El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, presidido por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha aprobado 73 medidas para reducir en 60.000 personas este año las listas de espera en dependencia. También ha aprobado la distribución territorial de los créditos para la financiación de proyectos de inversión del componente 22 “Economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de  igualdad  e  inclusión social”  del  Plan  de  Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Respecto a la reducción de las listas de espera para acceder al Sistema de Dependencia, Ione Belarra ha informado de que “hoy hemos puesto el broche final a 73 medidas que hemos trabajado con las comunidades autónomas a lo largo de estos meses para reducir las listas de espera en dependencia. Estas medidas fijan los pasos que vamos a dar para que la reducción en 60.000 personas en estas listas de espera se haga realidad este año”.

En este sentido, ha destacado que “el Gobierno de España y las comunidades autónomas tienen un objetivo común, que no haya más personas que tienen reconocido el derecho de la atención a la dependencia y que están esperando las ayudas y prestaciones sin que se hagan efectivas”.

Líneas estratégicas para reducir las listas de espera

Balance Sociosanitario ha tenido acceso a los grandes ejes que permitirán reducir las listas de espera. A partir de esas líneas estratégicas, y en el marco de convenios bilaterales entre el Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades, se definirán las medidas concretas a aplicar en función de las necesidades y casuística de cada región.

Para ello, cada comunidad autónoma ha detallado las medidas que implantará. El detalle concreto de esas medidas por comunidad autónoma se cerrará la próxima semana, que pivotarán entorno a los siguientes bloques:

  1. Medidas generales de simplificación procedimental. Su objeto es simplificar procedimientos de valoración de grado y reconocimiento de prestaciones y servicios, siempre dentro del marco común y con la finalidad de buscar mayor agilidad. Pueden requerir desarrollos normativos.
  2. Medidas de integración de procedimientos administrativos y técnicos. Van en la línea de integrar los procesos de valoración y PIA como ya ha hecho algunas comunidades autónomas, de forma que se reduzcan los pasos de procedimiento administrativo. También pueden requerir desarrollos normativos.
  3. Medidas dirigidas a sistemas y desarrollos de soportes informáticos: creación de nuevas funcionalidades informáticas, implementación de fórmulas de interoperabilidad de datos, aplicaciones de gestión integral de expedientes, etc.
  4. Medidas dirigidas al reforzamiento de recursos humanos en los procesos de gestión: incremento del personal administrativo de las unidades de gestión que articulan los procedimientos y que dan soporte.
  5. Medidas organizativas dirigidas al reforzamiento de recursos humanos en los procesos de valoración: incremento y/o reorganización del personal técnico de valoración de grado, elaboración del PIA, revisión de expedientes y seguimiento de atenciones.
  6. Incremento de inversión en recursos técnicos y materiales. Inversión en medios al servicio del personal técnico y administrativo. Pueden ser muy variadas, desde equipos informáticos a medios para facilitar las vistas domiciliarias.
  7. Medidas dirigidas a la ampliación de la disponibilidad real de servicios y prestaciones. Incremento de plazas en servicios deficitarios y/o necesarios, ampliación de intensidades, etc., que mejoren la capacidad real de la atención y permitan la agilización del PIA efectivo.
  8. Medidas dirigidas a la calidad de datos SISAAD (supresión de duplicados, disminución de incidencias, etc.). Medida desarrollada desde el Imserso, mediante un servicio permanente para la revisión y depuración de expedientes en el SISAAD dirigido a todas las comunidades autónomas, que será llevada a cabo equipos mixtos Imserso-comunidades.

Fondos Europeos

Los 730,8 millones de euros de Fondos Europeos para transformar el sistema de cuidados tienen carácter finalista y las comunidades autónomas deben destinarlos, necesariamente, a financiar los proyectos que se han comprometido a poner en marcha en  tres  líneas: 

  • Cuidados de larga duración.
  • Servicios sociales.
  • Accesibilidad universal.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha destacado la “enorme importancia” de este Consejo: “Este Ministerio ha tomado buena nota de lo que necesita la gente de nuestro país, que es que los fondos europeos lleguen cuanto antes a la gente, que se empiecen a llevar ya a las economías familiares, que se traduzcan en empleos de calidad, especialmente en un sector -el de la dependencia- que está enormemente feminizado y que hemos visto en este año que, una vez más,  vuelven a ser las mujeres quienes tienen que cargar con un extra de cuidados que no se corresponde con la apuesta de igualdad entre hombres y mujeres”.

Este compromiso se recogerá en un convenio bilateral que se firmará entre el Ministerio y cada comunidad autónoma. Además, se establecerá un mecanismo de coordinación permanente entre todas las Administraciones para asegurar que realmente se alcanzan los objetivos de transformación social que persigue este componente.

Convenios bilaterales

Tras el acuerdo alcanzado en el Consejo Territorial, se firmarán los convenios bilaterales entre el Ministerio y las comunidades autónomas, donde se recogerán tanto los proyectos concretos que se van a implementar (y su coste) como los hitos y objetivos que las comunidades se comprometen a alcanzar con ellos. Su cumplimiento será objeto de evaluación cada semestre.

A la firma de los convenios, las comunidades recibirán el importe completo de los fondos del año, incluso aunque la Unión Europea aún no haya hecho el primer ingreso, gracias a la decisión del Gobierno de incluirlo en los Presupuestos Generales del Estado. Esto facilitará que se empiece a invertir ya.

Este mismo proceso de distribución de fondos ha de producirse cada año, pero será mucho más  rápido, ya que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda  2030  ha  concretado  con   las  comunidades autónomas  los  fondos  que  les corresponderán hasta 2023  y su distribución (se aplicarán los mismos criterios que en 2021) y los proyectos que se ejecutarán en todo el periodo (muchos son plurianuales, lo que aumentará su impacto).

Destino de los fondos

La inversión total de estos fondos hasta 2023 será de 2.600 millones. Las comunidades autónomas destinarán el 70 % a mejorar los sistemas de apoyos y cuidados de larga duración (mejorar las infraestructuras residenciales y adaptarlas al modelo de Atención Centrada en la Persona que se quiere impulsar; centros de día y otros recursos de atención en la proximidad alternativos a las residencias; teleasistencia);  un 26 % se dedicará a la modernización de los servicios sociales (innovación tecnológica y digitalización; formación de profesionales; proyectos piloto de innovación; infraestructuras de atención a la infancia y cambio de su modelo); y un 4 % a la accesibilidad en todos los ámbitos (espacios y servicios de la administración, transportes, educación, etc.).