El Consejo Económico y Social de España (CES) pide una mayor coordinación entre el sistema sanitario y el de atención a la dependencia para mejorar la lucha contra la pandemia. Así lo recoge el “Informe sobre el Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”, que presentó ayer en un acto que fue clausurado por el vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

El informe pretende ayudar a reforzar el Sistema de Dependencia frente a las debilidades que el coronavirus ha puesto de manifiesto y constata notables carencias en materia de información y evaluación. Así, recomienda aumentar la visibilidad del sector de atención a la dependencia en las fuentes estadísticas; mejorar sustancialmente el propio sistema de información del SAAD y articular mecanismos permanentes, transparentes e independientes de evaluación de la calidad, la eficiencia y la equidad del Sistema.

Diálogo social

Uno de los objetivos de este órgano consultivo del Gobierno es facilitar el diálogo social, lo que en esta ocasión ha dado sus frutos a la vista del acuerdo alcanzado entre los interlocutores sociales y la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 en la mesa en materia de Dependencia.

En este marco de diálogo entre el Gobierno y los interlocutores sociales, el CES urge a reforzar la coordinación sociosanitaria y la construcción de espacios comunes de actuación entre ambos sistemas, teniendo en cuenta que muchos profesionales de los servicios sociales se dirigen hacia el sector sanitario en busca de mejores condiciones laborales.

En este contexto, el CES aboga por la mejora de las cualificaciones y el aumento del atractivo de estas profesiones para evitar las dificultades de reclutamiento de personal en el sector, que se han visto severamente agravadas durante la pandemia, y la merma en la calidad de los servicios.

Financiación del Sistema de Atención a la Dependencia

El Consejo Económico y Social de España propone usar los fondos europeos para reforzar la atención sociosanitaria mediante, entre otras medidas, un impulso a la teleasistencia avanzada, que tiene un amplio potencial de crecimiento en el Sistema de Atención a la Dependencia, como se ha demostrado durante la pandemia.

Este órgano consultivo del Gobierno pidió a las Administraciones Públicas redoblar sus esfuerzos para aumentar sustancialmente la financiación SAAD frente a las debilidades ya preexistentes a la pandemia, antes de que el acuerdo alcanzado por el Gobierno y los Interlocutores Sociales incluyera un incremento de la financiación por parte de la Administración General del Estado superior a los 600 millones de euros para 2021.

No obstante, ante una eventual reforma del Sistema de Financiación de las comunidades autónomas de régimen común, el Informe defiende un aumento de los fondos adicionales que el Estado incorpora para estos fines, como financiación incondicionada, al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.

También sugiere que las comunidades autónomas ejerzan su autonomía tributaria para aumentar sus ingresos y no deteriorar su situación financiera.

Insuficiente gasto público

El CES revela serias dificultades para conocer el gasto real en atención a la dependencia. Y, para subsanar esta carencia, propone un sistema común de información contable del SAAD, basado en un sistema de cuentas específico y criterios homogéneos de imputación y clasificación de los gastos y los ingresos. En cualquier caso, destaca que el gasto público en Dependencia resulta muy modesto si se compara con las necesidades de cuidados de la población.

En este sentido, el CES propone optimizar los criterios de distribución territorial de los fondos estatales, finalistas y no finalistas, de manera que el sistema de reparto genere incentivos para la mejora del sistema por parte de las comunidades, que deberían hacer un mayor esfuerzo presupuestario para priorizar la financiación del SAAD.

El Informe también recoge que la calidad de las prestaciones del sistema es inseparable de la calidad del empleo. Sin embargo, esta deja mucho que desear, tal y como refleja el acuerdo del Gobierno con los interlocutores sociales, que insta a asegurar que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el SAAD sean adecuadas.

Valgan como ejemplos la alta temporalidad y rotación, la escasa duración de los contratos, el elevado nivel de tiempo parcial involuntario y el nada desdeñable porcentaje de personas ocupadas en el sector que están buscando otro trabajo por razones salariales.

Revisión del sistema de cuidados

De cara al futuro, el CES piensa que, una vez superada la emergencia, urgirá revisar en profundidad el sistema de cuidados a las personas dependientes para resolver problemas entre los que destacan las “listas de espera”, cuya reducción constituye una prioridad en el acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales.

En este contexto, lamenta que casi un 20 % de la población en situación de dependencia reconocida no reciba atención. Y que unas 400.000 personas se encontraran en 2019 a la espera de ser valoradas o, estándolo ya, de recibir su correspondiente atención.

Finalmente, el Informe advierte del riesgo de “sustitución” de las prestaciones residenciales (servicios profesionalizados, con alto coste unitario) por cuidados familiares (prestaciones económicas, con coste muy inferior para las administraciones), en un marco en el que la corriente de preferencia por la “atención en el hogar” frente a la “institucionalización” parece estar cobrando fuerza.

Sea como fuese, el CES hace hincapié en la necesidad de mejorar el alcance y la intensidad de la atención a domicilio, su profesionalización y la mejora de las condiciones laborales en este subsector. Además, urge a aprobar la normativa específica que desarrolle la figura del asistente personal, establezca el carácter ordinario de su relación laboral y regule la formación requerida para mejorar la calidad del servicio.

Evaluar la contratación pública

De igual modo, el Informe sugiere evaluar los aspectos del funcionamiento de la contratación pública que puedan revertir en una mejora de la calidad de las prestaciones y en una mayor equidad interterritorial. Sobre todo debido a que la atención a la dependencia es una de las vertientes de la protección social donde la colaboración público-privada está más extendida y a que buena parte de la actividad de las empresas del sector se desarrolla sobre la base del sistema de concierto de servicios.

Finalmente, el CES sostiene que las dramáticas consecuencias de la COVID-19 entre las personas dependientes deben suponer un punto de inflexión para abordar, sobre la base del consenso con los interlocutores sociales y los actores implicados, los cambios y reformas necesarias en el sistema para, en definitiva, hacer realidad el derecho a la atención a la dependencia alrededor del paradigma de calidad, situando a la persona en el centro de la toma de decisiones.

INFORME CES