mayores, con independencia de quién preste el servicio, ya sea de manera pública, privada, mediante concierto o prestación de la Ley de Dependencia (PEVs) puedan tener acceso a los servicios que necesitan”; si no, puntualiza la presidenta de Ceaps, “volveremos a tener una norma sobre el papel que no puede llevarse a la práctica”.

Oportunidad perdida

“Este documento no es el que habríamos aprobado en Ceaps”, en primer lugar porque reduce la capacidad de plazas que necesitará el país con la llegada del baby boom, y segundo lugar porque se está confundiendo calidad con unidades convivenciales. “Se ha perdido una oportunidad para hacer un modelo que realmente motive al sector a evolucionar, ya que faltan criterios técnicos y genera incertidumbre porque no se sabe cómo realmente se va a financiar”, explica Cinta Pascual.

Por otro lado, invita a todas las organizaciones, tanto de mayores como de familiares, a trabajar unidas para lograr que se ponga en práctica este nuevo modelo con la máxima transparencia y que se consigan los recursos suficientes para que todas las medidas anunciadas se puedan lleven a la práctica y lograr que el consenso no alcanzado se revierta.

Hay que recordar que aunque se ha aprobado en el Consejo Territorial, las 10 regiones que lo han apoyado, frente a las 9 que se han posicionado en contra, representan solo al 30 % de la población, con lo que el 70 % tendrán que asimilar un proyecto que no comparten.

“El Gobierno lo ha vuelto a hacer, como hizo con la Ley de Dependencia. Ha planteado un conjunto de medidas, pero no las ha dotado de financiación suficiente”, subraya Pascual.

“Ahora cuentan con 9 meses para trasladar estos criterios a sus propias normativas. Esperamos que lo hagan con inteligencia y flexibilidad para no ahuyentar la inversión en el sector, tan necesaria en estos momentos”, finaliza la presidenta de Ceaps.

 

 

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