El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps) reclama que el sistema de salud pública garantice en todas las regiones la realización de PCR, coordinación real y efectiva entre los servicios sociales y sanidad y medios humanos y materiales para responder a los brotes de COVID que puedan producirse en los centros. Por ello, Ceaps pide que se considere “cuestión de Estado” la seguridad de las personas que trabajan y viven en las residencias por SARS-Cov-2. Y, sobre todo, se tenga en cuenta esta consideración para evitar las diferencias que se están produciendo entre los territorios y evitar la aparición de nuevos brotes.

Desde la patronal de residencias hacen esta solicitud al Gobierno, ya que en el sector que se ha demostrado más débil y que atiende a las personas más vulnerables ante el Covid-19 se vuelven a producir diferencias entre ciudadanos y profesionales con dependencia de donde residan. Si bien las residencias sí están dentro del Sistema de Salud en comunidades como Cataluña, Extremadura o Navarra en la realización de PCR, o Andalucía que está en fase de aprobación; en otras como Asturias o Madrid los trabajadores no tienen derecho a test.

En otras regiones como en Castilla-La Mancha y Aragón aún están en estudio. También existen otros casos, como es el de Castilla y León y el de Valencia, que dependiendo de la zona de salud donde se encuentre el centro se aplican unos criterios u otros.

Destaca el hecho de que según el Plan de Respuesta Temprana en un escenario de control de la pandemia por Covid-19, documento al que se remite el acuerdo alcanzado por el Gobierno y comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del 14 de agosto, en caso de rebrotes o segunda oleada corresponde a las autoridades de salud pública asegurar la capacidad de laboratorio ante el posible aumento de la demanda diagnóstica. “En Ceaps creemos que hay que actuar de manera previa para evitar justamente la saturación. Si se toman medidas de manera inmediata se evitará que se reproduzcan los meses más duros de la pandemia”, explica la presidenta de Ceaps, Cinta Pascual.

“Es necesario ofrecer a los profesionales garantías y criterios únicos, no podemos trabajar con miedo, y menos tras la experiencia sufrida”, explica Cinta Pascual, que recuerda que “estamos mejor preparados, pero no podemos bajar la guardia ante una realidad que ya hemos vivido, sobre todo, si llega a producirse de nuevo el colapso en el sistema sanitario. Hay que actuar ahora”, agrega la presidenta del Ceaps que también explica que “cuando se habla de realizar pruebas a los profesionales no sólo se trata de un asunto de seguridad laboral, sino también para proteger a todas las personas que viven en los centros ya que evitar que el virus entre es la garantía de salud”.

Una medida que piden se haga extensible a todas las personas mayores que acuden o reciben servicios sociales profesionales en centros de día, son usuarios del servicio de ayuda a domicilio y/o de teleasistencia.

“Tenemos miedo y nos siguen dejando sin los instrumentos adecuados para proteger la salud de los profesionales ni de las personas mayores que dependen de nosotros”, añade Pascual, que recuerda que el 28 de julio Ceaps ya presentó al secretario de Estado de Servicios Sociales y a la prensa el informe “¿Estamos preparados para la Covid?”, que mostraba el nivel de desigualdades en España y que si bien el mismo ha servido para que muchas regiones “tomen nota y hagan los deberes, aunque queda mucho por hacer”. Diferencias territoriales, por otra parte, que “no es nuevo en un Sistema de Dependencia que no cuenta con una financiación finalista y clara y que otorga diferentes derechos dependiendo de donde se resida”, puntualiza la presidenta.

En el mismo se muestra otra realidad que se esconde tras el hecho de que no se prioriza la atención a las personas: se desconoce si han llegado o llegarán los fondos no reembolsables anunciados por el Gobierno a las comunidades para que estas puedan llevar a la práctica los planes de contingencia y protocolos adoptados para estar mejor preparados ante el Covid. Según Pascual, “si el Covid es una enfermedad que amenaza la salud pública de todos y como tal es tratada por Sanidad, la financiación para tratar a las personas, ya vivan en su casa o en una residencia, debería estar prevista en dichos fondos, incluso con carácter finalista”.

Por otro lado, del estudio sorprende el hecho de que las residencias sí tengan un Plan de Contingencia establecido individual y adaptado a las características de cada centro, y que las comunidades autónomas no hayan establecido criterios o pautas comunes (o no se hayan comunicado al sector). “Afecta tanto a centros públicos como privados o concertados”, puntualiza Pascual recordando, además, que el 70 % de las plazas son públicas en España y financiadas a través de la Ley de Dependencia.