En el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrado ayer, no ha habido votación para aprobar el modelo del “Acuerdo de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)”, un documento que durante meses se ha estado negociando en el marco del Diálogo Social.
En la reunión, el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades autónomas han acordado posponer la votación a la espera de cerrar los últimos detalles.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 asegura que confía en «poder tener un acuerdo a lo largo del próximo mes en el que la ratio en los centros residenciales disminuya hasta un trabajador/a por cada dos residentes, se amplíe el número de habitaciones individuales en las residencias públicas y se establezcan núcleos de convivencia de 15 personas como máximo».
Una propuesta «inaceptable»
Las patronales del sector de atención a la dependencia Aeste, Asade, Ceaps y FED emitieron, previo a la celebración del Consejo Territorial, un comunicado conjunto en el que calificaban de “inaceptable” la propuesta del Gobierno.
Desde el primer día, las patronales solicitaron la realización de una memoria económica que justificara y diese sentido un cambio radical en el sistema de cuidados, tal y como se pretendía. La nueva normativa obligaba a cambiar el modelo actual a todos los centros y servicios existentes, y a reducir de manera significativa plazas en las más de 5.200 residencias que actualmente hay en toda España.
Por tanto, Ceaps celebra que el Gobierno haya decidido posponer la votación del nuevo acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios, con el fin de seguir debatiendo.
Comunidades autónomas
La mayoría de las comunidades autónomas han avalado la necesidad de un diálogo civil para alcanzar un acuerdo que eleve la calidad asistencial, apueste por la dignidad de las personas y construya un modelo homogéneo, justo y equitativo para la atención residencial de las personas en situación de dependencia.
Por ejemplo, la conselleira de Política Social y Juventud, Fabiola García, aseguró que las ideas sobre residencias presentadas por el Gobierno central “son irrealizables al carecer de presupuesto y encarecer y dificultar el acceso a los cuidados para las personas mayores”.
La conselleira subrayó que la propuesta estatal supondría una importante pérdida de plazas y de puestos de trabajo en el ámbito de los cuidados, “cuando en estos momentos se necesita todo lo contrario: más servicios y más plazas. Además, es un modelo discriminatorio con los centros situados en el entorno rural con respecto a los urbanos, situación en la que se encuentran un gran número de instalaciones en Galicia”.
Además, García lamentó que el modelo del Ejecutivo central carece de consenso con el sector y con las administraciones competentes, para quien tiene un importante impacto económico. En este sentido, recordó que el Gobierno central no garantiza la financiación necesaria para llevar a cabo estas propuestas.
En la misma línea, la Junta de Extremadura pide máximo consenso para sacar adelante el documento. No obstante, valora positivamente “el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España por recuperar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del impacto negativo que ha supuesto el Decreto 20/2012, financiando e incorporando servicios a las personas que lo necesitan y en la reducción de las listas de espera, entre otras medidas”.
