La Secretaría de Estado de Derechos Sociales presentará mañana, viernes 2 de octubre, en Consejo Territorial, el «Plan de Choque para el impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia» a las  comunidades autónomas para su debate.

Según este documento, que envío el Ejecutivo a las comunidades autónomas la semana pasada, el Gobierno ha aprobado un refuerzo del sistema de dependencia con un incremento de 600 millones en la aportación que la Administración central realizará en los próximos años. Estas ayudas económicas están dirigidas mejorar las prestaciones y servicios de los que se benefician las personas dependientes.

La propuesta, que tiene que todavía pasar el visto bueno preceptivo de las comunidades autónomas, es recuperar de forma inmediata la cifra de 60 euros al mes por dependiente de Grado I, e incrementar las cuantías de dependencia severa hasta los 94 euros al mes y las de gran dependencia hasta los 235 euros al mes. Respecto a las cuantías actuales, esto supone incrementos que van desde el 11 % a cerca del 27 %.

Este incremento de 600 millones de euros para el Sistema de Dependencia estará reflejado en los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Además, en los dos años siguientes, 2022 y 2023, se mantendrá ese nivel y se actualizarán las cuantías para asegurar la financiación necesaria.

Objetivos principales del plan de choque

El “Plan de Choque para el impulso del Sistema de Dependencia” persigue seis objetivos principales:

  1. Mejorar y simplificar la gestión del SAAD agilizando los procedimientos y trámites administrativos.
  2. Reducir significativamente la lista de espera.
  3. Avanzar hacia un sistema de cuidados que facilite la atención domiciliaria de personas valoradas con dependencia moderada y grave, permitiendo la permanencia en casa como elección de cuidados. Para ello es necesario incrementar las intensidades en el SAD y avanzar en los servicios de carácter preventivo y de apoyo en el domicilio.
  4. Ampliar las prestaciones y servicios, revirtiendo la pérdida de derechos producida en 2012 y 2013: flexibilizar y adaptar los servicios y prestaciones a las necesidades de cada persona (permitiendo compatibilidades entre ellas), recuperar las cuantías máximas de las prestaciones económicas y estudiar el establecimiento de cuantías mínimas.
  5. Priorizar la prestación directa de servicios frente a las prestaciones económicas, garantizando la autonomía funcional de estas personas sin que el peso recaiga en los cuidados informales de otros miembros de la familia, casi siempre mujeres.
  6. Asegurar una financiación adecuada de estas medidas mediante el incremento de la contribución de la Administración General del Estado.

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