El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps) pide que una parte sustancial del incremento logrado en la partida destinada a la Ley de Dependencia en los Presupuestos Generales del Estado, de aprobarse definitivamente, se destine de forma finalista a la mejora salarial y laboral de los profesionales del sector y para las personas mayores, mediante la mejora de las tarifas de concierto.

“El incremento en la financiación debe priorizar las condiciones laborales y salariales de los profesionales de la Atención a la Dependencia. Es una reivindicación que llevamos haciendo históricamente y después de lo que ha ocurrido en la pandemia, no es necesario recordar que es una cuestión de justicia social para las personas mayores”, explica la presidenta de Ceaps, Cinta Pascual.

Hay que recordar que la pasada semana todos los grupos del arco parlamentario de la oposición aprobaban la enmienda impulsada por el Ceaps y presentada por ERC, mediante la que se incorporan 566,4 millones de euros a la aplicación de la Ley de Dependencia. Concretamente, los fondos serán distribuidos a cada comunidad autónoma «de acuerdo con la distribución territorial de la población potencialmente dependiente”, si se aprueban en el Senado.

“Ahora es responsabilidad de cada región cumplir la Ley y los objetivos, y mejorar la atención a las personas más vulnerables: las personas mayores y/o con dependencia dignificando los cuidados profesionales”, expone Pascual, que también añade: “Es fundamental que en la distribución de fondos se destine íntegramente y de forma finalista a las residencias”.

Métodos

El  problema  de  base  que  existe  está  en  la  aplicación  de  la  propia  Ley  de Dependencia, una norma que garantiza por derecho atención y servicios, “pero que permite que 250.000 españoles queden en el limbo cada año, y en el que mueren 80 personas al día sin esa atención”.

Por ello, Ceaps pretende la dignificación de las condiciones salariales de los profesionales ya que “unos servicios de calidad pasan por tener profesionales formados, preparados y con sueldos dignos y suficientes”.

Las PEVS, según explica el Ceaps, son la alternativa que realmente garantiza que la persona reciba la atención que quiere, ya que “esta ayuda ofrece a la persona el dinero para que él elija lo que desea. Por ejemplo. Una persona que vive sola, con la dependencia reconocida, recibe una PEVS y elige ir a una residencia. En ella no se encuentra cómodo, y puede cambiar, porque ella es quién escoge. Esa es la auténtica esencia de la Ley. El derecho de la persona a ser atendido cómo y dónde quiere. Con libertad”, finaliza Pascual.

Listas de espera

Además, el Ceaps ha presentado al Gobierno soluciones a realidades generadas por la aplicación de la Ley. Entre ellas, la reducción de las listas de espera para lo que piden incrementar el número de técnicos en Servicios Sociales, unificar en un mismo acto todos los trámites, permitir que los informes de entorno puedan ser realizados por las trabajadoras sociales de las entidades, aunque sean privadas y que se implemente la teleasistencia como derecho subjetivo y universal de manera inmediata, entre otras medidas.

Además, de forma prioritaria, se pretende que se reduzca la lista de espera en el número de personas que presentan extrema vulnerabilidad. Beneficiarios que mueren cada año sin recibir una prestación a la que tienen derecho. Para ello, Ceaps pide:

  • Establecer un  procedimiento  exprés  para  la  mejora  de  atención  a  mayores  de  alta vulnerabilidad.
  • Identificar a las personas que presentan una alta vulnerabilidad (personas con enfermedades crónicas avanzadas o con esperanza de vida no superior a un año) y facilitar cruce de datos para que sea posible ofrecerles un recurso de manera
  • Establecer que la resolución se produzca dentro de los 30/60 días de la solicitud.
  • Ofrecer una prestación económica vinculada al servicio de hasta 300 euros.